Un nuevo capítulo en la amarga disputa del feminismo

Por Charo Ramos
@cafeesamor

Desde hace tres días que intento escribir este artículo, sin éxito. Primero porque siento que no hay muchas novedades para decir en esta amarga disputa -como dice Marta Lamas- del feminismo en torno del trabajo sexual / la prostitución. Y después porque con la baja del Registro de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular no ganó nadie y perdió un sector ya empobrecido y ya hiper precarizado. Quizá, lo único novedoso que tengo para decir es que ambos lados de la grieta están enfrentados en una discusión que lleva ríos de tinta y veinticinco años y no se puede resolver y mientras tanto, de nuevo, pierden miles de personas.

No es que crea que son lo mismo. Para nada. Aunque vengan del mismo lugar. Como sintetiza Lucía Niklison en un artículo inédito de 2020: “AMMAR-CTA y AMMAR Capital (ahora AMADH), dos organizaciones de mujeres, travestis y transexuales que ejercen la prostitución, aunque con perspectivas diferentes. Si bien las integrantes de AMMAR se autodenominan trabajadoras sexuales y se organizan por medio de un sindicato para reclamar derechos laborales, AMADH es una ONG de corte abolicionista y sus integrantes se autodenominan ‘mujeres en situación de prostitución’.0’p AMMAR era una sola organización hasta que en el año 2003, luego de su incorporación a la CTA, la decisión en asamblea por autodenominarse ‘trabajadoras sexuales’ produjera una escisión en la agrupación”. En este movimiento se fueron, entre otras, Lohana Berkins y Graciela Collantes, líderes del abolicionismo. Quedó a cargo de AMMAR-CTA, Elena Reynaga, hoy referenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Su sucesora en AMMAR fue Georgina Orellano quien cambió, de forma radical, el discurso y la estrategia del sindicato: entre otras novedades -como cuenta Niklison en el mismo documento- está la inauguración del taller de Mujeres y trabajo sexual en el Encuentro Nacional de Rosario de 2016 y el uso del slogan Puta feminista. Quizá parezcan acontecimientos simples, pero fueron mojones clave en el desarrollo de la pelea por el reconocimiento del trabajo sexual como tal.

AMADH, por su parte, sigue teniendo a Collantes como referenta. Lohana Berkins, en su momento, decidió activar por fuera de la cuestión y dedicarse a la identidad travesti, fundando la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, la Cooperativa Nadia Echazú y otras gestas históricas. Sin embargo, nunca abandonó su posición abolicionista.

Vamos a las bases: en Argentina la prostitución no está prohibida ni penalizada. Sí lo está la explotación sexual o facilitación de la prostitución por tercerxs. Es decir, ejercer de forma autónoma el trabajo sexual no es un delito. Ser proxeneta sí. Por otro lado está penalizada la trata de personas desde el año 2008 (y en 2013 se modificó la ley, en medio de una polémica, que aún hoy no fue saldada, en torno al consentimiento de las personas mayores de 18 años). Lo que el Estado argentino se comprometió a hacer al firmar los distintos tratados internacionales sobre el tema fue a elaborar políticas públicas tendientes a erradicar la prostitución: esto se entiende como ampliar el abanico de opciones de quienes se ven llevadxs por el capitalismo salvaje y el patriarcado a las esquinas como única forma de subsistir. Es decir, el Estado debería conseguir que una travesti de trece años pueda terminar la escuela sin tener que trabajar porque su familia la echó de la casa. Como se comprometió a hacer y de hecho intenta hacer con todes les niñes y adolescentes, esperando que cuando llegue el momento de poder legalmente trabajar puedan competir en el mercado con igualdad de oportunidades y de trato con otras personas que buscan el mismo empleo. Un capitalismo más humano, menos salvaje, con justicia social. Bueno, me estoy yendo por las ramas. En síntesis, la idea es que nadie se prostituya, salvo que efectivamente elija hacerlo, porque eso no está penalizado.

Si estuviéramos en un país con marco legal prohibicionista, como Suecia o algunos Estados de Estados Unidos, sería otra cosa. Ahí la oferta de trabajo sexual es perseguida y el cliente es penalizado. A la corriente que propone estas normativas se la suele llamar prohibicionista.

Entonces, ¿por qué en 1995 se fundó AMMAR? Porque las prostitutas eran perseguidas de forma constante y especialmente violenta por las fuerzas de seguridad, que estaban “amparadas” en los edictos policiales y códigos contravencionales que sí perseguían la obsenidad, la desnudez, a las personas vestidas con ropas de otro sexo (por esta figura solían caer presas las travestis en esa época), y las sometían a toda clase de vejaciones que no hace falta relatar porque se las imaginan.

AMADH dice en su página que su “lucha es colectiva: que juntas podamos quitarnos las cul­pas para avanzar todas y todos por igual, peleando por nuestros derechos como mujeres a una educa­ción, a un trabajo, a la salud y a una vivienda dignas.” AMMAR tiene como visión “Lograr que el Estado garantice los derechos humanos y laborales de las Trabajadoras Sexuales en la Argentina”. Son objetivos distintos, pero no opuestos. La oposición es en torno a reconocerse o no como trabajadoras sexuales. Sobre la cual, AMMAR dice que “Podemos hablar de ‘trabajo sexual’ y no de ‘prostitución’ como resultado de una larga batalla ideológica y política en el marco de la concepción de los derechos humanos y el respeto por la libre determinación de las mujeres.”. AMADH, por su parte plantea que “la prostitución no puede ser considerada trabajo, dado que la organización de la misma, cualquiera sea la forma en que se dé, lleva a modos de explotación”. Pero en la página de AMMAR, dicen de sí mismas que “ somos mujeres adultas, que ejercemos este trabajo por consentimiento propio y de manera autónoma.”. El fondo de la cuestión es el consentimiento: ¿cuán libre o condicionado está el sí en una relación desigual? Lo mismo podemos preguntarnos entre una mujer y su esposo. Entre unx trabajadorx y su jefx, etcétera.

¿A qué voy con todo esto? Creo que el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular que había habilitado -y luego dio de baja- el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el fin de semana del 6 de junio, era una buena oportunidad para que el Estado argentino empezara a, primero, conocer a la población sobre la cual tiene que trabajar para garantizar el cumplimiento de todos sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Y segundo para diseñar políticas públicas que efectivamente permitan que quienes quieran dejar el sistema prostituyente o la industria del sexo puedan hacerlo. Porque justamente eso propone el abolicionismo. Pero, además, habría sido una gran instancia para incorporar a todas las actrices involucradas en la cuestión -que exceden por lejos a las dos organizaciones en las que me centré para esta columna, pero incluye a muchxs otrxs trabajadorxs sexuales y prostitutxs no agrupadxs, sobrevivientes de la trata, funcionarixs, magistradxs, académicxs, organizaciones religiosas y de base, organismos internacionales, familiares de víctimas de trata, todxs ellxs influyen en el debate y tuvieron algo para decir en torno al Registro-, atender al reclamo de que estuvieran efectivamente representadas las personas en situación de prostitución y las sobrevivientes de la trata y empezar a incursionar en una solución. De largo plazo, compleja, multiagencial, pero una luz al final del túnel.

Hoy lo que tenemos es la misma anomia que antes, más enojo de todos los sectores involucrados, y un nuevo capítulo en la amarga disputa del feminismo. Quizá el problema no esté tanto entre AMMAR y AMADH, sino contra el patriarcado y el capitalismo salvaje que cobra sobre nuestros cuerpos precarizados todas las cuentas pendientes.

Foto: Victoria Pérez Ponsa