Representantes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados, autoridades del COMFER, de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, entidades periodísticas públicas y privadas, y asociaciones de trabajadores del área, participaron de un debate abierto y pluralista generado por las autoridades de la UBA en torno a los proyectos de ley sobre Radiodifusión. Los presentes cumplieron con el orden del día planteado con anterioridad y debatieron los primeros puntos propuestos: objeto de regulación, autoridad de aplicación y tipo de medios.
El debate se extendió durante casi tres horas, respetando el temario previsto y el tiempo otorgado a cada uno de los oradores, quienes contaron con un cronograma de trabajo preparado por la Universidad con la copia de todos los proyectos como material de consulta.
La relación de la autoridad de aplicación con respecto al Estado Nacional, la presencia de los diferentes sectores en la integración de la misma, el alcance de la definición del objeto de regulación, la presencia de los trabajadores de todas las áreas, fueron los temas que más controversia y debate provocaron en la Mesa.
Participaron en este encuentro, por el Comfer, Luis Lázaro y Gustavo Bulla; los legisladores Silvana Giudici (UCR), Fernando Iglesias (CC) y Claudio Morgado (FPV); por la Facultad de Ciencias Sociales, el decano Federico Schuster y el profesor Martín Becerra; el profesor Henoch Aguiar de la Facultad de Derecho. Estuvieron presentes también Martín Etchevers (ADEPA); Carlos Molinero (ATA), Alberto Veiga (ARPA), Walter Burzaco (ATVC); Sergio Fernández Novoa, por Telam y, por las entidades gremiales, Alejandro Ruiz (SAT), Gustavo Granero (FATPREN) y Daniel Ibáñez (AATRAC). La asesora Magdalena Restovich representó al Diputado Macaluse (SI). Se excusó el Diputado Pinedo y en su lugar participará en el próxima reunión la diputada Paula Bertol. Se sumó a la Mesa Pedro Lanteri representando a la Coalición por una Radiodifusión Democrática y para la próxima reunión se prevé la incorporación de la Asociación por los Derechos Civiles.
El siguiente encuentro quedó acordado para el viernes 8 de mayo a las 15, y los temas que se debatirán serán: Condiciones para ser prestador, Licencias, Medios públicos y Medios privados. Toda la información sobre la Mesa de Diálogo se encuentra disponible en el sitio web www.uba.ar/radiodifusion, donde los próximos días estarán on line las versiones taquigráficas y multimedia de esta reunión.
Ley de medios: Declaración aprobada en el marco del ciclo de charlas de la UJS
En la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA
Periodistas, trabajadores de medios comunitarios y alternativos, docentes e investigadores, telefónicos, cineastas, actores, gráficos, militantes sociales, gremiales y políticos, estudiantes y graduados de carreras de comunicación y periodismo de todo el país nos pronunciamos por un sistema de medios de los trabajadores y el pueblo.
El gobierno que no asegura los derechos al trabajo, al salario, a la vivienda, a la educación y a la salud para los trabajadores y el pueblo ¿va a garantizar el derecho «a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión»?
¿El gobierno que no puede garantizar el derecho al agua potable?
¿El mismo gobierno que no para los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, la precarización laboral, el trabajo esclavo de los chicos de Mendoza o de las mujeres y hombres en los talleres «clandestinos» que trabajan para las grandes marcas de la industria de la indumentaria?
El gobierno que cuida los negocios de las grandes corporaciones como Monsanto, Cargill y Aceitera General Deheza, las automotrices Iveco y VW, Telefónica y Telecom ¿es el que va a derrotar a los monopolios de la comunicación?
¿Al grupo Clarín, con el que canjeaba ayer nomás las tapas a cambio de la extensión de su licencia y la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo va a combatir con el grupo Telefónica?
El gobierno que manipula las cifras del Indek y patotea a sus trabajadores, el que oculta el destino de los fondos de Santa Cruz, el del caso Skanska y los grandes negociados del cajero Julio de Vido, el que hasta miente sobre la cantidad de los casos del dengue en todo el país ¿va a defender la transparencia informativa? ¿Va a combatir la manipulación de los grupos multimedia?
El gobierno que comparte sus negocios privados con Cristóbal López, la familia Werthein, Ezquenazi, los grupos de Rocca y Mindlin ¿va a proponer otra cosa más que repartir frecuencias entre sus amigos «nacionales y populares»?
El que pacta con los «barones» del conurbano para evitar su propia desintegración política ¿va a promover radios y canales municipales que enfrenten a Raúl Othacehé, Hugo Curto, Mario Ishi, Julio Pereyra?
El Gobierno que fue impotente frente a la patronal sojera llevando como único programa una medida impositiva y como único método el tratamiento parlamentario, ¿es el que va a llevar adelante una batalla a fondo contra los monopolios nacionales e internacionales de la información y la comunicación?
El Gobierno que promovió una nueva ley para profundizar la mercantilización de la educación con el mismo libreto del Banco Mundial que enfrentamos desde hace décadas, ¿tiene alguna intención de transformar la comunicación en un derecho?
El gobierno que veta la ley de glaciares para que la multinacional Barrick Gold siga saqueando las riquezas del suelo, ¿se propone defender la cuota de pantalla para desarrollar una industria nacional en televisión?
¿El que, a pesar de contar con una ley de bosques, no detiene el desmonte ni el brutal desalojo de los campesinos criollos y de los pueblos originarios?
El gobierno que, más de treinta años después, publicita su política de derechos humanos por haber condenado a un puñado de ancianos genocidas, mientras 5.000 siguen libres y mientras los aparatos represivos policiales se mantienen intactos, ¿dice que es intolerable la existencia de una ley de la dictadura?
¿Es de la dictadura una ley de radiodifusión que, de manera cómplice, no sólo sostuvieron sino que profundizaron en sus aspectos más privatizadores los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner?
El gobierno que compra, coopta y regimenta las organizaciones sociales ¿va a promover medios comunitarios o alternativos independientes del Estado?
¿El mismo que intenta impedir con patotas el desarrollo de comisiones internas y cuerpos de delegados para recuperar la voz y los lugares de trabajo frente a la patronal y la burocracia?
Moyano y Yasky piden un canal de televisión. ¿Les van a dar un programa a los trabajadores del Subte, a los Suteba combativos, a quienes a diario ocupan fábricas frente al vaciamiento patronal, a los ocupados y desocupados a quienes también a diario desalojan de sus casas en todo el país?
Y a los miles de luchadores de organizaciones sociales que procesan judicializando la protesta, ¿les van a otorgar una señal?
¿No es este el gobierno que mira para otro lado cuando el grupo Clarín echa a los trabajadores gráficos por reclamar mejoras salariales, tolera las condiciones de hiperexplotación de los telefónicos -que se profundizarán con el triple play-, que se maneja como un grupo empresario a la hora de atropellar los reclamos de los trabajadores de Telam?
El gobierno que ahoga presupuestariamente el sistema universitario ¿va a financiar medios radiofónicos y televisivos para las universidades nacionales?
El que se alía con la camarilla radical en las universidades para impedir la democratización, para contrabandear convenios con las multinacionales y la Coneau, para levantar vallas e impedir los reclamos de los sectores estudiantiles, docentes y no docentes combativos, ¿va a permitir que circulen todas las voces en los medios universitarios?
Y ni qué hablar del «peronismo disidente», el radicalismo, la coalición cívica y el macrismo, que apoyan a la Sociedad Rural y a los oligopolios mediáticos. ¿Ellos van a defender la libertad de expresión?
Quienes ahora nos dicen que esta ley es «la madre de todas las batallas», son los padres de todas las derrotas.
Vamos por una comunicación de los trabajadores y de pueblo sobre nuevas bases sociales.