La Universidad Nacional de San Martín denunció en el día de hoy que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pretende desafectar 1,2 hectáreas del Campus Miguelete para que las use una empresa, que a su vez será corrida de otro terreno estatal que ocupa actualmente para desarrollar negocios inmobiliarios.
Ante esta iniciativa, desde la UNSAM anunciaron que se llevarán adelante «todas las acciones legales, en el ámbito administrativo y judicial, en defensa de los intereses de la comunidad universitaria, para que se revoque la Resolución de la AABE. En el día de hoy se ha solicitado la suspensión de la medida y se ha interpuesto un recurso administrativo de reconsideración para que se deje sin efecto la resolución».
A continuación se reproduce la comunicación que envió la universidad a su comunidad:
Escribimos estas líneas para informarles acerca de la resolución tomada el 13 de agosto pasado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La medida determina desafectar del uso de la Universidad a un sector del Campus Miguelete, de una superficie aproximada de 1,2 hectáreas, ubicada en las cercanías de la Estación Miguelete del Ferrocarril Mitre.
Según lo consignado en los considerandos de la mencionada resolución, el predio desafectado sería destinado a “reestructurar y relocalizar las actividades correspondientes a los servicios de cargas” que la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) operaba en la Estación Colegiales, destino este que fuera reorientado a desarrollos inmobiliarios.
La medida unilateral tomada por el AABE pretende sustentarse en la potestad del organismo para “desafectar aquellos bienes inmuebles del Estado Nacional… cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido o estado de innecesariedad”.
A todos aquellos que han conocido el Campus antes de que la Universidad se hiciera cargo de él les resultará evidente el esfuerzo realizado en el desarrollo edilicio y territorial durante los últimos 15 años (más de 60.000 m2 construidos o reacondicionados para actividades de enseñanza, investigación y gestión). Este desarrollo habla a las claras de la vocación y el esfuerzo empeñado por la Institución en la construcción de un Campus Universitario, tanto en su infraestructura como en la cantidad y calidad de su oferta académica y producción de investigación, acorde a lo que la sociedad nos demanda y merece.
En la misma dirección vocacional podemos mencionar la infraestructura existente y programada para el sector que se pretende cercenar: en el mismo funciona actualmente el Centro de Vinculación Tecnológica, con importantes proyectos de emprendedores, y están en ciernes la construcción de la sede Miguelete de la Escuela Secundaria Técnica, el Centro de Prototipado Integral de Viviendas Económicas y Sustentables y el Laboratorio de Ciencia y Nanosistemas entre otros. Todas estas iniciativas cuentan con financiamiento propio y externo de la Universidad.
El esfuerzo que realiza la Institución para poner en valor un terreno largamente postergado se ha visto muchas veces entorpecido por la desidia de los organismos que deberían haber, entre otras medidas, retirado el material ferroviario de rezago existente en un vasto sector del campus, el cual genera condiciones de perjuicio ambiental e inseguridad.
Con lo señalado queda clara la inconsistencia argumentativa de la resolución en cuanto a la “falta de afectación específica, uso indebido o estado de innecesariedad”.
No es un dato menor tampoco que la desafectación se realice a los fines de posibilitar que la empresa NCA reestructure y relocalice las actividades correspondientes a los servicios de cargas. La operatoria que se pretende desarrollar en el predio legítimamente ocupado por la UNSAM impactará negativamente sobre todas las actividades que desarrollan en el Campus Miguelete los estudiantes, los docentes y el personal no docente, además de afectar el medio ambiente y el entorno arquitectónico y urbanístico de nuestra casa de estudios.
En ese contexto la Universidad ha decidido llevar adelante todas las acciones legales, en el ámbito administrativo y judicial, en defensa de los intereses de la comunidad universitaria, para que se revoque la Resolución de la AABE. En el día de hoy se ha solicitado la suspensión de la medida y se ha interpuesto un recurso administrativo de reconsideración para que se deje sin efecto la resolución.
Paralelamente se realizarán gestiones al más alto nivel del Estado Nacional para alertar a las autoridades competentes sobre la inconveniencia y falta de mérito de la resolución adoptada por el mencionado organismo descentralizado.
Esperamos recorrer ese camino con el acompañamiento no solo de la comunidad universitaria, sino también con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y entidades de bien público.
Los mantendremos informados sobre los avances que se produzcan en cualquiera de los ámbitos donde estemos tratando el tema.