Luego del incremento del 100 por ciento en las dietas de los diputados y senadores nacionales, funcionarios y referentes de la política argentina repudiaron el mismo.
El diputado nacional por Movimiento Proyecto Sur Jorge Cardelli denunció, en ese sentido, que “hay un plan de ajuste para reducir la planta de empleados de la cámara”, por el cual se echaron a 1200 trabajadores los últimos meses. “En este contexto, no es justo el aumento, por eso Proyecto Sur no lo firmó”.
“Es cierto que en relación a otras cámaras y funciones, los salarios de quienes ocupamos bancas en el Congreso Nacional estaban retrasados, pero eso no justifica que podamos percibir un ingreso mensual de alrededor de 35 mil pesos cuando todavía hay muchos trabajadores en la Cámara que ganan 2.100 pesos, lo cual representa sólo un tercio de la canasta familiar”, sostuvo Cardelli al resaltar que debería existir un techo salarial para los funcionarios públicos y hacerse públicos los montos que se perciben en todas las dependencias de gobierno .Además aseguró que «en momentos en los que se recortan los beneficios a los trabajadores con aumentos en los transportes públicos y bajas en los subsidios, este aumento no tiene correlación con la situación social y acrecienta la brecha salarial”.
Por su parte, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, manifestó: “Nos parece un despropósito este aumento decretado por el oficialismo, en momentos en los que las paritarias que se están discutiendo y existe una fuerte presión por parte del mismo oficialismo para que los acuerdos no superen el 20%”.
A su vez, la legisladora del FAP aclaró que «nosotros nunca fuimos consultados sobre este incremento, que nos parece totalmente desmedido con respecto a la realidad de la gran mayoría de nuestra gente. La que debería aumentar un 100% es la credibilidad que el pueblo tiene sobre sus legisladores”.
“En un país que tiene un 35 % de la población por debajo de la línea de pobreza, que los diputados se asignen este tipo de salario es una locura”. Esto señaló Jorge Altamira, referente del Partido Obrero, en la tarde de ayer.
“Cuando fui legislador de la Ciudad, presentamos con otros diputados de izquierda un proyecto que vinculaba el salario del parlamentario al convenio colectivo de CTERA, es decir, al salario de un trabajador. Se trata de algo muy profundo: el que está en política y establece un privilegio económico en su favor, está distorsionando la representación popular. Porque, en ese caso, nunca se va a saber si quien es electo quiere mejorar una situación personal o quiere representar políticamente a su pueblo”, sostuvo.
“Debe haber una relación entre lo que cobra un trabajador y lo que cobra un parlamentario. Y si el parlamentario quiere cobrar mejor, entonces que suban la condición de vida y el sueldo de los trabajadores. Por otra parte, y a la hora de discutirse una ley, el poder político y los intereses económicos saben que tienen que operar como lobbystas sobre representantes políticos que, por sobre todo, quieren mantener sus pregorrativas económicas. Esta distinción enorme en el nivel de vida entre un parlamentario y un trabajador vulnera cualquier principio democrático” “Los socialistas, toda la vida, han dicho que un representante del pueblo no puede ganar más de lo que gana un trabajador calificado”, concluyó.