El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, citó a una audiencia al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el marco de una causa por la situación de hogares de tránsito de la Ciudad.
En la misma resolución, el magistrado dispuso la clausura preventiva de cuatro hogares de tránsito, “medida que deberá efectivizarse antes del día miércoles 5 de octubre”, a fin de que sean readecuados y salvaguardar a sus habitantes.
La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo iniciada por un beneficiario del Programa de Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca y Alicia Beatriz Pierini, en su carácter de defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra el Gobierno porteño y el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), por entender que se encuentran afectados de manera actual e inminente los derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la vida de aquel particular y del conjunto de personas que resultan beneficiarias del programa.
En tanto, y como medida cautelar, peticionan que se ordene al IVC a “reacondicionar adecuadamente y con carácter de urgente los inmuebles de su propiedad -conventillos y hogares de tránsito- a fin de tornarlos seguros y habitables o, en su defecto, y para aquellos casos en que dicho reacondicionamiento resulte materialmente imposible, se orden al IVC que proceda a relocalizar transitoriamente a las familias que ocupen esos inmuebles garantizándoles adecuadas condiciones de habitabilidad.”
Ello, a efectos de que se arbitren en lo inmediato medidas necesarias para garantizarle al reclamante y a todos los beneficiarios del programa -en particular a los niños, niñas y adolescentes- estándares mínimos de seguridad y habitabilidad.
Según la resolución firmada este jueves por el magistrado, “las circunstancias constatadas por el tribunal, la prueba documental adjunta y los informes recibidos de la Superintendencia de bomberos, resulta verosímil el derecho alegado por los accionantes así como también el peligro en la demora. Toda vez que a simple vista se advierte, grupos familiares que habitan en los inmuebles motivo de autos, lo hacen en condiciones de extrema precariedad, que los coloca en una situación de vulnerabilidad lesiva de derechos elementales tutelados por la Constitución Nacional, local, y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos incorporados al texto constitucional por la reforma de 1994”.
