El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, dijo ayer al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas que entre abril de 2008 y julio de 2013 se han rescatado 5.428 víctimas, y aseguró que la lucha contra la trata es una política de Estado que no admite vuelta atrás.
Alak informó que “en el marco de 2.463 allanamientos realizados entre abril de 2008 y julio de 2013, hemos logrado rescatar a un total de 5.428 personas sometidas a explotación sexual ó laboral, víctimas todas de delitos degradantes para la dignidad humana”.
Además ratificó el “firme compromiso del Gobierno nacional para profundizar la lucha contra la trata de personas”, y dijo que la “década ganada incluye también la voluntad expresada en abril de 2008 con la sanción de la Ley 26.364, que tipificó a la trata como delito federal y aceleró un proceso institucional que es modelo en el mundo”.
“En Argentina estamos librando una inmensa batalla cultural para erradicar este delito aberrante que encierra fines de explotación sexual y laboral», subrayó el funcionario y dijo que “tenemos que seguir avanzando de modo firme y decidido contra el cliente, porque como venimos repitiendo, sin clientes, no hay trata”.
Alak precisó que “el acompañamiento de la sociedad es vital para luchar contra un delito degradante para la dignidad humana, y nos permite avanzar de manera firme en esta cruzada para penalizar al cliente o consumidor”.
En el informe oficial, la cartera de Justicia y Derechos Humanos informó que “en 2.463 procedimientos realizados entre abril de 2008 y julio último se liberaron 5.428 personas, 4.758 mayores (88%) y 670 menores de edad (12%)”.
Asimismo, el documento elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata conducida por Zaida Gatti, revela que el 53% de las víctimas liberadas (2.856 personas) eran sometidas a explotación laboral, en tanto que el 47% restante (2.545 personas) eran sometidas a explotación sexual.
En torno a la nacionalidad de los rescatados el 56% del total (3.015 personas) eran de origen extranjero; y el 44% (2.413 víctimas) argentino.
Alak señaló que con el decreto 936 de 2011 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que prohibió la publicación de avisos de oferta sexual, se morigeró fuertemente la difusión de imágenes y de conceptos.
Sin embargo advirtió que “la batalla cultural no es lineal, sino permanente, y nos obliga a seguir profundizando las acciones. Hay que adecuar las acciones a las modalidades que el delito adquiere; y vamos a avanzar en la penalización del cliente o consumidor”.
Para el funcionario “es importantísimo el alto nivel de acatamiento de la prensa gráfica al decreto, porque supone un paso gigantesco contra la doble moral y la hipocresía de quienes condenan la trata pero, al mismo tiempo, son vehículos de las organizaciones criminales que convierten a mujeres, niñas y niños en mercancías”.
“La trata de personas excede a una organización delictiva marginal”, advirtió Alak, y precisó que “las acciones ejecutadas también permitieron liberar a peones rurales sometidos a explotación laboral por empresas multinacionales agropecuarias”.
El ministro también recordó que el caso Marita Verón fue “decisivo” para “inaugurar un proceso institucional innovador en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de cualquier otro tipo» en la Argentina, y destacó la lucha llevada adelante por Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida en Tucumán en 2002, víctima de este delito.
En ese sentido destacó el convenio de cooperación firmado en agosto último con la Fundación María de los Ángeles, que «permite que las víctimas de trata de personas rescatadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata sean asistidas en las sedes que la institución tiene habilitadas en las provincias de Tucumán y Córdoba».
El Ministerio de Justicia señaló en un comunicado que «ese acuerdo facilita la contención integral a las víctimas y a sus familias en forma gratuita, lo mismo que el asesoramiento legal, el apoyo psicológico y la asistencia social, además de la coordinación de acciones de cooperación de carácter científico, técnico y de investigación».