El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, firmaron ayer un convenio para que las víctimas y los querellantes por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar se trasladen por la línea aérea de bandera a los lugares donde se realizan los juicios.
Alak explicó que el convenio se relaizó en el contexto del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que ejecuta la cartera a su cargo, y permitirá “acciones de cooperación y asistencia operativa para facilitar todo lo vinculado a la protección de la identidad de los testigos que participan en las causas por delitos de lesa humanidad”.
En el acto que se realizó en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), participaron también el titular de ese organismo, Daniel Reposo; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el director de Aerolíneas Argentinas, Wado de Pedro, y el representante de la Agrupación Hijos, Agustín Cetrangolo.
Por su parte, Recalde manifestó sentirse “satisfecho por contribuir a una política de Estado que busca poner fin a la impunidad con la concreción de los juicios”.
El secretario Julián Álvarez sostuvo que el acuerdo “es producto de una lucha por la identidad”, y explicó que “en este caso se trata de la lucha por la identidad de un Estado presente, activo, fuerte e inteligente, de cara al tercer centenario de la Patria”.
Justicia informó que el convenio que firmaron Alak y Recalde prevé «acciones de cooperación y asistencia operativa mutua entre la cartera de Justicia y la empresa aérea, para asegurar el traslado de testigos, víctimas, querellantes e imputados vinculados a procesos penales en los que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad, de trata de personas u otras figuras comprendidas en la Ley 25.764».
Explicaron que se van a generar mecanismos para «agilizar la emisión de los tickets aéreos» para esas personas.
Además la cartera nacional enfatizó que la identidad de las personas incluidas en este programa exige la estricta confidencialidad para la protección de los testigos. Por eso, la información que manejen el Ministerio y la compañía tendrá carácter de reservada.
En la ceremonia estuvieron también el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia, Ana Casal; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; el titular del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, y el director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Darío Díaz.