El diputado nacional del FAP, Roy Cortina, consideró que la decisión judicial de aceptar al Estado Nacional como querellante, «enciende una luz amarilla» en la causa penal iniciada por la tragedia de Once.
“No es un buen augurio para el desarrollo de la investigación porque, aun cuando deja a salvo la posibilidad de alcanzar a funcionarios, el Poder Ejecutivo armó una red de protección para cubrir su culpabilidad”, sostuvo el legislador socialista.
Y agregó: “En definitiva, lo que se hizo fue abrir la puerta para que el Gobierno Nacional acceda al expediente y obstaculice el esclarecimiento de los hechos”.
En el mismo sentido, expresó: “No quisiéramos tener que dudar de la imparcialidad de la Justicia, pero esta resolución ha sido funcional a la estrategia oficial de evadir responsabilidades y resulta llamativa frente al empecinamiento de la Presidenta de la Nación de esperar los avances judiciales, como una forma de ganar tiempo”.
“La gravedad de la situación hace que no se pueda seguir esperando y el nuevo informe de la auditoría viene a ratificar los anteriores en cuanto a la existencia de causas suficientes para rescindir de inmediato la concesión de TBA”, finalizó Cortina.