El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, con la presidencia del rector Rubén Hallú, decidió rechazar la solicitud de represores de la última dictadura militar, condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad, para estudiar en el Programa UBA XXII “Educación en cárceles”. El cuerpo aprobó también una declaración de enérgico repudio a la destitución del presidente Fernando Lugo y su rechazo al ataque institucional llevado a cabo, así como su solidaridad con el pueblo paraguayo y con la plena vigencia de la democracia. Ambas resoluciones fueron aprobadas por la unanimidad de los consejeros superiores.
Éste debate surgió a partir de la intención de los represores Donda, Rolón y Suárez Mason de acceder al programa, acudiendo a la Justicia ante el primer rechazo de la UBA. Ante esa situación, el Consejo Superior decidió formar una Comisión de Notables Ad Hoc (compuesta por legistas y, a pedido de la representación estudiantil por la mayoría, docentes de distintas facultades), para aconsejar a la Universidad sobre la postura a tomar. La posición tomada por esta comisión -que ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior- es clara: quienes estén procesados o condenados por delitos de lesa humanidad no deben tener lugar en la Universidad de Buenos Aires.
El despacho que en uno de sus considerandos dice que ninguna universidad del mundo aceptaría a quienes “victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia”, fue elogiado por el rector, quien destacó la pluralidad de personalidades que se pronunciaron sobre la cuestión y que “lograron que la comisión de Interpretación y Reglamento redactara por unanimidad una resolución que en este Consejo se aprueba también unánimente”.
Igal kejsefman, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, declaró: “Quienes estudiamos y/o militamos en una universidad pública, no podemos permitir que quienes sembraron el terror en nuestra sociedad, torturaron, desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras, estudien “como uno más”, olvidando que ellos mismos silenciaron el conocimiento crítico universitario, asesinando a miles de docentes y estudiantes durante la ultima dictadura militar. Estos represores no son responsables de un delito cualquiera, son responsables de un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible ya que su daño a la humanidad se perpetúa en el tiempo.”
Por su parte, Pablo Vensentini, consejero superior por la mayoría estudiantil, agregó: “Desde la Presidencia FUBA, saludamos nuevamente este rechazo, esta decisión, que veníamos exigimos al Consejo Superior desde nuestro claustro estudiantil, de que la UBA decida que los procesados o condenados por genocidios no pueden estudiar en nuestra universidad. Porque creemos que como universidad, es imprescindible reafirmar una postura de compromiso inclaudicable con los derechos humanos en nuestro país”.