La gestión macrista convirtió en reservada la información que produzca el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de acuerdo a la reglamentación anunciada en el Boletín Oficial la semana pasada.
“Todos los documentos producidos por el Comité tendrán carácter reservado y no podrán ser dados a publicidad sin el consentimiento expreso y escrito de la mayoría absoluta de sus miembros”, señala el texto.
En referencia a la medida, voceros del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que «la norma administrativa no puede modificar una ley, surgida del poder soberano que representa la Legislatura, órgano que ha reconocido luminosamente el derecho al acceso a la información en la Ley 104».
En ese sentido, explicaron que el Comité se creó «justamente para evaluar y mostrar ante la sociedad el avance en las políticas de seguridad».
«Un Comité de esas características realiza trabajos para publicarlos: esa es la razón de su existencia», sostuvieron, y aseguraron que «de lo contrario, no se encuentra sentido a su motivación legislativa».
En otra parte de la reglamentación del Comité, el Ejecutivo porteño informó que el incumplimiento de esa decisión de hacer reservada la información «podrá ser considerado como causal de remoción por incumplimiento, por parte del integrante que hubiera dado a publicidad el contenido de algún documento sin contar con la autorización previa”.
Por ese motivo, desde el ODH indicaron que la resolución «es propia de regimenes autoritarios y es intimidante para los trabajadores del Comité, a quienes se les asigna una responsabilidad propia de un servicio secreto de información cuando, por el contrario, están obligados a trabajar por mandato de la Ley 3253 para evaluar y hacer recomendaciones públicas sobre la política de seguridad en la Ciudad».
De esta manera, el Observatorio se pronunció contra la metodología utilizada y reclamó «la inmediata derogación, sin perjuicio de solicitar el oportuno control constitucional ante los estrados judiciales».