A través de un decreto firmado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dispuso que todo buque que navegue por las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur deberá ser autorizado por el Gobierno.
El decreto presidencial dispone que todo buque que quiera transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos en Malvinas e islas del Atlántico Sur deberá solicitar autorización previa expedida por autoridad competente. L
La decisión del gobierno surge en momentos en que empresas petroleras británicas anunciaron el inicio de las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa.
El decreto presidencial subraya que «todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos».
El decreto 256, firmado esta mañana por la jefa del Estado, dispone además la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, la que estará integrada por representantes de las áreas pertinentes de los ministerios de Planificación, Justicia, Economía, Industria y Turismo y la Cancillería.
Esta comisión tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para aplicar el decreto y actuar como organismo de asesoramiento y consulta de la autoridad nacional competente.
La medida expresa que el Ministerio de Planificación, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; el Ministerio de Justicia, a través de la Prefectura Naval, y los ministerios de Economía e Industria dictarán, en el ámbito de su competencia, las normas reglamentarias que resulten necesarias.
En los considerandos del decreto se señala que la Argentina «ha puesto en conocimiento de las empresas vinculadas con las ilegítimas actividades propiciadas» por Gran Bretaña, «y de los gobiernos de los países en que dichas empresas tienen su sede, tanto su posición como su protesta ante el gobierno británico».
Se enumeran además las diversas resoluciones de la ONU, de la OEA y de otros organismos internaciones que han reconocido «una disputa de soberanía» debido a la «ilegítima ocupación» de las Islas Malvinas, incumplidas por Gran Bretaña.
También se detallan las normas dictadas por la Argentina en defensa de sus recursos naturales, en espacios marítimos e insulares que son «parte irrenunciable del territorio nacional», y que, entre otras, fundamentan el decreto 256.
La firma del decreto fue anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa que brindó en el Salón Sur.
Fernández sostuvo que «es de público conocimiento que el Reino Unido ha comenzado la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona de las islas Malvinas» y recordó que la Argentina ha insistido en todos los foros internacionales que Gran Bretaña debe ajustarse «al derecho internacional», en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
Agregó que «el Reino Unido mantiene su negativa a dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a que `reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica, justa y duradera de la disputa».
El jefe de Gabinete indicó que «persiste el incumplimiento británico a la disposición de no innovar», establecida en la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.
Fernández mencionó la ocurrencia de «sucesivos episodios vinculados a la exploración de recursos naturales» y recordó que el Ministerio de Planificación, en marzo de 2007, a través de la Secretaría de Energía dictó la resolución 407/07 por la cual «se busca preservar los recursos naturales» en la plataforma continental argentina de parte de terceros que no cuenten con aprobación».
«Esto tiene que ver con la defensa de los intereses de los argentinos, no sólo de la soberanía, que no es necesario remarcar porque forma parte del pensamiento de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, sino de todos los recursos que pudieren existir» en la zona de Malvinas y en la plataforma continental de la Argentina, sostuvo Fernández.
«El gobierno ha protestado enfáticamente ante el gobierno de Gran Bretaña por actos unilaterales, objeto de esta controversia», indicó. El ministro recordó además que la Constitución Nacional, en la modificación realizada en el año 1994, establece «la legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas».
El 10 de febrero último, la Cancillería denunció que el buque de bandera extranjera Thor Leader iba a ser empleado en el puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura producido en la Argentina.
Ese material «fue prohibido por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables por haber incurrido en contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina», se indicó.
La Cancillería agregó en aquel momento que «los registros de navegación de dicho buque indican que en enero pasado operó en Puerto Argentino, sin que obren constancias de haber sido despachado por las autoridades portuarias argentinas competentes».
Diputados nacionales avalaron el decreto de la presidenta y consideraron una «acción que violenta la soberanía» del país a la decisión de empresas petroleras británicas de iniciar tareas de exploración de hidrocarburos en la zona.
En el marco de la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, los diputados de las diversas fuerzas políticas del Parlamento acordaron además convocar a funcionarios de Cancillería a fin de acceder a los detalles del decreto presidencial y así elaborar una declaración de rechazo a la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Malvinas por parte de Gran Bretaña.
«Todo lo que podamos hacer contra este intento de avasallamiento de Gran Bretaña contra la soberanía argentina debe ser alimentado», aseguró, al ser consultado sobre la decisión del Gobierno nacional, el diputado de Peronismo Federal Alfredo Atanasoff, quien asumió la titularidad de la Comisión que quedó, de esta manera, formalmente constituida.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara baja, el diputado radical Ricardo Alfonsín dio su conformidad al decreto que regula el tránsito marítimo en la zona de las islas y consideró que el comienzo de las exploraciones de hidrocarburos a cargo de Gran Bretaña «afecta a la soberanía» de Argentina.
«Aquí estamos todos comprometidos en esta verdadera causa nacional», aseveró el diputado radical en declaraciones formuladas durante la reunión de la Comisión.
En ese marco, el diputado del Frente para la Victoria Ruperto Godoy propuso la posibilidad de convocar «cuanto antes» a funcionarios de la Cancillería para poder interiorizarse de los alcances del decreto y «consensuar, así, un proyecto de rechazo a la acción de Gran Bretaña que sea tratado en la primera sesión ordinaria de la Cámara».
«Este tipo de acciones unilaterales violentan nuestra soberanía y las resoluciones de Naciones Unidas y por eso hay que darlo a conocer a la comunidad internacional», dijo el diputado sanjuanino.
La convocatoria fue respaldada por las diversas fuerzas políticas que dijeron que aguardarán a los funcionarios de Cancillería «entre mañana miércoles y el jueves a más tardar», pero advirtieron que deberá ser antes del viernes, día en que se prevé la llegada de la plataforma británica Ocean Guardian a las Islas para dar comienzo a la exploración petrolera en la zona.
Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, consideró que el decreto que firmó la Presidenta, que establece que todo buque que transite entre puertos continentales y las islas deberá pedir autorización al Gobierno, es “un hecho concreto y contundente de resguardo” de la soberanía. Y consideró: “No podemos permitir que Gran Bretaña siga avanzando de manera ilegal”.
“Estamos totalmente de acuerdo porque no podemos permitir que Gran Bretaña siga avanzando de manera ilegal y explotando recursos no renovables que no les pertenecen», afirmó Ríos, según se informó mediante un comunicado.
La gobernadora manifestó además la vocación de su administración de fortalecer desde su jurisdicción el reclamo argentino «que debe ser pacífico, pero también proactivo y contundente”, como calificó a la medida tomada por Cristina Fernández de Kirchner
Y convocó a «la unidad de todos los fueguinos sin distinción de banderías políticas” para defender los “espacios territoriales y marítimos de la usurpación extranjera, haciéndonos cargo plenamente de la responsabilidad que nos da la ley de provincialización y la ley de límites: ser la Provincia que tiene el orgullo de incluir en su territorio a nuestras Islas Malvinas».
En ese marco, la mandataria provincial anticipó que pondrá a disposición del nuevo esquema establecido por el decreto «a todas las áreas del Gobierno provincial para que colaboren en lo que sea necesario para los controles que requieran ser aplicados».
Fuente: TÉLAM
