La diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, se manifestó con preocupación con respecto a los hechos de torturas filmados en una comisaría de Salta: “Dudo que sea como dice el gobernador salteño, ‘que esos policías son meros delincuentes’. Yo creo que esas prácticas están muy institucionalizadas en esas fuerzas policiales, porque es una provincia donde el accionar violento está naturalizado, permitido por omisión estatal y fundamentalmente por falta de control externo”.
Por otro lado, la referente del FAP comentó que “no es menor que este hecho de torturas se haya denunciado por las autoridades locales, luego que un estremecedor video de dos personas siendo torturadas por oficiales policiales haya sido subido a internet y descubiertas por los compañeros de los detenidos. Digo, la impunidad llega tan lejos que estos oficiales no sólo no dudan en hacer un interrogatorio en condiciones totalmente ilegales, similares a las que usaban los torturadores de la dictadura, sino que suben las imágenes a internet en un acto casi de desafío, de demostración de la autoridad que detentan, seguramente sin pensar en que mayores consecuencias iban a tener. Dudo que esto sea una idea loca de dos o tres personas; esto debe estar incorporado en las prácticas diarias de esa fuerza policial”.
Finalmente, Donda sostuvo que “a principios de este año se dio media sanción a la ley que crea el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura en Salta. Hechos como estos demuestran que se hace más que urgente su constitución con la autarquía y la autonomía en el ejercicio de sus funciones necesarias, de los demás poderes del Estado, a los que tiene que controlar; para denunciar, prevenir y erradicar estas prácticas tremendas como estas de las fuerzas de seguridad. Y una vez más, reclamo sin descanso a las autoridades nacionales que se promulgue de una vez el Mecanismo de prevención Nacional, que hace meses duerme en el Senado de la Nación, gracias a que el FpV hasta ahora no ha dado el quórum necesario para dictaminar dicho proyecto en las comisiones asignadas, para que sea ley, que a fin de año el mismo perdería estado parlamentario, y el Estado argentino seguiría prolongando la mora en que se encuentra actualmente desde el 2006 por no sancionarlo”.