Así lo anticipó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Ayer, un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario prohibió el uso de estas armas paralizantes por considerar que viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
“Nosotros vamos a apelar la decisión de la Justicia y vamos a empezar a explicarle a los vecinos qué es lo qué estamos haciendo y por qué, para que la mayoría silenciosa también se pueda expresar”, dijo a Radio La Red.
El funcionario criticó el fallo de la jueza Andrea Danas, titular del juzgado N 9 de la Ciudad de Buenos Aires, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos.
Para Montenegro, este fallo responde a la presión de “minorías politizadas” y va en contra de las necesidades de la “mayoría silenciosa”.
“Es parte de una minoría politizada que genera este tipo de acciones como parar la construcción de comisarías, no ir adelante con las leyes. Esto tiene que ver con una minoría politizada que le está complicando la vida a una mayoría silenciosa que lo único que quiere es tener una mejor calidad de vida”, señaló.
Además, acusó a la oposición de “no entender lo que la gente necesita” y “hacer política” con un tema que no es politizable.
“Veo un desconocimiento y una falta de criterio realmente importante porque plantear que esta pistola es un elemento de tortura es plantear también que un palo, un balde, una cuchara, todo puede ser un elemento de tortura de acuerdo a la mala utilización que se haga de ese elemento. Y no creo que Suiza, Suecia, Inglaterra, Gales, Escocia, Francia, Alemania estén en desacuerdo con los organismos internacionales en lo que tiene que ver con la tortura”, manifestó.
Montenegro defendió la incorporación de estas armas paralizantes como herramienta de la Policía Metropolitana porque “la idea es darle al policía un elemento entre la fuerza física y el arma de fuego para que pueda realizar mejor su tarea”.