Tras declarar en la causa a directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad, el sociólogo Silvio Feldman habló sobre el rol de la investigación académica en procesos judiciales.
El 28 de diciembre de 2017, después de varias suspensiones y demoras, se iniciaba en el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín el juicio a directivos de la empresa Ford Argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos, a pocos días del último golpe cívico militar, contra 24 trabajadores y delegados gremiales de esa fábrica, a los que el Ejército secuestró en sus puestos de trabajo, detuvo y desapareció. Hace pocas semanas, el sociólogo Silvio Feldman, reconocido especialista en estudios del trabajo y rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) entre 2002 y 2010, fue citado a declarar en esa causa para ampliar y ratificar los aportes que había realizado más de diez años atrás. Feldman habló sobre esa experiencia, sobre el papel de la investigación académica en procesos judiciales y sobre el histórico compromiso de la UNGS con la reivindicación y la defensa de los derechos humanos.
–¿En qué consistió el análisis que realizó en el juicio a los directivos de Ford Argentina?
–En el año 2006 me llamó el abogado querellante Tomás Ojea Quintana para consultarme si estaba dispuesto a ser convocado como perito en el juicio por el secuestro y las torturas, en 1976, de los trabajadores de la empresa Ford, que luego fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Se estaban proponiendo tres peritajes: uno sobre los procesos económicos, para el que estaba propuesto Eduardo Basualdo, otro sobre la dinámica vinculada a los derechos humanos, para el que citaban a Horacio Verbitsky, y un tercero sobre el aspecto contextual, que comprendía temas vinculados con el sistema de relaciones de trabajo, los sindicatos, los conflictos laborales, las negociaciones colectivas, y para el que, por mi trayectoria académica y mi conocimiento del campo, pensaron que era pertinente y valioso que yo compareciera. El tribunal me convoca y me envía un cuestionario, que yo respondo.
–Usted era rector de la UNGS: ¿Qué evaluación hizo para aceptar este compromiso?
–Sí, en principio dudé si aceptar o no… Era rector desde 2002. Estaba concentrado en las actividades del rectorado y por lo tanto no aceptaba otros compromisos que requiriesen tiempo de investigación. Pero en este caso consideré que siendo este juicio parte del proceso de recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, y tratándose de una situación de persecución y detención en el ámbito laboral, era muy importante, significativo y socialmente relevante para aceptar. Hacer el informe me llevó varios meses. Eso fue en 2006. Desde entonces solo tuve información a través los diarios sobre la marcha de ese proceso y sobre las políticas públicas que promovieron otros procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. En particular se percibía el creciente énfasis en el carácter cívico militar del golpe del 76, cuyos protagonistas no habían sido solo militares sino también civiles, y en ese marco una de las causas mencionadas era la del secuestro y desaparición de los trabajadores de Ford.
–¿En qué consistió su análisis?
–Tenía que ver con cuestiones relacionadas a la dinámica de la conflictividad laboral, las relaciones de trabajo, la organización sindical, los conflictos intersindicales. Hice una sistematización especial dado que se trataba de preguntas específicas en relación con los aspectos que el fiscal de la casusa había juzgado que era importante presentar como información de contexto. Lo que venía investigando hacía muchos años eran temas vinculados al mundo del trabajo en sus distintos aspectos: la organización del trabajo, las relaciones colectivas, la organización sindical, las negociaciones colectivas. Había escrito artículos sobre la sindicalización, la negociación colectiva en el sector de las automotrices y la evolución del conflicto en estas negociaciones. Conjeturo que mi trayectoria, mis investigaciones y mis conocimientos del tema les hicieron creer que era la persona indicada para hacer ese informe. La base eran documentos públicos y análisis sistemáticos sobre el período. De carácter general, sobre los procesos históricos, y de carácter particular, sobre la acción sindical, las políticas públicas, las persecuciones, los conflictos.
–¿Tuvo oportunidad de conversar con alguno de los trabajadores detenidos?
–Una de las cosas que hice para elaborar el informe fue entrevistarme con uno de los trabajadores secuestrados, porque necesitaba un contacto directo para poder acercarme a la situación. Nos reunimos en un bar, en Capital. Pude sentir el impacto del terror que lograron sobre los detenidos: hasta tal punto quedaron afectado por sus vivencias que le costaba mucho brindarme información. La esposa colaboró en el intercambio y el diálogo. En ese encuentro tuve toda la percepción de lo que puede hacer el terror en una persona. Incluso 30 años después, se evidenciaba el efecto de ese miedo que buscaban provocarles, tanto a los secuestrados como al resto de los trabajadores, paseándolos por la planta, apuntándolos…. Por eso es importante y desafiante investigar esos temas, y no es fácil, porque el testimonio es complicado, porque es doloroso y muy difícil para quienes fueron víctima.
–¿Qué es lo que más le impacto de su participación en el juicio?
–Enfrentar situaciones donde se habla de secuestros, desaparición de personas, torturas, siempre es algo que a uno lo afecta. Cuando lo tenés que volver a abordar te moviliza mucho. Durante el juicio me conmocionó recibir el reconocimiento de los trabajadores secuestrados y familiares presentes por mi testimonio. Una de las cosas que me motivó fue poder contribuir a que un juicio como este pudiera avanzar. El acompañamiento de los trabajadores actuales de la Ford en este proceso de enjuiciamiento no es lo masivo que uno desearía, por la distancia histórica de las nuevas generaciones, pero también porque hoy vivimos nuevamente una época de ausencia de libertades, que en un ámbito como la Ford puede traducirse en despidos o suspensiones.
“En ese encuentro tuve toda la percepción de lo que puede hacer el terror en una persona. Incluso 30 años después, se evidenciaba el efecto de ese miedo que buscaban provocarles, tanto a los secuestrados como al resto de los trabajadores, paseándolos por la planta, apuntándolos.”
–¿Qué aporte puede hacer la investigación académica en procesos judiciales como este?
–Los juicios de este tipo son tan importantes como complejos. Afortunadamente, en la última década se generó mucha investigación sobre el terrorismo de Estado en Argentina: sucesos, actores, contextos, complicidades. Pero durante mucho tiempo los estudios en base a material empírico sobre delitos de lesa humanidad, por sus propias características y complejidad, no abundaban, porque si bien gran parte del accionar de ese período fue público, existía muy poca documentación. Poder conocer, a través del modo en que se realizan estudios en el campo de la sociología (entrevistas a trabajadores y a empresarios, visitas a empresas e instituciones, consulta de la bibliografía y las fuentes sobre ese tema) presentaba fuertes dificultades. Parte del problema era el carácter secreto, clandestino, de ocultamiento, que a su vez buscaba aterrorizar con la política de desapariciones y torturas. Esto hizo que la investigación fuese muy complicada. Se sumaba además la destrucción de los archivos de la dictadura, que fue una política explícita antes de que asumiera el gobierno constitucional. Una dificultad que se sumaba era que los que fueron protagonistas de la dictadura se ocultaban, y las víctimas estaban muy afectadas por lo traumático de reconstruir situaciones vividas, identificar a captores, torturadores. Por todo esto investigar sobre el tema era complicado. Además, durante muchos años, distintos sectores impulsaban el no análisis, el no juzgamiento, el no avance en las indagaciones, a pesar de ser un tema socialmente relevante. Pero siempre hubo quienes entendíamos que estos procesos de búsqueda de verdad y justicia debían hacerse. Fue un tema en la agenda pública como parte de las luchas de las sociales vividas en el regreso de la democracia.
–Desde entonces se avanzó mucho en la investigación sobre estos asuntos…
–Sin duda, y esto tanto por la propia dinámica de los procesos sociales y académicos como por los cambios que hubo en políticas de Estado que promovieron el acceso a los archivos y al conocimiento, incluso en instituciones oficiales. La propia dinámica de los juicios, la formación de áreas que trabajaron sobre los archivos y la información en temas de DD.HH. de ministerios, del Banco Central, el archivo de la Memoria en la provincia de Buenos Aires… También en la academia se generaron estudios, tesis de grado y de posgrado… En nuestra Universidad, en el posgrado que dirijo, Marina Lascano Warnes escribió una tesis sobre el caso Ford (“Cambios y continuidades en la historia de los trabajadores industriales argentinos: 1973-1983: una aproximación a través del caso de Ford Motor Argentina S. A.”) dirigida por la reconocida historiadora Victoria Basualdo. La producción académica sobre las relaciones de trabajo, los conflictos, la acción sindical, se incrementó notablemente, y esto está muy ligado al proceso político y social vivido entre 2003 y 2015, a la acción de los organismos de derechos humanos, a los juicios por delitos de lesa humanidad. Quienes habían sido afectados o habían sufrido de diversos modos el terrorismo de estado pudieron volcarlo de distintos modos, lo que generó una documentación de la que antes no se disponía. Por supuesto que hubo estudiosos que fueron pioneros en investigar estos temas, pero desde 2005/2006 se generó una producción muy voluminosa, acompañada por una clara política de estado, que permitió que los testigos se sintieran más tranquilos y en una situación menos amenazante para hablar. En fin: el sector académico puede contribuir en muy diversos campos. Es importante que las instituciones y organizaciones lo estimulen y promuevan la construcción de una agenda académica vinculada con los desafíos de la agenda pública de la sociedad.
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