Diputados de la oposición porteña presentaron un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso a los abortos no punibles en la Ciudad e instalar así nuevamente el debate en la Legislatura, que desde 2008 no avanza en el tratamiento de la propuesta más allá de la discusión en comisiones, sin llegar al recinto de sesiones.
«Venimos, por tercera vez, a insistir con el dictado de esta norma en los términos propuestos, pero ahora en consonancia plena con lo resuelto por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia», sostiene el texto ingresado en la Legislatura con autoría de Gabriela Alegre y Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, y de Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.
La presentación del expediente 502/2012 se dio a pocos días del fallo de la Corte que determinó que las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin necesidad de una autorización judicial.
“Con el presente proyecto, pretendemos que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires asuma el ejercicio de una competencia que le es propia: la regulación de las medidas y procedimientos que debe adoptar su propio sistema de salud en los casos en que el aborto no es delito”, agrega la iniciativa.
El planteo apunta también a “reafirmar la competencia del estado local para dictar normas de este tipo”, las que “garanticen los derechos a la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres de la Ciudad”.
La propuesta de la oposición replica sendos proyectos presentados en el 2008 y 2010, cuyo tratamiento y debate se dio en el marco de la Comisión de Salud de la Legislatura –al punto de que se llegó a emitir un despacho- pero su camino parlamentario hacia el recinto quedó trunco en ambas oportunidades.
Este estancamiento ocurrió a raíz de la postura adoptada por el bloque PRO, cuyos legisladores frenaron el debate pidiendo la derivación de esos despachos a otras comisiones, y así dilatar el tema, o bien con la solicitud para que los expedientes propuestos fueran archivados.
Con el arranque de un nuevo año legislativo, los diputados Alegre, Cabandié y Sánchez –que hizo suya la posición de Diana Maffia, quien dejó la Legislatura en diciembre pasado- retomaron la voluntad de que la Ciudad tenga una ley que regule el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en los incisos primero y segundo del artículo 86 del Código Penal.
“Desde 2008 nuestro proyecto siempre tuvo las mismas ideas que ahora expresa la Corte. Nunca pudimos aprobar la ley porque el PRO se opuso a nuestros argumentos e interpretaciones, que son los que ahora se ven claros en la sentencia”, dijo Alegre.
En ese sentido, abogó porque “ahora el PRO permita avanzar con el proyecto y sancionarlo, ya que se trata de una norma legal para que todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad actúen de manera uniforme si se les presenta una mujer que busca interrumpir un embarazo en situaciones de peligro para su salud, para su vida o porque fue violada».
Asimismo, declaró que “la Corte exhortó a las provincias y a la Ciudad a que dicten normas de la más alta jerarquía que establezcan protocolos de actuación para los casos de aborto no punible, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Por eso representamos el proyecto una vez más».
El texto puesto a consideración en la Legislatura prevé que para la realización de los abortos no punibles contemplados en los incisos del artículo citados quede prohibida “la imposición de exigencias tales como la revisión o autorización por directivos de los efectores de salud, la intervención de comités de ética, jueces y otros operadores jurídicos”.
Además, contempla el derecho a los profesionales de la salud a ejercer su “objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna en relación con las prácticas médicas objeto de la ley”.
Fuente: Télam