La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la prórroga por un año, a partir del 23 de octubre último, de la prisión del Comandante de Gendarmería Juan Miguel Méndez, de 72 años.
Méndez había sido requerido por la justicia argentina por su «presunta participación en hechos de torturas, desapariciones de personas y asesinatos cometidos en, al menos, dos centros clandestinos de detención», entre 1976 y 1979.
En una resolución de sólo una carilla y media -a la que Télam tuvo acceso-, los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos afirmaron que «corresponde homologar la prórroga de la prisión preventiva, en tanto los fundamentos y circunstancias que dan sustento a la resolución bajo control se adecuan a los motivos contenidos (en la ley) que normativamente justifican la prórroga de tal medida y a la doctrina judicial».
Cuando se reabrió la «megacausa» por delitos de lesa humanidad bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, en 2003, Méndez huyó rumbo a los Estados Unidos y dos años después, el juez federal Daniel Rafecas pidió su captura.
Fue localizado en Florida y en 2009 fue detenido y extraditado a Ezeiza, luego fue procesado por el magistrado que le imputó «privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediando violencia o amenazas» en casi dos centenares de hechos.
Según constancias de la investigación tras el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, Méndez fue destinado al escuadrón móvil de Gendarmería en Campo de Mayo, donde secundó al comandante Guillermo Cardozo, actuando con el nombre de cobertura de «Nélson» y era uno de los encargados de la “seguridad” en ese circuito clandestino donde participaba de los operativos.
En marzo de 2012, la Cámara Federal, con la firma de los magistrados Eduardo Farah y Jorge Ballestero confirmó los procesamientos y preventivas de Méndez y sus camaradas de armas Héctor Horacio Marc, Eduardo Ángel Cruz, y Raimundo Oscar Izzi, cuyos bienes fueron embargados en sumas que van de los dos a los seis millones de pesos.
Los jueces efectuaron un detalle completo de todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención y torturas donde operaba «el sistema represivo orquestado por la última dictadura militar» que «procuró, desde su génesis, lograr la impunidad de sus integrantes –fundamentó, entre otros, los tabicamientos de los detenidos y de la utilización de apodos por parte de los represores-«.
Los hechos analizados «habrían tenido lugar dentro del contexto del plan sistemático de represión ilegal, marco en el cual los nombrados habrían ocupado –según el caso— distintas posiciones en el centro clandestino de detención que funcionó primero como `El Atlético`, luego, como `El Banco` y, finalmente, bajo el nombre `El Olimpo`, dependiente de la Zona I (Primer Cuerpo del Ejército)», reseñaron los camaristas.
TELAM