Carta Abierta a las Fuerzas Populares y Progresistas

Por Fuerza Popular de Liberación

Un proceso en curso

A esta altura de los acontecimientos, es innegable que nuestro país vive un proceso que merece la atención e intervención de los sectores populares y progresistas.

Este proceso no es lineal, sino por el contrario lleno de contradicciones, con idas y vueltas, con marchas y contramarchas. Con un gobierno, en sus dos versiones, que ha marcado diferencia con los anteriores, contando como logros la recuperación de fuentes de trabajo, la nacionalización de las AFJP y Aerolíneas Argentinas, el recambio de la anterior Corte Suprema adicta, el avance de los juicios a los genocidas, el futbol para todos y la Ley de Medios Audiovisuales, la Asignación Universal por Hijo, la apertura de paritarias y la 125 que, pese a sus errores, puso sobre el tapete el rol del Estado en materia político-económica sobre la renta extraordinaria del sector monopólico agroexportador.

Lo mismo en materia regional. No cabe duda que la actual política exterior difiere ampliamente a la sostenida durante la década del ’90, con las relaciones carnales y la sumisión absoluta a Washington. En ese sentido se destaca el aporte al freno del ALCA en Mar del Plata y la reconstrucción de relaciones político – comerciales con países de Latinoamérica, con centro en el Mercosur y la Unasur. Esto en un continente en pleno proceso de cambio, con países más avanzados y decididos -en torno al ALBA- que otros, con golpe cívico-militar pro-norteamericano en Honduras, intentos secesionistas en Bolivia y una Haití sumida en la catástrofe, producto de las continuas injerencias del Norte y el golpe de gracia de la naturaleza.

Al mismo tiempo, sería imperdonable obviar los continuos zigzagueos en su política, que son demostración de los límites manifiestos de un gobierno que no se ha atrevido a impulsar una política transformadora sobre la base de la movilización popular, replegándose a la estructura tradicional del PJ y estructurando alianzas poco o nada permeables a un cambio profundo redistributivo en nuestro país.

La derecha, aun con dispersión y en disputa intestina, con sectores en su interior claramente desestabilizadores y fogoneados por los grandes medios oligopólicos y los sectores dominantes agro exportadores, utiliza las contradicciones y errores del ejecutivo para deslegitimar y por ende debilitar no solo al gobierno, sino también cualquier proyecto que busque ir a más en este proceso. Los representantes políticos del Acuerdo Cívico y Social, el PJ “disidente” y el PRO, defensores de los grandes intereses económicos trasnacionales, pretenden revertir los avances alcanzados y poner en caja a todo intento superador, de rumbo nacional, popular y de profunda integración continental.

Un debate pendiente

El conflicto entorno a la utilización de las reservas del BCRA para el pago a los acreedores privados por 6500 millones de dólares, abrió una vez más una brecha desde el cual los sectores más retrógrados pretendieron generar un estado de crisis institucional a partir del atrincheramiento del Chicago Boy Martín Redrado en la presidencia del Central. Esto con acuerdo previo con la cúpula de UCR y su “presidenciable” Cobos, y el respaldo de jueces funcionales a estos intereses. Todos bajo el argumento de la autarquía manifiesta en la Carta Orgánica.

Estos sectores, lejos de un planteo superador, buscan realizar el pago a los bonistas sobre la base del ajuste presupuestario y el endeudamiento externo a tasas cada vez mayores. Desde esta base, marcamos distancia de lo dicho por CFK, al afirmar que la deuda es legítima por haber sido reconocida por anteriores gobiernos constitucionales. Al mismo tiempo, es necesario marcar en forma sincera la incorrecta actuación del Pino Solanas y otros diputados y legisladores porteños de Proyecto Sur, al promover una denuncia penal contra el ejecutivo por la creación del “Fondo del Bicentenario”, no porque se acuerde con el desembolso, sino por el contexto político en el que fue realizada la denuncia y el reclamo en su interior de respeto a una Carta Orgánica funcional a un modelo neoliberal.

En ese sentido, consideramos humildemente que el eje de la cuestión para los sectores populares y progresistas debe pasar por:

·         Impedir la utilización para el pago de la deuda de fondos presupuestarios, permitiendo así mayores partidas para la inversión social y la redistribución de las riquezas.

·         Priorizar la deuda interna, es decir: el combate a la pobreza, la crisis habitacional, del sistema de salud y educación pública.

·         Impulsar una comisión con participación parlamentaria, de las organizaciones populares, sindicales e intelectuales, que desarrolle una profunda investigación sobre los orígenes y fines de la deuda externa -que hoy alcanza los 140 mil millones de dólares- y un Gran Debate Nacional hasta ahora pendiente, sobre su legitimidad. La Comisión Investigadora debería determinar los componentes legítimos e ilegítimos de la deuda, como paso previo a un plebiscito vinculante sobre el pago de los mismos.

·        Al mismo tiempo, se transforma en fundamental avanzar en la reforma de la Ley de Entidades Financieras –otra herencia de la dictadura, que forjó las bases del neoliberalismo- y la Carta Orgánica del Central, con eje en la banca pública, la producción, el trabajo y el desarrollo nacional.

Urge la unidad popular y progresista

Para poder avanzar sobre estos puntos y parar en seco a la derecha neoliberal acechante, es imprescindible avanzar en un verdadero espacio de unidad de las fuerzas populares aun atomizadas y el progresismo, superando mezquindades y oportunismos, tras un proyecto que tome como piso lo conseguido en los últimos seis años y vaya por más, profundizando el proceso existente.

Esta unidad debe ser desde abajo hacia arriba, impidiendo caer en un mero electoralismo. Hay que aprender de errores pasados e imbuirnos de los vientos de cambio que cabalgan por el continente. Este debe ser nuestro norte, o mejor dicho nuestro Sur.