La Legislatura aprobó el proyecto por el cual la Ciudad de Buenos Aires cede a la Nación por 30 años el usufructo del predio de la ex ESMA y de otros cuatro ex centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura.
La ratificación obtuvo 41 votos positivos del Frente para la Victoria y el PRO, que establece el aval al convenio rubricado en enero pasado por los Ejecutivos nacional y porteño para transferir la administración de la ex ESMA y de los ex centros Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo y Automotores Orletti, tal como ocurrió en la Cámara de Senadores nacional y se prevé su sanción en la de Diputados en la semana próxima.
Puntualmente, al acuerdo abarca al ex Edificio de Casino de Oficiales, el Pabellón Central, La Imprenta , el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex ESMA, todos situados en avenida Del Libertador 8151 al 8461.
También incluye al centro Automotores Orletti, de Venancio Flores 3519/21; Club Atlético, de Paseo Colón 1200; Olimpo de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628/630.
Los legisladores, asimismo, votaron de igual manera un expediente complementario, propuesto por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que establece la disolución del Espacio para la Memoria (IEM), que coordinaba los sitios de memoria y que deja de ser un ente perteneciente a la Ciudad, y crea un Consejo Asesor en Políticas Públicas de la Memoria que «impulsará la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado».
Este Consejo fue incluido en las últimas horas por los legisladores para llegar a un consenso y alcanzar los votos necesarios para la aprobación del expediente debido a que el planteo original del Ejecutivo local solo contemplaba la derogación de la ley que creó el IEM y la transferencia de los trabajadores a la órbita nacional.
Puntualmente, este nuevo cuerpo estará integrado por tres representantes del Ejecutivo de la Ciudad, tres de la Legislatura y uno por cada una de las organizaciones sociales de derechos humanos, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, CELS, SERPAJ y Madres-Línea Fundadora.
Tanto el proyecto para ratificar el convenio, como el proyecto complementario fueron cuestionados por los legisladores de la izquierda y por organizaciones de derechos humanos encabezados por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, quien estuvo presente en la sesión y pidió hacer uso de la palabra en el recinto, lo que fue rechazado por cuestiones reglamentarias. Los legisladores Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Pablo Ferreyra (Izquierda Popular), del interbloque kirchnerista, también se opusieron.
La titular del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, defendió la aprobación al convenio entre la Ciudad y la Nación al sostener que «lo mejor que podemos hacer es que los sitios pasen a la órbita nacional porque hay una política de Estado que va a trascender».
«No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas del Estado de memoria porque fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que hicieron propias las demandas que los organismos de derechos humanos tuvieron por años y las transformaron en políticas nacionales», dijo.
Fuente: Télam