Hoy a las 11 se realizará a cabo una marcha desde el Obelisco a la Casa de la Provincia de Santiago del Estero, en repudio del asesinato de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-VC de esa provincia. Desde dicha agrupacion denunciaron que el pasado miércoles «Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario sojero José Ciccioli, irrumpieron en el domicilio de la familia de Ferreyra y dispararon y golpearon a quienes se encontraban allí presentes, asesinando a Ferreyra e hiriendo a otros dos compañeros».
En este marco, la movilización del día de hoy -que cuenta con la adhesión de un importante número de organizaciones sociales y políticas- exigirá el juicio y castigo a los responsables.
En un comunicado, el Mocase manifestó lo siguiente:
«(…) La comunidad de San Antonio,a 60 km de Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indigenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.
Esto ocurre con complicidad y alevociía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien AUTORIZO desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indigenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian.
Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.
En varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó publicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que dejen de ‘molestar’.
El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias.
Cristian Ferreyra Presente!!! Ni un metro más, la tierra es nuestra!».
En tanto, la diputada nacional del FAP y presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, mostró su consternación por el homicidio: “Es inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece. Lo hacen por el furor que genera la fiebre por las tierras para la soja y utilizando formas que no tienen nada que ver con un Estado de derecho. Como los miembros del MOCASE-Vía Campesina denuncian, toda esta maniobra cuenta con la complicidad de las autoridades públicas, ya que la misma dirección provincial de Bosques fue la que autorizó el desmonte donde viven familias campesinas indígenas como las de Cristian”.
Donda afirmó “que no es el primer hecho de este tipo que nos obliga a estar alerta sobre esta situación irregular. Los miembros de esta comunidad han sido atacados con anterioridad en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi y han sufrido la detención arbitraria de su referente Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias personales, entre otros atropellos. Ante esta situación el poder judicial local mira para otro lado, ya que el juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado – quien ya tiene varias denuncias – no tomó ninguna medida preventiva para detener estos hechos violentos”.
Por último, la legisladora de Libres del Sur instó “al Estado a hacerse presente garantizando los derechos humanos de estas personas y terminando con los desalojos y desmontes de miles de hectáreas como hasta ahora. El homicidio de Cristian merece justicia ya mismo y sus familiares también”.
