Un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley (que había sido consensuado en su momento con el macrismo) para regular el gasto, la contratación, la distribución y el contenido de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esa iniciativa, que tiene como autores al vicepresidente del bloque Coalición Cívica Facundo Di Filippo y a los legisladores del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, reproduce textualmente un dictamen de la Comisión de Comunicación Social que hace dos años había unificado seis proyectos de ley similares sobre publicidad oficial y firmado por legisladores del macrismo, en ese entonces en la oposición.
El proyecto de ley, de 23 artículos, fue respaldo con la firma del presidente del bloque Frente para la Victoria Diego Kravetz y su par de bancada Christian Asinelli y por los diputados de la Coalición Cívica Guillermo Smith (vicepresidente tercero de la Legislatura) y Sergio Abrevaya.
En el artículo 11º, la iniciativa prohíbe «incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable de ningún funcionario del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aun de aquellos que se encuentren con su mandato cumplido» como también «frases, símbolos, colores u otros elementos que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos». En otro inciso de ese artículo prohíbe, además, que la publicidad oficial tenga como finalidad «influir en la decisión electoral de la población, fomentar la impresión positiva del partido o sector gobernante o la impresión negativa de una persona, sector o partido crítico del Gobierno de la Ciudad».
La historia de este proyecto de ley se remonta a 2007, cuando durante varios meses de reuniones y debates se unificaron en la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura seis iniciativas similares.
Al respecto, Di Filippo, Cabandié y Gramajo señalan en los fundamentos que «no ha sido poca, por cierto, la tentación de quienes firmamos este proyecto de presentar sus propias iniciativas, pero, por cierto, una actitud de esa índole echaría por la borda todo aquella intensa labor que permitió lograr consenso entre distintos bloques. Por lo apuntado, y teniendo en cuenta que UD., Sra. Presidenta (por Gabriela Michetti), y otros integrantes del bloque hoy oficialista se pronunciaron por regular el gasto, contratación, distribución y contenido de la pauta publicitaria oficial y también avalaron ese dictamen unificado, es que en aras de agilitar los trámites parlamentarios nos limitamos a reflotar lo acordado en la Comisión de Comunicación Social».
El nuevo proyecto establece en su artículo 3º que la publicidad oficial «debe ofrecer información de interés general y utilidad pública para quienes habitan la Ciudad y no perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad» y que la asignación de la pauta publicitaria «no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas o partidarias».
También en ese artículo 3º dispone que la pauta publicitaria del Gobierno porteño «debe distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos» y que «debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la contratación con el interés público comprometido», como también «alcanzar los objetivos propuestos al menor costo posible»
El artículo 10º establece que la publicidad oficial debe respetar los siguientes principios «a) Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para sus habitantes; b) Informar al público sobre sus derechos y deberes legales; c) Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad; d) Promover y fomentar en otras provincias o en el exterior las inversiones, actividad económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires; y e) Informar al respecto de conductas a adoptar por quienes habitan la Ciudad ante situaciones de emergencia».
El proyecto de ley también obliga al Gobierno a presentar ante la Legislatura porteña un plan anual sobre su pauta publicitaria y a utilizar en su publicidad «un lenguaje de fácil comprensión para la población objetivo» y a «incluir una frase claramente perceptible que indique que ese espacio publicitario está siendo pagado con fondos del Gobierno de la Ciudad».
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