La rápida culminación de unos 1800 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y radicadas en tribunales de todo el país es «un legítimo reclamo de la sociedad argentina» y una «deuda pendiente» del Estado, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
El titular del máximo tribunal del país sostuvo también que para llegar a ese objetivo se deben resolver «problemas de gestión y organización», dado que los tres poderes del Estado expresaron ya «a través de múltiples actitudes» esa voluntad política.
«Se trata de una política de Estado sobre la cual no puede haber diferencias», reiteró Lorenzetti al dejar constituida hoy una Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad que integran representantes de los tres y de los organismos de derechos humanos, que sugirieron su creación.
La convocatoria reunió a medio centenar de integrantes del grupo en el cuarto piso de Palacio de Tribunales, y de ahora en más sesionará semanalmente elaborando y recibiendo iniciativas para acelerar los procesos, las que serán difundidas a través del Centro de Información Judicial.
La comisión no se inmiscuirá en el desarrollo de los juicios propiamente dichos pero resolverá problemas edilicios y operativos a través del Consejo de la Magistratura y coordinara iniciativas frente a problemas puntuales, según explicó Lorenzetti secundado por la vicepresidente del tribunal Elena Highton de Nolasco.
La Corte ya requirió al Poder Ejecutivo durante una reunión con el jefe de gabinete Sergio Massa, la designación de 750 cargos judiciales para que un sector de ellos se aboque a los juicios, y la cobertura de los cargos de jueces necesarios, así como la eventual creación de nuevos juzgados federales.
La primera sugerencia llegó por voz de una víctima directa del terrorismo de Estado, Nilda Eloy, quien fue testigo en el juicio contra el ex jefe del policía bonaerense, Miguel Echecolatz, y pidió la designación de un juez y un fiscal para la causa por las desaparición del también testigo en ese juicio, Julio López.
Entre los integrantes de esta comisión figuran Alfredo Kraut y Walter Venditti, secretario general y letrado respectivamente de la Corte; jueces federales en actividad como Daniel Rafecas y jubilados, como Mario Costa; Javier Carbajo, secretario de la Cámara de Casación Penal, y Gustavo Vassel, del Consejo de la Magistratura, cuyo titular Luis Maria Bunge Campos asistió al acto.
También la integran el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Skolar en representación del Ministerio de Justicia, cuyo secretario de Derecho Humanos, Luis Eduardo Duhalde asistió hoy, junto a integrantes de la Procuración General de la Nación y la Defensoría.
Juan Carlos Salerni, director general de asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, lleva la representación del Congreso en esta «primera vez» que integrantes de los tres poderes del Estado unifican criterios sobre el tema.
Entre los organismos de derechos humanos, convocados en su totalidad, asistieron Rosa de Roisimblit por las Abuelas de Plaza de Mayo), Horacio Verbistky por el CELS, Beniusz Szmuckler de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Vilma Ripoll, del Cetro de Abogados por los Derechos Humanos.
Refiriéndose en otro momento a la envergadura de la cuestión de los derechos humanos en el país, Lorenzetti destacó que «acá se ha desarrollado el proceso mas grande el mundo», que incluyó el juzgamiento de las juntas militares, la realización de los juicios por la verdad, la derogación de las leyes de amnistía y el procesamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad».
El 28 de diciembre del año pasado, a través de una acordada, la Corte Suprema instruyó a todos los tribunales a acelerar estas causas por delito cometidos hace ya más de tres décadas y creó una superintendencia para coordinar y hacer un seguimiento de los juicios
FUENTE: TELAM