Luego de la insólita protesta del 30 de septiembre, cuando dos activistas de Greenpeace se colgaron del Obelisco en reclamo de la aplicación del plan de Basura Cero, y de la denuncia del Gobierno de la Ciudad contra la ONG por violentar patrimonio público y generar caos en el tránsito, la entidad correspondió el Martes con una intimación que no llegó a mayores, contra la actual vicejefa del Gobierno de la Ciudad, Gabriela Michetti.
Michetti había acusado públicamente a la organización, en el diario Pagina/12 de la última edición del domingo, expresando en el medio que «los que protestan son de Greenpeace, que cobraban 500 mil pesos por año para asesorar al gobierno porteño». Greenpeace reaccionó el mismo día con una carta documento intimando a la vicejefa a retractarse públicamente, o de lo contrario, iniciaría una querella criminal en su contra.
El director Ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto, negó dicha acusación, y contestó que los dichos de Michetti eran para desprestigiar a la organización, que actualmente tiene 70.000 socios en la Argentina que realizan aportes para financiar sus acciones. El mismo día la vicejefa se desdijo tildando el episodio de un «malentendido».
De pasada, ayer la organización presentó en la Legislatura Porteña un proyecto de ley sobre gestión de residuos alternativo al plan macrista.
Macri firmó con Scioli un acuerdo sobre el tratamiento de residuos, por el cual la Ciudad pagará un 20 % más y financiará con 200 millones de pesos dos nuevas estaciones de transferencia de desechos, para hacer frente a las 5.000 toneladas de basura por día que se “exporta”, y que sigue en aumento año tras año.
El proyecto presentado fue avalado por la Fundación Ambiente y Sociedad, Cooperativa Reciclando Sueños, Fundación Iniciativa Verde, GAIA, los legisladores Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti del Frente para la Victoria, Julián D’Angelo del partido Socialista y Sergio Abrevaya de la Coalición Cívica.
Plantea, entre otras cuestiones la diferenciación de residuos en la recolección mediante privados y asociaciones cooperativas de cartoneros (con quienes habían surgido diferencias en las audiencias porque defendían el proyecto oficial); un criterio de facturación por área limpia sumado a un porcentaje de incentivo para aquellas empresas que impulsen la separación y recuperación de residuos; y la obligación del Estado de llevar adelante campañas de información para que la gente aprenda a separar en origen.
Que raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaro, que en CLARIN no salió nada sobre la intimacion a Michetti