Por Diana Maffía
Diputada de la Ciudad de Buenos Aires – Coalición Cívica
Esta carta abierta fue leída el pasado jueves 9 de abril por la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Diana Maffía en el programa “La Mañana” que conduce el periodista Víctor Hugo Morales por Radio Continental.
LOS NIÑOS Y NIÑAS NO VOTAN
Desde que Cristina Kirchner anunció el adelanto de las elecciones, se produjo un efecto de aceleración de las reuniones reservadas y públicas en las que los políticos esperan acordar sus cierres de lista. Junto a esa aceleración, la quietud de los espacios formales de ejercicio del poder es desesperante. En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, no hemos tenido sesión en las últimas dos semanas, y la última convocada falló por falta de quórum. No sólo está detenida la labor legislativa, sino nuestra función de control, que forma parte de las garantías que los ciudadanos y ciudadanas consideran al promover con su voto una representación plural y no hegemónica en un Congreso.
Este período de quietud me hizo reflexionar sobre la inacción de los poderes, y qué derechos y qué sujetos van a ser afectados por esa inacción. Deberíamos aclarar que ciertas inacciones configuran por parte del Estado una falta, una omisión, ya que existe una obligación de intervenir y esta obligación no se cumple. Este modo de violación de derechos es el más usual cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales.
Como explicaba el Maestro Dr. Bidart Campos, en cuanto a las violaciones constitucionales por omisión: “Cuando la Constitución ordena a un órgano de poder el ejercicio de una competencia, ese órgano está obligado a ponerla en movimiento… cuando omite ejercerla, viola la Constitución por omisión, en forma equivalente a como la vulnera cuando hace algo que le está prohibido…”
Nuestra historia es tan siniestra en cuanto a violación de derechos, que solemos tener presentes casos flagrantes como la tortura, el secuestro, el asesinato, la apropiación de niños/as y la desaparición de personas, donde hubo una abusiva y violenta intervención del Estado. Pero en el caso de los derechos EESSyCC, lo habitual es que al no actuar no se proporcionen los recursos necesarios como para que esos derechos se ejerzan, que no haya voluntad política y simplemente no se haga nada. Si las responsabilidades son difusas, el negocio es perfecto porque la autoría de la omisión es difícil de probar.
Los sujetos afectados por estas omisiones son siempre los más vulnerables, que son los que no cuentan con recursos propios para solventar su salud, vivienda, educación, trabajo, y esperan apoyo del Estado. Y aunque en período electoral algunos grupos pueden esperar medidas extraordinarias a su favor para obtener los preciados votos, hay quienes ni siquiera este consuelo tienen, porque no votan: los niños, las niñas y los/as adolescentes.
La infancia tiene una ley maravillosa en la ciudad, la ley 114, congruente con la Convención por los Derechos del Niño, pero no se cumple. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la mayor parte de su presupuesto en el rubro “transferencias a terceros”, instituciones y organizaciones no gubernamentales cuyos listados no figuran en las páginas del Gobierno y de los que desconocemos los montos que cobran por la atención de los chicos, las vacantes que ofrecen, las condiciones de admisión que tienen y los controles que la Ciudad realiza sobre ellos.
Estoy ocupándome con mucho trabajo del problema de las adicciones en niños/as y adolescentes, y ante el problema concreto todas las abstracciones anteriores estallan. A las dificultades de intervenir en un asunto vinculado a delitos transnacionales (como el tráfico de drogas) con alta capacidad de corrupción, se suma la vulnerabilidad de estos niños y niñas desangelados de muchas políticas que deberían protegerlos de modo integral. Para dar un ejemplo, en el centro de internación para niños, niñas y adolescentes de la ciudad, Casa Puerto, cuando le pregunto al director cuántos niños estaban escolarizados al momento de ingresar por su adicción al Paco, me responde que ninguno. Nuestra Ciudad tiene trece años de escolaridad obligatoria (desde preescolar hasta el final del secundario). Si no se asegura la escolaridad real de esos chicos, el derecho a la educación es apenas una frase. La movilidad social ni siquiera una ilusión. La libertad para imaginar y construir su futuro, un bien elemental arrancado al sentido de sus vidas. El Paco está ahí, en cada esquina. El Estado no.