La diputada nacional de Libres del Sur y presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, opinó sobre la decisión aún pendiente del Consejo de la Magistratura sobre si acusa y abre el jury de enjuiciamiento contra la jueza Alicia Iermini por las irregularidades en la causa penal sobre la muerte de Walter Bulacio: “Walter murió en 1991 y la complicidad del poder judicial llevó a que su causa durmiera por 9 años, prescribiendo la acción penal. Este hecho judicial, por más que luego se haya revertido por la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003 dirigió al Estado Argentino por las violaciones a los derechos fundamentales de Walter Bulacio y su familia, no debe pasar desapercibido, en particular para los funcionarios judiciales que favorecieron la impunidad en este caso”.
Por otro lado, la legisladora agregó que «en concreto esto implica que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura debe expedirse de una buena vez, porque todos los plazos legales previstos en el reglamento de la misma se han cumplido, y el Estado argentino no puede tropezar dos veces con la misma piedra recibiendo otra condena internacional por no cumplir lo que ya se le ordenó; menos cuando lo que esta en juego es la vigencia efectiva de los derechos humanos”.
“Es imposible no tener una mirada crítica hacia el Poder Judicial por su inacción y complicidad en hechos como estos y hacia el Consejo de la Magistratura en particular, órgano encargado de controlar y remover a los jueces que realizan un mal desempeño de sus tareas, integrado por buena parte de la corporación judicial y política del país, el que en los últimos años no ha hecho nada para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. En este caso sólo falta que este órgano asuma su función responsablemente, porque esta jueza sigue ejerciendo su función, lo que no es garantía de justicia, sino de impunidad e inseguridad y la familia de Walter tiene derecho a saber la verdad y ver condenados a todos los culpables”, concluyó Donda.