La senadora nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley para prohibir el acceso a la docencia en instituciones de Nivel Superior a quienes hayan sido condenados o tengan procesos judiciales abiertos por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos y a quienes hayan ejercido cargos de autoridad (rector, vicerrector o secretarios, decanos o vicedecanos) de universidades nacionales y/o provinciales durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Según explicó Osuna el objetivo es “profundizar la calidad democrática, el ejercicio de la memoria y el pleno respeto a los derechos humanos en nuestras instituciones educativas del Nivel Superior. Incentivar la memoria como movimiento contrario al olvido; institucionalizarla como valor y principio activo de la organización social.”
“Impedir por ley el ejercicio de la docencia universitaria a quienes hayan cohonestado con regímenes de facto, contribuye a la refundación normativa de nuestras instituciones, a sostener la memoria desde el Estado, y al mismo tiempo será patrimonio colectivo de nuestro pueblo”, consignó.
Y agregó que “se busca dar una señal concreta, impidiendo el ejercicio de la docencia, tanto en instituciones públicas como privadas, a personajes siniestros, limitando la posibilidad además de que ocupen cargos de conducción. Hasta ahora la batalla la han dado los movimiento de estudiantes o de docentes a través de quienes se identificó y repudió a los que fueron cómplices del terrorismo de Estado.”
El proyecto –que fue acompañado por el senador Pedro Guastavino- pone énfasis en el “papel paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los docentes respecto a nuestros jóvenes, tanto por sus actitudes presentes como por su trayectoria de vida y su actuación en los momentos oscuros de la historia argentina”, sostuvo la legisladora que preside la Comisión de Educación y Cultura del Senado Nacional.
“Además pone en valor y dignifica la labor docente, procurando diferenciar los comportamientos repudiables de aquellos que en su momento no estuvieron a la altura de las circunstancias”, aseguró.
La norma propuesta se refiere tanto a la incorporación en la carrera docente, como a su ascenso o al ejercicio de funciones de gobierno, para el caso de las Instituciones de Nivel Superior. También se pretende que se considere y valore como antecedente negativo excluyente para la autorización provisoria o definitiva de las universidades privadas, si el plantel docente o administrativo de las mismas o los miembros de las Fundaciones o Asociaciones Civiles que la conforman, cuente entre ellos a personas que se encuadren en las condiciones detalladas.
“Nuestra intención es que esta consideración trascienda el plano individual para ampliar y enriquecer los parámetros de evaluación institucional, con la convicción de que la misma es un aporte sustantivo para obtener una mejor calidad institucional de nuestras casas de estudios”, manifestó.
Por último, la senadora hizo notar que la iniciativa se inscribe en el marco de la política de Estado del gobierno nacional de defensa inclaudicable de los Derechos Humanos y su consecuente ejercicio de memoria, verdad y justicia, que ha incluido, entre otros hechos destacados, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con lo que se revirtió el proceso de institucionalización de la impunidad; y los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas, ente otras acciones importantes.