Ayer se mantuvieron encuentros informales entre los principales referentes de las distintas fuerzas en la Legislatura porteña para ultimar los detalles del proyecto que se tratará mañana en una sesión especial. En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño rechazó pedir licencia y pidió que se haga el juicio oral «en breve».
Por la mañana, diputados de la oposición porteña manifestaron un principio de acuerdo para la sesión especial de mañana en la que debatirán los cursos de acción frente a la confirmación del procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas.
“He escuchado las declaraciones de los dirigentes del PRO, el fallo lo que señala es que hubo un sistema de escuchas ilegales. Oyarbide a lo mejor no era un juez confiable pero la cámara ratificó con unanimidad”, explicó Adrián Pérez de la Coalición Cívica, en declaraciones a radio Millenium.
“El hecho es de una gravedad importante y amerita que haya una investigación en la Legislatura”, completó.
El diputado calificó como «absurdos» los comentarios acerca de que cuestionar a Macri es ser funcional a Kirchner. «Se señala que es ser funcional al kirchnerismo. La verdad es que hay un fallo de cámara de forma unánime», recordó.
En ese sentido, aseguró que «hay elementos que la Ciudad no ha podido explicar» al tiempo que opinó que «me parece que el hecho es de una gravedad impresionante». ”Que exista un sistema de escuchas en el marco de la democracia es algo que cuestionamos”, subrayó.
“Acá (Jorge) Palacios fue designado por el macrismo, (Osvaldo) Chamorro fue asignado, (Ciro) James también, y ellos eran los que llevaban adelante este esquema de escuchas”, señaló Pérez.
«Acompañaremos la comisión investigadora, pero debemos ser cuidadosos de la institucionalidad de la Ciudad, que no puede quedar acéfala por la imprudencia de Gabriela Michetti de renunciar a la presidencia de la Legislatura para ir como candidata a diputada nacional», sostuvo la diputada Diana Maffía, también de la CC.
Por su parte, el legislador por el PJ, Diego Kravtez, dijo que “es la primera vez que tenemos en la Ciudad a un jefe de Gobierno procesado con el procesamiento confirmado”.
“Esto es grave. No es normal lo que está pasando. Acá tenemos una situación que es absolutamente anómala”, completó. Y aseguró, en declaraciones a radio Del Plata: “La comisión investigadora sirve para dilucidar la responsabilidad política del jefe de Gobierno».
A su vez, Fabio Basteiro, titular del bloque de Proyecto Sur, dijo que su fuerza reclama que Macri se haga presente en la Legislatura y que “pida licencia para que la Justicia pueda continuar investigando”.
«Una comisión investigadora tiene que tener la capacidad de abordar la cuestión política, de responsabilidad que existe de parte del jefe de Gobierno y su gabinete», enfatizó el legislador.
De cara a la sesión especial de mañana, Basteiro recalcó que «es imprescindible que el arco opositor unifique posiciones».
“Exigimos la constitución inmediata de una comisión investigadora en la Legislatura, institución de la democracia donde residen los representantes genuinos de la voluntad popular de los porteños”, enfatizaron las autoridades de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires ante la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Ayer, apenas conocida la decisión de la justicia federal, el radicalismo porteño impulsó la constitución de una Comisión Investigadora Parlamentaria a fin de “esclarecer todos los hechos que han tomado estado público en los últimos meses, sobre delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita”.
El titular del comité local, Carlos Mas Vélez, junto a su secretario general, Emiliano Yacobitti, evaluaron que la respuesta judicial “sinceramente, no nos sorprende. Participamos en los días previos a la asunción de los nuevos legisladores de todos los ámbitos multisectoriales que repudiaron la designación y exigieron la remoción del cargo de Jorge «Fino» Palacios como Jefe de la Metropolitana. Fue el preanuncio de la pesadilla que se abatió sobre los porteños”.
“Éramos los ciudadanos –continuaron- viendo como se creaba una nueva fuerza para velar por la prevención y la seguridad de los vecinos, y la inmediata ubicación en puestos clave de hombres expulsados de otras fuerzas de seguridad o de repudiable conducta en resonantes hechos del pasado reciente.”
Mas Vélez y Yacobitti evaluaron que “la mera insinuación de que se haya creado una estructura paraestatal de inteligencia en el seno del GCBA es suficiente motivo para que el Jefe de Gobierno hubiera tomado cartas en el asunto y hubiese removido de un plumazo a toda esa «nueva vieja» cúpula”. “Sin embargo, agregaron, fue el mismo Macri quien sostuvo que era el mejor policía que había conocido y que no sería removido por nada. Convicción que no logró superar el mes de gestión”.
Finalmente se lamentaron porque, dijeron, “todo indica que esta nefasta práctica propia a tiempos de la Argentina que creíamos desterrados contó con el conocimiento del actual Jefe de Gobierno”.
Los radicales invitaron a “todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a acompañar esta iniciativa”, que calificaron de “indispensable para la prosecución de una vía institucional que no conlleve una profunda crisis institucional”.
Por su parte, el presidente del bloque Igualdad Social, Martín Hourest, manifestó que “teñir de sospecha a toda la justicia como lo hace Macri, abre la puerta a concebir como aceptable ejecutar la justicia por mano propia. Es un discurso violento que pone a los más débiles en una situación de indefensión insostenible”, dijo el legislador quien además, haciendo alusión a que el jefe de Gobierno sorprendió a la opinión pública habiéndose afeitado el bigote justamente en esta oportunidad, manifestó que “no es hora de cambios estéticos sino de verdades profundas y actos ejemplificadores”.
“La justicia debe esclarecer las responsabilidades penales de Macri y la legislatura evaluar las responsabilidades políticas. Macri no puede ni debe victimizarse. Víctima es la ley de seguridad violada por montar una estructura de inteligencia, víctima es la transparencia cuando se nombran espías en áreas para hacer inteligencia o participar de internas empresarias, víctimas son los deberes de los funcionarios públicos cuando el Jefe de Gobierno miente, oculta y manipula información y asegura estar a disposición de la Legislatura”, concluyó enfático Hourest.
En tanto, el Partido Obrero se movilizará hoy a las 17 hs a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar el juicio político a Mauricio Macri y su inmediata suspensión en el cargo.
Al fallo de la Cámara Federal confirmando su procesamiento, el Partido Obrero sumará un hecho de inusitada gravedad: en una reunión con representantes de la DAIA y la AMIA, Macri afirmó que “Palacios fue nombrado en su cargo por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”, tal como lo consignó textualmente el diario La Nación en su edición del 4 de julio pasado.
Desde el PO señalaron: «Esta revelación acentúa la responsabilidad penal y también política de Macri. Según su propio reconocimiento, la red de espionaje ilegal ha sido construida en conexión con servicios de inteligencia de potencias extranjeras, caracterizados por su actividad conspirativa y violatoria de la soberanía y las libertades en numerosos países. Reclamamos la inmediata destitución de Macri y su juzgamiento por esta asociación ilícita agravada».