Más de 50 mil personas marcharon a 37 años de que policías y militares irrumpieran en Calilegua, General San Martín y El Talar para secuestrar a más de 400 personas, de las cuales 33 aún permanecen desaparecidas.
En la movilización, repudiaron la actitud del ingenio azucarero Ledesma que, al igual que el año pasado, pretendió generar un clima de tensión para opacar el pedido de condena para el dueño de la empresa Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general, Alberto Lemos.
A 30 años de la primera marcha encabezada por Olga Arédez para reclamar justicia, organismos de derechos humanos, sociales, sindicales y de los pueblos originarios, se movilizaron desde Calilegua a Libertador General San Martín.
«Pedimos que los responsables se sienten al banquillo con todas las garantías de la ley, posibilidad que no tuvo ninguno de nuestros compañeros secuestrados y torturados», afirmó Milagro Sala, de la Tupac Amaru, junto al diputado nacional Horacio Pietragalla (FpV), los ex detenidos Hilda Figueroa y Hugo «Coya» Condorí, y las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Olga Arédez.
«Venimos a acompañar los 30 años de ese apagón que sembró el terror en el Partido de Ledesma. Creemos que hay que estar con los familiares, acompañar y hoy más que nunca dejar en claro que el avance de la justicia no va a ir contra las fuentes laborales, no va a hacer que ese ingenio deje de producir», dijo Pietragalla.
Blaquier y Lemos están procesados por su vinculación con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el departamento de Ledesma, en la causa «Arédez Luis y otros», y se los responsabiliza de haber aportado la infraestructura de la empresa necesaria para hacer los operativos como lo denuncian los sobrevivientes.
«La movilización se produjo en un tenso clima provocado por la empresa», dijo Sala, y agregó: «Busca, como el año pasado, generar miedo entre la población afirmando que las organizaciones sociales y de derechos humanos provocarían incidentes y que Ledesma podría cerrar sus puertas dejando sin fuente laboral a los habitantes».
Según dieron cuenta distintas investigaciones y testimonios, los detenidos desaparecidos, entre los que se encontraba el intendente Luis Arédez, eran alojados en la Comisaría 41 de Calilegua, en la 21 ubicada en el interior del Ingenio Ledesma, y en la sede de Gendarmería Nacional, además de utilizarse galpones de la fábrica de azúcar.
«Queremos que la empresa siga produciendo pero lavando con justicia esa marcha de sangre que tiene hoy su nombre por ese abrazo que le da la impunidad. Es importantísimo que Blaquier pueda ser condenado», remarcó el diputado nacional Horacio Pietragalla, quien agregó: «Sabemos que las grandes empresas se favorecieron a partir de ese golpe».
TELAM
