La Etapa Final de los Kirchner

Por el Partido Obrero

La bancarrota mundial en la Argentina

1. La primera cuestión que es necesario despejar para caracterizar la situación de conjunto de la Argentina es la que afirma que el país logró mantenerse al margen de la bancarrota capitalista mundial o que la ha afectado en una medida menor, o incluso que el gobierno kirchnerista la habría piloteado con éxito fronteras adentro. En realidad, solamente el Indek de Moreno puede presentar un PBI que creció un 0,5% en 2009, lo que de todos modos no deja de ser un derrumbe después de un crecimiento anual, hasta esa fecha, del 7%, «el período más largo de progreso» en los 200 años de historia independiente, repetían los alcahuetes del matrimonio. De acuerdo con la mayoría de las estimaciones privadas, en 2009 el PBI cayó entre 2,5 y 3%, y la formación bruta de capital, 13%. O sea que no se repuso el capital fijo que se amortizó en este período y encima hubo una destrucción neta del 3%. En el trimestre político crucial de marzo-junio, porque coincidió con el proceso electoral, el PBI cayó del 4,5%, lo cual alcanza para explicar la derrota del kirchnerismo en el territorio bonaerense a manos del ignoto De Narváez. La crisis produjo una fuga de capitales de 40 mil millones de dólares, casi la mitad de ellos en 2009. De este modo consumió la totalidad del superávit comercial externo de la Argentina, lo cual significa la destrucción del 15% de la tasa de ahorro nacional en dos años; se trata de una confiscación económica sin precedentes. Es necesario ser un redomado apologista de las tropelías del capitalismo para decir que la financiación de esa fuga, mediante la entrega de reservas internacionales acumuladas, sirvió para demostrar «la capacidad del gobierno y del Banco Central para lidiar con la crisis».

La bancarrota mundial volvió a colocar a la Argentina en una crisis de pagos de su deuda internacional, pública y privada, esto a pesar de que había sido refinanciada dos años antes con quitas y alargamiento de los plazos de vencimiento, y a pesar del enorme superávit del comercio exterior que obtuvo con posterioridad. Esta crisis de la deuda es la causa más importante de la crisis fiscal, y explica por ella sola la pelea por las retenciones de la soja, primero, y la estatización de las AFJP, después, precisamente para sumar a los ingresos fiscales contribuciones jubilatorias a las AFJP. Si, por un lado, se excluyen los ingresos de la Anses y los aportes de las ganancias del Banco Central (que por ser sólo contables obligan a emitir moneda), si también se excluyen los aportes de otras agencias estatales, y si, por otro lado, se incluyen los déficits fiscales de las provincias (y el déficit implícito que origina el pago de los juicios que los jubilados están realizando al Estado, el déficit fiscal financiero consolidado de la Argentina se encuentra próximo a los niveles de los jaqueados países de Europa, incluida Gran Bretaña, y de los Estados Unidos, donde está por arriba del 10% del PBI. Este cálculo, sin embargo, no tiene en cuenta otro rubro más, que son los vencimientos de capital de la deuda. En definitiva, la disputa por el Fondo del Bicentenario tiene que ver con la crisis de pagos del país. El uso de las reservas del Central constituye una operación de fraude similar a la ejecutada por el Banco Goldman Sachs y el gobierno de Grecia con el presupuesto, el déficit y la deuda pública de ese país. La disputa por este Fondo demuestra que el Presupuesto 2010 no tiene financiamiento, es un dibujo y deberá ser reconstruido por completo. Como ocurre en Grecia, España o Inglaterra, la burguesía necesita reestructurar las condiciones financieras del Estado. El Fondo del Bicentenario, además, está estrechamente ligado a la operación del canje de deuda y del acuerdo con el Club de París, cuya finalidad es permitir que la Argentina obtenga nuevo financiamiento internacional, o sea más deuda para solventar al Estado y para que éste realice las operaciones necesarias de rescate del capital. La bancarrota mundial ha reabierto la canilla de la especulación con las deudas públicas por las razones más negativas: no existe, virtualmente, demanda de financiamiento de parte de las empresas privadas. La especulación internacional, sin embargo, quiere exprimir un limón que ya no tiene jugo: en una reciente emisión de deuda por parte de Grecia (por 8 mil millones de dólares), la cotización de los bonos que habían sido vendidos cayó estrepitosamente al día siguiente.

Todo esto demuestra que la afirmación de que la Argentina o los K sortearon la crisis es una pretensión desaforada y sólo cabe en la cabeza de aquellos que están jugados a la defensa del capitalismo. Incluso si se compara la crisis actual con la de 2001, hay que recordarles a los que hablan sin saber que simplemente estamos en el comienzo, como lo demuestran los acontecimientos internacionales. Europa y los Estados Unidos, que hasta ahora tuvieron que encarar un derrumbe bancario y una recesión industrial, de ahora en más tendrán que sumar el derrumbe fiscal, que es todavía más grave; esto porque constituye la antesala del derrumbe monetario. La fase monetaria de la crisis estará representada por devaluaciones y medidas de guerra comercial; el alza fenomenal del precio del oro es una manifestación de una crisis monetaria que ya está en desarrollo. La amenaza de crisis monetaria se manifiesta también en la especulación llamada carry trade, que consiste en obtener préstamos en países con tasas de interés bajas para comprar deuda pública en países que pagan por ella una tasa elevada: apenas se modifiquen las condiciones de este negocio, ese capital se fugará de los países donde puso el dinero, lo cual provocará devaluaciones muy fuertes, como ya ocurrió en septiembre-octubre de 2008, desatando la fuerte devaluación del real brasileño y el peso argentino. Brasil, que tiene un impresionante déficit en la cuenta corriente, debido a las remesas de utilidades y pagos de intereses, depende para financiarlo del ingreso de capital a corto plazo movilizado por el carry trade financiado por dólares, yenes y euros. Ese ingreso de capital ha impulsado el desarrollo del crédito al consumo, que ya alcanza a un 40% promedio de los ingresos corrientes de la población. No es todavía la crisis subprime de los Estados Unidos, cuya relación de créditos a ingresos de las familias había llegado al 200 y 300%, pero para la base financiera de Brasil ese 40% es, objetivamente, más elevado. A fuerza de hablar de deuda pública se omite la deuda privada, que cuando es financiada con dinero del exterior también pone en peligro la estabilidad de la moneda. La deuda pública de España, por ejemplo, está calculada en 70% del PBI, pero la deuda privada española es del 250%, contraída en gran parte en dólares o yenes, razón por la que hay temor por la suerte del euro. Pero incluso la deuda en euros está tomada con bancos franceses o alemanes, que se financian, a su vez, en yenes o dólares. Como se ve, la presión sobre el euro que puede desatar una crisis de financiamiento fiscal o privado en España es muy grande.

El crecimiento de la inflación, a partir de los últimos dos meses de 2009, se explica, en lo fundamental, por la crisis fiscal y la incapacidad de financiamiento del Estado. Los porcentajes conocidos de inflación, de todos modos, esconden su verdadera magnitud, porque el índice de precios (que miden, incluso, las provincias e institutos privados, no el Indek) registra numerosos servicios y actividades que siguen subsidiados, incluso luego de los aumentos autorizados en los últimos meses. El aumento de estos precios de base (gas, luz, transporte, prepagas), no digamos su liberación, podría desatar una estampida hiperinflacionaria o, inversamente, una fuerte recesión por la caída que provocaría en la capacidad de consumo de las masas. La acumulación de litigios en manos de la Corte, en especial por la deuda con los jubilados, muestra el carácter explosivo de la crisis fiscal en términos potenciales.

El crecimiento de la desocupación al 12 o 14% (no cuenta la subocupación), el crecimiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad social son manifestaciones objetivas del impacto en la Argentina de la crisis capitalista mundial. En algunos casos, por ejemplo, la industria automotriz, la recuperación parcial de Brasil permitió reactivar la demanda, pero aun así precipitó una crisis de la industria de autopartes, debido a los ajustes que impuso esa recuperación. Los casos de Mahle, Indugraf, Massuh, Paraná Metal, Techint (a mediados de 2009) y Techint Avellaneda (recientemente), Bosch, FP, la industria ceramista en Neuquén y, de un modo general, la descapitalización de las empresas recuperadas en la industria y su recurso al pago de parte de salarios por parte del Estado, son manifestaciones concretas de la crisis y explican los niveles de militancia obrera y sindical en el curso de 2009. El gobierno se vio obligado a financiar numerosas operaciones de rescate e incluso a pagar parte del sueldo a los trabajadores suspendidos. Pero los Repro son un subsidio al capital, que utiliza el subsidio para suspender, y evitar con ello el pago de la indemnización que corresponde al despido. No se trata de un invento K sino de la copia sin enmiendas de lo que se hace en Europa para contener el llamado estallido social. El gobierno K presentó en estas tierras al Repro como un acto de justicia social, pero en Europa fue sancionado como una medida de emergencia para evitar una sublevación popular.

La crisis fiscal tiene su reflejo político en las instituciones del Estado. Luego de la 125, está prevista una derrota parlamentaria mayor para el Fondo Bicentenario, lo cual podría provocar un desbande del bloque parlamentario del oficialismo. Esta crisis en el Congreso viene acompañada de otras con el Poder Judicial y la Corte; está en marcha un operativo de gran amplitud para modificar el Consejo de la Magistratura y devolver a la Corte el control sobre los jueces y el manejo del presupuesto judicial. La farsa de la paritaria entre la Nación y Ctera volvió a poner de manifiesto, aunque a escala superior, la insolvencia de las provincias. Las crisis fiscales son siempre expresión de una crisis del régimen social en su conjunto. Por eso, estas crisis penetran al Parlamento, a las provincias, a la Justicia y al Banco Central, y anuncian de este modo la inminencia más o menos rápida de convulsiones sociales mayores. Se vuelve a plantear la cuestión del ajuste, de la privatización de la protección social, de la reducción de los salarios y de la estabilidad laboral. La crisis mundial ha dejado sin aire a las paritarias burocráticas, con las que el kirchnerismo y la burocracia sindical quisieron ejemplificar, desde 2003, una recuperación de «la justicia social». El estallido en Andalgalá, Catamarca, no refleja solamente un avance en la lucha contra la destrucción del medio ambiente; representa algo más general: es una reacción a la confiscación económica de tierras y aguas para el labradío, y a la superexplotación de los trabajadores (que ya tuvo su manifestación en el progreso del sindicato minero que se opone a la burocracia de Aoma). La defensa del proyecto Agua Rica, en Andalgalá, por parte de las fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, ilustra mejor que nada que no estamos ante el cuestionamiento a una parcialidad de la burguesía sino al conjunto del régimen. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de dar satisfacción a las reivindicaciones de lucha contra los pulpos mineros, porque cualquier ruptura de contratos con esos pulpos sería el golpe final a las posibilidades de financiamiento internacional del Estado. Esta crisis local resume todas las crisis.

El gran as que esgrimen tanto el gobierno como los economistas de la oposición para negar la amplitud o profundidad de la crisis es la perspectiva, en 2010, de una gran exportación de soja y de un elevado superávit comercial: unos 15 mil millones de dólares. Ese dinero, sin embargo, podría convertirse, como ya ocurrió, en el combustible de una nueva fuga de capitales; desde otro ángulo, podría convertirse en el combustible de una mayor inflación. La acumulación de capital no es el equivalente a una caja registradora de ingresos y egresos; es un proceso contradictorio de extracción de plusvalía y de realización del valor creado por la explotación social. En cada país se encuentra condicionado al proceso mundial. Las medidas de restricción que han comenzado a insinuar los Estados Unidos y China podría reforzar una tendencia a la revalorización de sus monedas y a la devaluación de todo el resto (a revertir el carry trade señalado más arriba). Tal evolución implica salida de capitales y mayor inflación, inclusive con recesión. Esta tendencia afectaría más que nada a Brasil, del cual depende mucho la Argentina, en primer lugar en materia comercial y en segundo lugar en materia financiera, pues la cotización de los bonos y acciones argentinos están condicionados por la cotización del mercado financiero brasileño y por el real. Una renovada tendencia a la salida de capitales, combinada con un estallido de la inflación, aceleraría los ritmos de la crisis política.

Agotamiento del régimen político

2. La bancarrota capitalista y el derrumbe financiero del Estado tienen su expresión en el agotamiento del régimen político. Luego de la derrota de junio de 2009, cuyo alcance, repetimos, fue determinado por la crisis mundial, se desarrolló un intento de gobierno por decreto y vetos totales o parciales de leyes, que no sobrevivió a la tentativa de imponer el Fondo Bicentenario. La camarilla gubernamental volvió a quedar a merced del vicepresidente Cobos (que es una figura sin base), al punto que ahora el oficialismo quiere modificar el régimen de acefalía. El Parlamento ha dejado de ser una simple escribanía del Ejecutivo y se va convirtiendo en el escenario donde se trama la sucesión presidencial anticipada. La tentativa bonapartista del gobierno, desde 2003, ignorando a la oposición parlamentaria, buscó un apoyo en el movimiento obrero regimentado por la nueva dirección de la CGT encabezada por Moyano y los sindicatos del transporte. Ahora que el gobierno ha quedado en minoría y también enfrenta la rebelión de la Corte Suprema de Justicia, también queda al desnudo la precariedad de ese punto de apoyo en el movimiento obrero. Las movilizaciones moyanistas recientes han tenido un carácter coreográfico, de ningún modo una incidencia política. La burocracia cegetista se ha vuelto a dividir, o sea que el liderazgo de Moyano se ha agotado. El elemento dinámico no son los actos públicos de Moyano sino la emergencia de luchas y organizaciones en los lugares de trabajo, que en su mayor parte también cuestionan a la burocracia de la CTA o son un producto independiente de ella. El cuestionamiento de las bases a la burocracia de Ctera es, por otra parte, una lápida para el conjunto de la burocracia de la CTA. En la CTA, el cuestionamiento a la burocracia sindical se expresa en la presencia y diversidad de las tendencias políticas que la toman como referencia. Por otro lado, también se asiste al retiro del apoyo al gobierno de parte del punterismo piquetero, como ha ocurrido con Barrios de Pie, la escisión del MTL con el PC, el alejamiento más o menos próximo de D’Elía, o el fin de los coqueteos chavistas hacia el gobierno por parte del Frente D. Santillán. El pejotismo K ha quedado reducido al aparato justicialista de algunas provincias, entre las que no se encuentra, precisamente, la provincia de Buenos Aires, en la cual el PJ atraviesa una crisis rampante. La tentativa de montar un arbitraje entre la burguesía y el proletariado a través de procedimientos como la «paz social» y la tutela de nuevos sindicatos no reconocidos por parte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo en el Subte, o la «paz social» en Kraft, orquestada incluso con el PCR, no ha pasado de episodios sin futuro. La cooptación o neutralización, por parte del Estado, de las tendencias conciliadoras o centristas de diversos agrupamientos con actividad sindical choca con la declinación irreversible del oficialismo y con la crisis económica. En definitiva, estamos ante la disolución de una tendencia que nunca llegó a adquirir una real fisonomía bonapartista.

Nada de esto anticipa, sin embargo, que el presidencialismo sea sustituido por una «parlamentarización» del proceso político. En un régimen presidencialista en deterioro, como ocurre en la Argentina, el Congreso tiene que optar entre ser una escribanía del oficialismo o un nido de conspiraciones. Es precisamente por esto que la reforma política lanzada por los K con el apoyo de la UCR pretende reconstruir el bipartidismo. Para desgracia de sus autores, los tiempos del bipartidismo han sido superados hace largo rato. Esta crisis autoriza a pronosticar, con carácter tentativo, que el proceso político marcha hacia elecciones adelantadas, sea como un recurso último o extremo de la camarilla K, o como consecuencia de su desplazamiento del gobierno. Lo que no se debe excluir, sin embargo, es que la crisis alcance un carácter constitucional y que en ese caso emerja un intento de poner en pie un nuevo régimen político, con eje en un primer ministro, aunque bajo la tutela de un presidente, del tipo de Italia o España (aquí bajo figura monárquica), una especie de semiparlamentarización. Algo de esto se encontraba en carpeta en la propuesta de reforma constitucional propuesta por el gobierno de Alfonsín en la década de los 80. Pero una crisis constitucional plantearía también la crisis del federalismo argentino y la insolvencia fiscal insuperable de las provincias. Una semiparlamentarización del régimen político nacional obligaría a parlamentarizar o semiparlamentarizar también el sistema de gobierno provincial. El hecho de que se debatan todas estas variantes políticas dimensiona el estado terminal del presente régimen político.

3. En los últimos meses, la oposición política al gobierno se amplió a distintos sectores de la burguesía industrial que habían apoyado a los K. Es una evidencia de que los recursos y la política de los K para rescatar al capital se han agotado. Hay una enorme disputa por el control de monopolios claves, como YPF o Telecom, Papel Prensa, los medios de comunicación y el destino de Aerolíneas y de sus contratos de reequipamiento (Airbus, Embraer, etc). Numerosos grupos (La Serenísima, Gas del Norte, Ausol -concesionaria de peaje- se encuentran en convocatoria de acreedores; Cirigliano negocia el abandono de la concesión de TBA, pero el Belgrano sigue recibiendo apoyo por su función en el comercio con China. Luego tenemos los enfrentamientos en la cadena agrícola y en la cadena de la producción de carnes, con la nueva tentativa de los frigoríficos de exportación de regular el mercado interno y el de exportación, y desarrollar la alimentación en corral y poner a la cría y a la invernada de ganado en una posición subordinada. Todas estas disputas deben ser zanjadas en el Congreso, porque están referidas a compromisos o contratos del Estado. Esto potencia la crisis política y pone al desnudo todas sus ramificaciones económicas.

Aunque en Prensa Obrera se señaló hace un tiempo que Obama le había dicho a Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete, que a los Estados Unidos los inquietaba una inestabilidad en la Argentina, ésta podría ya no ser la posición norteamericana luego de los sucesos de Honduras y de la derrota política sin atenuantes del bloque chavista, y de la diplomacia y los intereses brasileños. O sea que Obama y el establishment norteamericano podrían favorecer un cambio político y un adelantamiento de elecciones en la Argentina. Por otro lado, no es obstáculo para esto que la oposición patronal carezca de una jefatura común, porque lo mismo ocurría en las vísperas de 2001 con el peronismo. Así lo demostró enseguida la lucha interna entre los gobernadores del PJ por la sucesión de De la Rúa, y el fracaso del gobierno de Duhalde y la división entre tres candidatos del PJ, en 2003. En 2001 no había acuerdo, en la superficie, ni siquiera para salir de la convertibilidad, o sea para devaluar. La división cariocinética de la oposición simplemente demuestra que la larguísima crisis argentina ha desgastado por completo a la política patronal, del mismo modo que la impotencia de la burguesía rusa había desgastado a todos sus partidos en vísperas de la caída del zar. Enhorabuena. Hay que señalar, de todos modos, que esta división tiene su propio método: a través de las elecciones internas y, luego, del resultado que tenga la primera vuelta electoral, quedarán seleccionados las figuras y los alineamientos que disputarán el ballotage. Mientras tanto, la UCR ha reaparecido como un eje o referencia en el campo de la oposición, aunque también condicionada a la solución de sus divisiones internas. Más allá de las divisiones la oposición patronal representa un alineamiento contra el chavismo en la política continental, por un lado, y una presión de la burguesía por reordenar el desbarajuste fiscal del kirchnerismo y modificar la «morenización» de las relaciones con los capitalistas, por otro. Son características suficientes para caracterizarla como reaccionaria.

La reaparición de Duhalde ha traído a la crisis política un nuevo tema: la «reinstalación de las fuerzas armadas en la vida social», siguiendo en esto a un agente de los yanquis, el ex embajador menemista Diego Guelar, ahora instalado en el PRO. El planteo apunta, por supuesto, a superar los juicios por crímenes de lesa humanidad y a reforzar los aparatos de represión, pero tiene otros alcances que le suman vigencia. Se trata de la exigencia del gran capital internacional, pero también nacional, de «modernizar» a las fuerzas armadas, incluso si aún se temiera un conflicto por Malvinas, es decir: reabrir un mercado para la industria armamentista. El kirchnerismo ya había apuntado para este lado cuando se sumó a la fuerza de ocupación en Haití, y lo volvió a hacer al sumarse a la Unasur, que es esencialmente un intento de potenciar la industria armamentista, que se ha desarrollado en Brasil y en Chile, en menor medida en Colombia, los tres muy ligados a Israel. El experimento de Mauricio Macri en la Capital, con la Metropolitana y Fino Palacios, muestra también la injerencia del sionismo en América Latina. Asistimos a una tendencia a la remilitarización de América Latina, ¡incluso en plena crisis fiscal! (Grecia, sin ir más lejos, gasta el 20% de sus ingresos fiscales en provisión para las fuerzas armadas).

En el escenario de la disolución del régimen político, el centroizquierda de Solanas realiza un furioso intento de delimitación, cuyas limitaciones saltan a la vista. Como les ocurre a los Heller o Sabbatella, realizan una diferenciación más verborrágica que real. La pequeña burguesía de izquierda quiere torcer la crisis para su lado, en un intento tardío de plagiar a Lula, Chávez, Correa, fundamentalmente Mujica, Ortega y, probablemente, al candidato que salió tercero en Chile. Se trata de una tentativa repetida (antes el Frepaso o el PI en los 80) y sobre todo tardía, porque llega mucho después del ocaso del neoliberalismo y en plena bancarrota capitalista. Es una expresión muy retrasada de la tentativa exitosa de llegar al gobierno por parte de los partidos centroizquierdistas que se agruparon en el Foro de San Pablo. El éxito electoral de Solanas, en junio, pone de manifiesto el rechazo del electorado a los partidos tradicionales y expresa una corriente hacia el centroizquierda del electorado del kirchnerismo y del macrismo. La caracteriza su conservadorismo, porque limita su acción al Parlamento y a los medios de comunicación, y rechaza la movilización popular. Programáticamente, es una corriente keynesiana incoherente, porque pretende hacer beneficiencia estatal en medio de crisis fiscales. Hasta ahora no ha logrado, debido a estos límites, esquivar la polarización que le imponen los dos bloques que se enfrentan en el Congreso, lo cual ya le ha representado un enorme costo político, que se puede agravar con la reanudación de las sesiones en marzo. Tiene, en un período de bancarrota de la sociedad capitalista y de disolución de sus regímenes políticos, un planteo puramente electoral. Propone, en principio, un frente electoral con agentes patronales probados, como Binner y Juez. Se encuentra dividido en numerosas corrientes que son producto de las diversas camarillas que operan en la CTA. Es fundamental desarrollar esta caracterización en la forma de una delimitación política y por medio de la polémica.

4. Con el kirchnerismo, se agotó una tentativa degradada de nacionalismo burgués. En su historia y composición, la camarilla oficial resume el viraje que le fue impuesto a la burguesía nacional luego de la bancarrota capitalista y la rebelión popular de 2001. Los Kirchner fueron partícipes activos de la década de Menem y Cavallo. Cuando el planteamiento «neoliberal» se derrumbó, bajo el peso de la crisis mundial de 1997-2001, la burguesía (pero también el FMI) giró hacia la devaluación y el intervencionismo estatal, que habilitaron el rescate del capital sobre la base de una inédita confiscación social. Para llevarla adelante, los Kirchner tuvieron que operar en el cuadro político planteado por la rebelión popular de 2001, lo que los obligó a maniobras, cooptaciones y demagogia progresista («derechos humanos»). En el plano económico, el kirchnerismo montó un régimen de emergencia que colocó los recursos del Estado al servicio del rescate del capital (subsidios) y de la integración de las organizaciones obreras al Estado (cooptación). Como ocurre con otras experiencias nacionalistas, la base de esos recursos fue «rentista» y provino de la «patria sojera», a la que el kirchnerismo alentó irrestrictamente hasta la «crisis del campo».

La política de tarifas subsidiadas, que los kirchneristas presentan como parte de una «política popular», constituyó en realidad un subsidio a la burguesía industrial, que sobre esa base pudo sostener salarios extraordinariamente bajos. El «modelo productivo» consolidó la degradación del salario impuesta en las décadas y gobiernos anteriores. El «costo laboral» (salario más cargas previsionales a cargo de la patronal) es hoy 12% inferior al de hace una década atrás; o sea, cuando reinaban Menem y Cavallo. La reconstrucción de la burguesía nacional pregonada por los K se forjó sobre la precarización y miseria salarial de los trabajadores. Bajo el argumento de «crear empleo a cualquier precio», el gobierno y la burocracia sindical han justificado el trabajo en negro y la flexibilidad laboral. En la era kirchnerista, se ha producido la explosión de la «nueva» industria de confecciones textiles, que funciona con mano de obra extranjera y semiesclava. El trabajo en negro representa el 40% de la población obrera.

La política del «desendeudamiento» consistió en el rescate de la deuda que había sido defaulteada en 2001, cuyos títulos no valían nada. Su canje, por alrededor del 60% de su valor, constituyó por lo tanto un negocio fabuloso para los especuladores que la adquirieron luego del default. Esa deuda, a su turno, fue indexada con el crecimiento económico y con la inflación interna, levantando una nueva hipoteca usuraria contra el país. A fines de 2009, la deuda pública del «gobierno del desendeudamiento», unos 145.000 millones de dólares, igualaba a la que acumularon De la Rúa y Cavallo antes de diciembre de 2001.

El mayor fraude del kirchnerismo se produjo allí donde exhibe la mayor demagogia, esto es, en la política de los «derechos humanos». La derogación de las leyes de impunidad fue sólo una maniobra para impedir la extradición de los genocidas a España. Luego, los juicios avanzaron a cuentagotas, en el marco de la intimidación y hasta del secuestro de los testigos (López). Los Kirchner tardaron ocho años en abrir los archivos de la inteligencia militar, el tiempo suficiente para su vaciamiento o adulteración. En cambio, dejaron en pie los archivos de la Side, que utilizan a fondo para el espionaje interior. Las patotas o las fuerzas represivas estuvieron siempre a la orden del día a la hora de atacar a la clase obrera que lucha contra la burocracia o la cooptación oficial.

La experiencia kirchnerista mostró los límites de la política de «reconstruir a la burguesía nacional» como camino para una autonomía política o económica del país. El kirchnerismo nunca constituyó una referencia popular, sólo reagrupó a la burocracia del Estado, de los sindicatos o académica (Carta Abierta) en base a las prebendas económicas y a la cooptación. Agotados esos recursos, asiste a su desintegración, que se expresa en el éxodo de intendentes, diputados y hasta de los más recalcitrantes oficialistas. El carácter reaccionario del kirchnerismo se manifiesta, antes que nada, en su combate a muerte para mantener y reforzar la regimentación de los sindicatos por una burocracia integrada al Estado e incluso empresarial, e impedir la autonomía sindical y política de los trabajadores. Cuando el kirchnerismo se empeña en presentarse como la representación de la nación o del progreso frente a la «restauración conservadora», lo que pretende es, por sobre todo, poner el pie encima de la cabeza del proletariado y ahogar sus tendencias independientes y emancipadoras.

En un plano más general, el final del kirchnerismo demuestra que la crisis mundial ha acentuado las limitaciones de las experiencias nacionalistas continentales. Allí está, para demostrarlo, el régimen chavista. La devaluación del bolívar, celebrada por los bancos y calificadoras, comporta un golpe monumental contra las condiciones de vida de las masas. Concebida para salvar la caja del Estado, la devaluación puso de manifiesto la dependencia mortal del régimen chavista respecto de la renta petrolera, o sea, su incapacidad para desarrollar cualquier planteo de industrialización del país, lo que exigiría la centralización de los recursos económicos en el marco de una transformación social. Por el contrario, en Venezuela el capital estatal se ha entrelazado con el capital privado, en tanto que las nacionalizaciones entrañaron indemnizaciones fabulosas a costa del Estado. El indigenismo de Evo Morales, por su parte, no ha superado los límites de un usufructo fiscal limitado de los recursos extractivos del país, en asociación con el capital extranjero. Cuando más extremo aparece el nacionalismo en su verborragia, mayor es su empeño por impedir la autonomía política del proletariado. Las tentativas más acusadas de estatización sindical se han producido en Bolivia, Ecuador y Venezuela. A estas estatizaciones no las convierten en progresistas las represiones criminales contra los sindicatos en Colombia, Honduras o México, o la vigencia de la legislación pinochetista en Chile.

La declinación del chavismo ha colocado en una profunda crisis a la izquierda latinoamericana, que ocultó sus límites brutales y fantaseó con el «socialismo del siglo XXI». Las convulsiones sociales continentales que planteará la crisis exigen librar una lucha política a fondo por la superación del nacionalismo capitalista, en el marco de la lucha por la unidad socialista de América Latina.

Una nueva transición histórica en la clase obrera                       

5. Desde que estalló la crisis mundial, la clase obrera protagonizó en la Argentina un importante movimiento de huelgas y ocupaciones de fábrica. En estos conflictos, la intervención del Estado apuntó desde el vamos a rescatar al capital, por un lado, y a desgastar a los trabajadores, por el otro. En esta tarea, el gobierno contó con la colaboración activa de la burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA. Así ocurrió en Mahle, donde la fábrica terminó en un virtual abandono y los trabajadores fueron empujados a aceptar una indemnización. O en Paraná Metal, donde la burocracia de la UOM de Villa Constitución (CTA) promovió un plebiscito a favor de la reducción de los salarios. En Massuh, asistimos a una supervivencia precaria que concurre al rescate de la patronal vaciadora, que no fue expropiada y percibe un canon por el uso de la planta. En Indugraf, la burocracia gráfica y el gobierno complotaron para vaciar la ocupación obrera, expulsar a su vanguardia y preparar la devolución del taller a la patronal.

La crisis capitalista mundial encuentra al movimiento obrero o sindical recorriendo una nueva transición de carácter histórico. Existe un desarrollo creciente de núcleos de delegados y activistas que se organizan sobre la base de reivindicaciones cada vez más apremiantes en sus lugares de trabajo, y que disputan la dirección a la burocracia. Por otro lado, se descompone la tentativa del kirchnerismo de imponer una burocracia sindical que viene de la oposición al menemismo en su última etapa, y esto vale para el moyanismo como, en forma desigual, para las fracciones que dirigen los sindicatos reconocidos de la CTA.

Este desarrollo no nació con esta crisis. Reconoce un largo trabajo de reagrupamiento y conquista de posiciones clasistas durante la etapa anterior, como es el caso de los trabajadores del subte, que culminó en la lucha parlamentaria, política y huelguística por la jornada de seis horas y el reconocimiento de la insalubridad. Un papel de gran importancia jugó, en este desarrollo, el movimiento piquetero, en especial en 2002/5, con bloqueos de vías y por medio de piquetes en empresas en conflicto, y particularmente manifestaciones de masas en defensa de las empresas ocupadas. Las asambleas del movimiento piquetero en ese período definieron gran parte del programa que caracterizaría la evolución del movimiento sindical antiburocrático.

Esta transición al interior del movimiento obrero es una expresión de la crisis de conjunto, social y política, del capitalismo. La reactivación económica, a partir de mediados de 2002 (que se manifestó en toda la economía mundial), reforzó numéricamente, aunque de un modo desigual según los países, las filas de la clase obrera y su capacidad de acción. Esto fue más marcado en la Argentina, debido a que venía de una bancarrota económica sin precedentes y, al mismo tiempo, en excepcionales condiciones de debilidad de los gobiernos en los años posteriores inmediatos a 2001. Son precisamente estas particularidades las que condicionan la política del kirchnerismo, que consiste en descansar en el apoyo de la burocracia opositora al menemismo, a fuerza de prebendas y acomodos, y en el copamiento de los movimientos piqueteros o sociales de orientación reformista o nacionalista o bajo la influencia del stalinismo (como ocurre también con las organizaciones de derechos humanos). El instrumento de contención del movimiento sindical va a ser, en primer lugar, el unicato de la ley de asociaciones profesionales, que el moyanismo defendió a muerte incluso en los momentos más fuertes de su movilización contra Menem o De la Rúa; en segundo lugar, las paritarias regimentadas, que bajo la cobertura del convenio general mantienen en pie las negociaciones por empresa del «modelo» neoliberal, o sea la ley Banelco. El restablecimiento de las paritarias ofrece al moyanismo un campo más amplio de maniobra frente a los trabajadores, en especial en lo que se refiere al transporte de carga y al sindicato de camioneros. Dentro de estas maniobras, Moyano saca a la superficie el tema del encuadramiento sindical, que se convertirá en una pesadilla para la burocracia de Comercio, Construcción e incluso Foetra, o sea el pasaje de los trabajadores de las contratistas al sindicato de su actividad y de mejores remuneraciones y mejor convenio. Con contadísimas excepciones, la «nueva» burocracia sostendrá la orientación de mantener fuera de la afiliación sindical a la mayoría de los trabajadores y bloqueará la organización de los cuerpos de delegados más allá de las empresas muy grandes.

Desde 2007, sin embargo, estos ímpetus parciales cesan por completo: las paritarias de 2009, con sus aumentos escalonados, disimulan con estadísticas manipuladas el deterioro de los salarios e, inflación creciente mediante, una marcada pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Se manifiesta, de este modo, en el campo de las relaciones laborales el agotamiento político del kirchnerismo.

El movimiento de lucha en los sindicatos sobrepasa el marco estrecho que le propone la burocracia sindical, y va a empujar hacia una etapa de crisis y escisiones, por abajo y por arriba, a todas las organizaciones obreras. Hay un clima de revulsión en los sindicatos obreros, sean éstos de la CGT o de la CTA. Ello se expresa en numerosos sindicatos: papeleros, alimentación, gráficos, azucareros del norte, petroleros del sur, aeronavegantes, docentes de numerosas provincias, el sindicato del neumático, telefónicos (incluidos los call centers), en algunos casos provincias enteras, como Neuquén y Santa Cruz, o las ocupaciones de empresas o manifestaciones políticas entre los obreros sindicalizados de Rosario y San Lorenzo.

La etapa que encumbró al moyanismo se ha cerrado, de un modo general, y la bancarrota del kirchnerismo le pone de todos modos una fecha de cierre. Esta crisis de conjunto en el movimiento sindical hace estallar la contradicción entre el unicato sindical y el «pluralismo» formal del régimen constitucional, en especial cuando este régimen no está piloteado por un partido único o hegemónico y, por el contrario, está presidido por una camarilla regimentadora en disolución. Esta contradicción formal ya se había manifestado en oportunidad del gobierno de Illia y, luego, del de Alfonsín, cuando se envió al Congreso el proyecto de ley de pluralidad sindical del ministro de Trabajo de aquel momento, Antonio Mussi. De la explosión de esta contradicción en la realidad de la crisis política y de la vida del movimiento obrero (no del puro choque de principios) nacen los fallos de la Corte sobre pluralismo sindical en los lugares de trabajo o, dicho en forma más correcta, la repercusión de esos fallos judiciales en el proceso político y en el movimiento obrero. La supervivencia de esta contradicción se hace aún más penosa ahora que el Congreso se pone al nivel del gobierno en la capacidad para el ejercicio de la conspiración política y la borocotización a la inversa. Debe quedar claro que la Corte no pretende revolucionar la organización sindical en los lugares de trabajo ni al movimiento obrero, sino ofrecer un marco de transición para que las fuerzas sindicales que respetan el orden burgués armen un «modelo» de recambio hacia otro «modelo» más adecuado a las nuevas condiciones políticas. A partir de los fallos de la Corte podría modificarse la prerrogativa que tiene el sindicato más representativo para negociar los convenios de trabajo. Habrá que ver si este tema encuentra lugar en la agenda de la oposición en el Congreso.

Los fallos sindicales de la Corte han puesto al desnudo las grandes diferencias dentro de la CTA. El yasky-kirchnerismo sigue batiendo el parche en la prioridad de obtener el reconocimiento gremial para la CTA, y por esta vía armar un «modelo» de pacto con la CGT. H. Meguira, asesor de la CTA, dejó planteada la divergencia con esta orientación, para favorecer el establecimiento de «sindicatos simplemente inscriptos» en todas las actividades y la elección de sus delegados en los lugares de trabajo. Parece claro que la vía Yasky no conduce a ningún lado a partir de la enorme crisis política que está dando cuenta del gobierno. La alternativa rival no solamente enfrenta enormes obstáculos políticos, que provienen de una parte mayoritaria de la patronal y de los partidos patronales. Es que, de conjunto, no existe una tendencia al interior del movimiento obrero que favorezca el paralelismo sindical. Tampoco existe de parte de la CTA una línea de movilización y lucha sin cuartel por las reivindicaciones de los trabajadores, que sirva para ganarlos para su táctica de desarrollo sindical. La CTA colabora con el gobierno y la burocracia unicata, por ejemplo en Foetra, y no se diferencia de la colaboración con la patronal en los sindicatos que dirige, como Neumáticos o UOM Villa Constitución. Se mantuvo soberanamente alejada de la lucha de Kraft y hoy mismo sabotea con buenos modales la lucha de los ceramistas de Neuquén. La «pluralidad» sindical que defiende la CTA existe en la práctica en los sindicatos estatales (ATE, Upcn y los gremios municipales, o al interior del sindicalismo docente, donde los gremios de la CTA consensúan acuerdos salariales «por arriba» con otras direcciones colaboracionistas). Es decir que el otro «modelo» no ha producido nada. En algunos casos se ha puesto al servicio del carneraje a favor de la burocracia cegetista, como ocurrió, por ejemplo, en el Centro Gallego, donde los partidarios de un sindicato «no inscripto» de la CTA fracturaron a la interna antiburocrática, boicotearon la elección que debía refrendarla y facilitaron el retorno de la burocracia al hospital. La alternativa de otro «modelo» no sirve como elemento de orientación, por la simple razón de que ese «modelo» será el resultado de una lucha general en torno al desarrollo de la crisis mundial y al desenlace de la crisis política en la Argentina. La única orientación que es clara en estas condiciones es la que plantea que la crisis la paguen los capitalistas y la expulsión de la burocracia de los sindicatos, En esta línea, el «modelo» sindical lo decidirán los trabajadores sobre la base de la independencia de clase y la democracia sindical, que solamente puede asegurar una dirección revolucionaria, o sea protagonista de la revolución social.

El «modelo sindical» es un esquema, que supone un sindicalismo que opera dentro de la seudodemocracia capitalista. Pero hoy, concretamente, no resuelve el problema de echar, por ejemplo, a la burocracia de UTA del subte y que el nuevo sindicato, conformado democráticamente, tenga la prerrogativa de negociar el convenio colectivo. Incluso en la experiencia muy positiva desarrollada por los activistas ligados a la CTA en Barrick Gold, donde aplicaron la política de la CTA y obtuvieron el reconocimiento judicial de sus delegados, así como en el lugar de trabajo, la posibilidad de discutir el convenio fue impuesta por una asamblea general que eligió paritarios para ello, a diferencia de lo que ocurre en los sindicatos de CGT y CTA, donde los delegados son designados por la burocracia sindical.

El campo de intervención que ofrece esta crisis y esta transición histórica depende antes que nada de la claridad, pues en ella medran también, en función de sus intereses, las diferentes burocracias sindicales, el aparato del Estado y de los partidos patronales, y por último, pero no menos importante, diversas expresiones que han pasado del activismo clasista al sostenimiento de alternativas de centroizquierda o de sus propios apetitos. El movimiento sindical es demasiado importante para que la burguesía permita que se convierta en clasista, y el Estado tiene muchos recursos para desviar esta trayectoria. En la década de los 70, la burguesía no vaciló en poner en el gobierno a una dictadura asesina para impedirla. Es necesario un tenaz trabajo metódico de propaganda, agitación y organización para transformar a los sindicatos en lo que deben ser por su lugar histórico: órganos de una lucha de clases. Ese trabajo metódico debe tener un contenido estratégico, que esclarezca a los activistas el enlace entre la situación de los sindicatos y su impasse con el conjunto de la crisis.

Programa y métodos

6. La reivindicación más elemental que plantea la bancarrota capitalista a los trabajadores es: que la crisis la paguen los capitalistas. Se trata, naturalmente, de la expresión popular de un programa de confiscación de los grandes bancos e industrias para poner el proceso productivo al servicio social de las mayorías. Se cree normalmente que el porvenir de los partidos depende de la calidad de sus consignas, pero esto es cierto a condición de que se entienda que el porvenir de esas consignas también depende de la capacidad de los partidos para explicarlas, defenderlas y luchar por ellas por medio de la propaganda, de la agitación y de la organización. El Partido Bolchevique tuvo que pasar diecisiete años de lucha por el derrocamiento del zar y el establecimiento de una república democrática, y cuando coronó sus largos esfuerzos lo que produjo fue una república socialista. Avanzó con una consigna y la transformó a la luz de la experiencia de su propio progreso. No es para nada irrelevante que una gran parte de la izquierda se oponga a esta consigna con el argumento de no irritar a los pequeños y medianos capitalistas, porque con ello demuestra que su posición social en la crisis es la de un sector de los capitalistas, no la de la clase obrera. ¡Acá no se trata del destino de tal o cual capitalista individual, se trata de la lucha contra el capitalismo! La misma incomprensión acerca de que la bancarrota capitalista plantea objetivamente, o sea independientemente de los resultados que emerjan de ella en un futuro más o menos lejano, la lucha por poner fin al capitalismo manifiestan las corrientes de izquierda que se reivindican a sí mismas como anticapitalistas para plantear una lucha contra la crisis dentro de los marcos capitalistas, o sea sin postular el gobierno de los trabajadores y la dictadura del proletariado. Estos tres años desde el estallido de la crisis actual han demostrado que la izquierda que rechazó nuestra previsión de la bancarrota en curso sigue sin entender su desarrollo y su alcance histórico.

El objetivo de toda lucha anticapitalista debe ser el desarrollo de organizaciones obreras y populares capaces de emprender esta lucha y, en primer lugar, direcciones revolucionarias en los sindicatos y las organizaciones de masas. Toda la táctica política debe estar al servicio de este desarrollo. Nada puede sustituir a un viraje histórico en la actitud de los explotados frente a la crisis, para darle a ésta una salida transformadora. En los últimos dos años, toda la izquierda democratizante y centrista ha atacado con ferocidad la política de política del Partido Obrero en las luchas sindicales y sociales, acusándola de «extremista» o de incomprensión de las «mediaciones». Estamos, en este caso, frente al brote manifiesto de un conservadorismo político, que encuentra su explicación en las necesidades de preservación de los pequeños aparatos. Esta política «sabia» no ha aportado ninguna victoria para la clase obrera hasta ahora, y no la aportará en el futuro, pero sí sembrará entre los activistas conservadorismo y desmoralización. En oposición a esta charlatanería ofrecemos la única gran victoria de los últimos años: la obtención de la jornada de seis horas en el subte, por medio de un trabajo sindical y parlamentario y la organización de grandes huelgas. En el marco de la bancarrota capitalista, debemos decirles a los trabajadores que todo es posible si empleamos los medios para lograrlo y nos organizamos sistemáticamente para obtener esos medios. Que la crisis la paguen los capitalistas significa reivindicar los métodos de la huelga general, las ocupaciones de empresas, la formación de comités obreros, los piquetes. La propaganda y la agitación deben servir para el desarrollo de la conciencia de la necesidad de estos métodos de lucha.

El intervencionismo estatal frente a la crisis ha fracasado; lo prueban las bancarrotas fiscales. El desarrollo de la crisis vuelve a colocar a la orden del día la cuestión de las ocupaciones de fábrica, como se plantea ahora en Tenaris Siat. Cobra más vigencia que nunca, entonces, la ocupación de toda fábrica que cierre o despida, que se abran los libros de esas empresas, y su operación sea colocada bajo la supervisión de los trabajadores, y la unificación de las ocupaciones de empresa.

Las fábricas recuperadas, que emergieron de ocupaciones de fábrica de la crisis anterior, están integradas en su mayoría a esquemas de asistencia o cooptación oficial. La reactivación económica les permitió una supervivencia precaria, aunque siempre a costa de la reducción de los salarios obreros y del desconocimiento de sus convenios respectivos. De un modo general, actuaron como «tercerizadas» de otras empresas capitalistas y, en ese carácter, como fusibles de las oscilaciones del mercado, reduciendo planteles o bajando los salarios siempre que resultara necesario. Bajo la crisis, esa tendencia ha sido llevada al extremo. Las recuperadas languidecen con salarios que no llegan a la mitad del convenio, y sin la posibilidad de ocupar plenamente a sus trabajadores originales. En Zanón, por ejemplo, una parte del salario se cobra en Repro, o sea que depende del asistencialismo estatal asignado a los trabajadores suspendidos o a las empresas intervenidas, o incluso a un comedor popular. Disminuye la consideración histórica de los trabajadores que dieron el ejemplo de ocupar esas empresas y de hacerlas funcionar bajo su propia responsabilidad. En el capitalismo no puede haber «fábricas sin patrones», como si las relaciones de mercado no estuvieran dominadas por los capitalistas. Reclamamos la expropiación efectiva y definitiva de las patronales de todas las empresas recuperadas; una asignación presupuestaria para su funcionamiento, sobre la base de las propuestas de sus asambleas generales; su gestión bajo el control efectivo de los trabajadores; la formación de una federación de empresas recuperadas con derecho a presencia y voto en los bancos estatales; la nacionalización del sistema bancario bajo control obrero. Planteamos la integración de las fábricas recuperadas a una lucha anticapitalista de carácter general, que coloque la expropiación de las empresas vaciadas en la perspectiva de una transformación social dirigida por los trabajadores.

Un aspecto central del próximo período lo constituirán las paritarias, que se van a desenvolver en el marco explosivo de la crisis política y de la inflación creciente. No puede descartarse, en este plano, la tentativa de abortar las paritarias, o subordinarlas a un «acuerdo marco», en el cuadro del «consejo económico y social». En oposición a esto, planteamos la lucha por la vigencia irrestricta de las paritarias, por paritarios electos en asamblea, por un salario que cubra el costo de la canasta familiar en la jornada de 8 horas, y cláusulas de indexación de acuerdo con la inflación; contra las cláusulas flexibilizadoras, por el control obrero de los ritmos de trabajo y de la seguridad laboral, la eliminación de los impuestos al salario y la devolución de los recursos de la Anses a los jubilados, para conquistar el 82% móvil.

A partir de estos planteamientos, es necesario un trabajo preparatorio de organización, reclutamiento y formación de los activistas y delegados que luchan por la expulsión de la burocracia. Destacamos, como un método esencial de reagrupamiento con estos fines, el desarrollo de agrupaciones sindicales clasistas.

Como otra reivindicación de carácter nacional, cobra más fuerza ante la crisis la lucha contra la hipoteca usuraria de la deuda externa. El «no pago» de la deuda debe ser inscripto en el plano de una reorganización social de carácter general. De hecho, los «no pagos» o moratorias se plantean regularmente bajo el capitalismo, y sirven para la organización de «concursos de acreedores» de naciones enteras, que preceden a la desvalorización de sus salarios y otros ajustes brutales contra las masas. Ese fue el contenido social del default de Rodríguez Saá en 2001, de la devaluación de Duhalde y de la renegociación de la deuda de Kirchner-Lavagna con cláusula de ajuste. En oposición a esto integramos el no pago de la deuda a una reorganización del país sobre nuevas bases sociales, lo que plantea la nacionalización sin pago de la banca y del comercio exterior y el control de cambios, para colocar el ahorro nacional en función de un plan de reindustrialización y obras públicas bajo la dirección de la clase obrera.

Abajo las conspiraciones constitucionales o bonapartistas; por un gobierno de trabajadores

7. Como ha sido dejado en claro más arriba, la crisis política ha entrado en una nueva etapa, donde se juega la continuidad del gobierno, los golpes de mano del Ejecutivo, las conspiraciones recíprocas desde el Congreso o por parte de la camarilla oficial. Se ha discutido poner la sucesión presidencial en las manos de un vicepresidente del Senado, debajo de Cobos, que represente a la oposición. El ex gobernador de Salta, Romero, insiste con esta línea. La camarilla, por su lado, extorsiona a empresas, gobernadores y punteros con la privación del maná del Tesoro oficial. Es moneda corriente escuchar sobre un adelantamiento de las elecciones, y se admite para ello la posibilidad de «suspender» la reforma política. El problema es el quién y el cómo del adelantamiento, que constitucionalmente supondría la renuncia de la Presidenta. En el marco de semejante crisis se escucharán voces a favor de convocar a una Asamblea Constituyente que, en el marco de una transición, rediseñe el régimen político y reconstruya la solvencia de la Nación y de las Provincias. La clase obrera debe ponerse en contra de estos objetivos estratégicos de la crisis constitucional que se está tejiendo, pues corresponden a prioridades de la burguesía, no de los trabajadores. La posibilidad de que las prioridades de los trabajadores ganen la escena estás determinadas por la propia envergadura de la crisis. Por eso planteamos que, en oposición a toda forma de golpismo, parlamentario o bonapartista (del Ejecutivo), la lucha debe ser por un gobierno de trabajadores. Sería criminal perder la oportunidad de semejante crisis política y de desprestigio de la clase política burguesa, para ponerse en la cola de las maniobras politiqueras. ¡Ninguna provincia va a ver jamás un régimen federal si no se expropia a los latifundios capitalistas y a los monopolios rentistas que confiscan sus economías!

El lugar estratégico que debe ocupar la clase obrera en el desarrollo de la crisis nos impone, con más fuerza que nunca, la tarea de una intensa y mayor proletarización del partido, y el desarrollo de una agitación política integral, que permita a los trabajadores desarrollar una comprensión de conjunto de esta etapa histórica. La revitalización del Polo Obrero, como consecuencia de las recientes luchas de los trabajadores desocupados, debe servir para el desarrollo de nuevos cuadros, que se capaciten para reforzar la proletarización de nuestro partido.

El Partido Obrero ingresa a la presente crisis con un desarrollo superior al que tenía en la víspera del Argentinazo. Desde ese lugar, ingresamos en la crisis política que está en curso y en la nueva transición histórica del movimiento obrero y de la clase obrera en su conjunto. Como ocurre con todas las clases sociales y con todos los otros partidos, la crisis también desnuda los límites de nuestro trabajo político. La tarea planteada es un intenso trabajo de preparación política, de conquista de los cuadros más avanzados y activos de la clase obrera, de formación de éstos en el interior del partido. Esta preparación se va a desarrollar en el terreno de la crisis capitalista, que proyecta todos los conflictos de la vida social a un cuadro definidamente político.

Las transiciones políticas sólo pueden desarrollarse positivamente si son orientadas por quienes trabajan de un modo sistemático por una salida revolucionaria. El agotamiento de las premisas del capital exige su expropiación y la destrucción de la actual maquinaria estatal, o sea, exige la dictadura del proletariado, que expresamos popularmente como el gobierno de los trabajadores. Esa perspectiva debe ser desarrollada en la clase obrera a través de una organización y un programa. El Partido Obrero no arriba a esta crisis sólo con un planteamiento o una intención; se ha construido a través de una lucha tenaz contra los gobiernos capitalistas de la Argentina, desde las dictaduras hasta los experimentos «progresistas». Con ese bagaje ingresamos a esta etapa.