Organizaciones sociales y vinculadas a la defensa de los DDHH se movilizarán el jueves en la capital cordobesa. Repudian los masivos procedimientos de la fuerza, que consideran que expresan la «política represiva» del gobernador, José Manuel de la Sota.
La protesta, convocada para las 17 en la esquina de Colón y General Paz, en el centro de la capital provincial, tendrá por finalidad pedir al Ministerio de Justicia de Córdoba, así como al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia que intervengan para frenar la represión policial.
El abogado Lucas Bruno, responsable de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Córdoba, aseguró a la prensa que causan preocupación los operativos, denominados de “saturación”, como concretados por la Policía en 16 barrios de la capital cordobesa, y agregó que expresan “la problemática del Código de Faltas”, por las excesivas atribuciones que concede a la fuerza policial.
«Nosotros consideramos que la represión policial, las prácticas abusivas y las detenciones arbitrarias no contribuyen una mayor seguridad. Lo único que hacen es fomentar la violencia social, la exclusión social, y esto redunda en mayor inseguridad», expresó Bruno.
Por su parte, Magdalena Brocca, coordinadora del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Secreatría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, precisó que el objetivo es que la marcha del próximo jueves termine en el Palacio de Justicia, para “pedirle una entrevista” al fiscal General, Alejandro Moyano.
«La Policía se ampara en que continuará con acciones como las realizadas (durante el fin de semana) para prevenir supuestamente el delito, pero lo hace a partir de operativos ilegales, sin órdenes de allanamientos, ni de detención», expresó Brocca, que instó a participar de la marcha.
Por el contrario, el comisario Mario Tornavaca, quien estuvo a cargo del operativo con unos 1.500 efectivos policiales en las calles, justificó lo realizado, que incluyó más de un centenar de detenciones y numerosos allanamientos, al sostener que se trató de un “operativo de saturación con fuerte ocupación territorial en la ciudad de Córdoba”, y añadió que fueron “operativos sorpresas”, en el marco de acciones desplegadas para “darle mayor seguridad a la gente”.
Por su parte, la oposición en la Legislatura cordobesa anticipó que solicitará en los próximos días la presencia en el recinto del ministro de Seguridad, Walter Saieg, y del propio jefe de la Policía, comisario Julio César Suárez, para que den explicaciones sobre los «procedimientos policiales de saturación» concretados durante el fin de semana pasado.
Ricardo Fonseca, legislador del Frente Cívico y Social, esgrimió: «estos procedimientos son parte de un gobierno desorientado, porque nunca tuvo una política de Estado en materia de seguridad».
En forma periódica se suceden en Córdoba denuncias por supuestos casos de abuso policial o de muertes por «gatillo fácil», lo que hizo que en noviembre pasado se concretara la «Marcha de la Gorra», en la capital provincial, ocasión en la que organizaciones sociales, políticas y juveniles pidieron la anulación del Código de Faltas de la provincia por las amplias atribuciones que concede a la Policía.
Según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, durante 2014 se han registrado nueve casos de jóvenes muertes por casos de «gatillo fácil», razón por la cual en los últimos seis meses hubo numerosas marchas organizadas por los familiares de víctimas del accionar policial para pedir «el cese de la represión policial del gobierno de José Manuel de la Sota».
TELAM