La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizará cinco señalizaciones de ex centros clandestinos de detención, en el contexto del 38 aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, y a 10 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex Esma).
Además se inaugurará el Espacio para la Memoria en el ex centro clandestino Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata.
Este jueves a las 14 se llevará a cabo la señalización de la empresa Ford, y el viernes del ex centro clandestino “Pozo de Quilmes”.
En tanto, el lunes 24, día en que se conmemora el golpe, será el turno “La Escuelita” de Neuquén y de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La señalización forma parte del acto central por los 10 años de la recuperación del predio y de la creación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
La marcación a inaugurarse es una estructura de tres pilares que representan la memoria, la verdad y la justicia, y hacen mención a que allí funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “ESMA” durante la dictadura cívico-militar que asaltó los poderes del Estado desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983.
A las 17 se realizará la convocatoria a la Plaza Universal de los Derechos Humanos (ubicada en el patio central de la ex ESMA); a las 18 la inauguración de la Casa por la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo, y la señalización; y a las 19 el acto central y festival musical, en el que actuarán Bersuit Vergarabat, Los Pericos e invitados sorpresa.
Además, el jueves 27 se señalizará el ex centro de detención del Escuadrón n° 24 de Gendarmería Nacional, en Chilecito, La Rioja, y un día más tarde será la inauguración del ESIM.
La Secretaría de Derechos Humanos indicó que la señalización de los sitios de memoria (Ley Nacional N° 26.691) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal, y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.