La titular del Comité Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja afirmó que «hay que adecuar la legislación» vigente tras el reciente fallo de Corte sobre el denominado caso Arriola, que declaró inconstitucional la tenencia de drogas para uso personal.
Cuñarro dijo a Télam que «las prepagas y obras sociales estarán obligadas a invertir en prevención; y los hospitales, con sus recursos, deberán reorganizarse para cumplir con el fallo de la Corte», y alertó que «cualquier funcionario que incite a desconocer el fallo puede llegar a incurrir en delito».
No obstante admitió que «ajustar lo que dijo la Corte lleva tiempo, para evitar la desproporcionalidad de las penas, y hay que tener fórmulas elásticas para que el juez tenga en claro si es una persona de abuso de consumo o un comerciante».
La fiscal explicó que el fallo de la Corte «dice que no se puede incriminar a aquella persona que no haya afectado el interés de un tercero o que no se haya afectado a sí mismo» y en el caso puntual sobre el que falló la Corte señaló que «se comprobó que no eran adictos y no eran comerciantes».
«El fallo exhorta a los poderes públicos nacionales provinciales y municipales a hacer de aplicación efectiva todos los instrumentos de derechos humanos», indicó Cuñarro, y señaló que «el urgente y prioritario es todo aquel que evite o restrinja el acceso ilimitado a estas sustancias por parte de niños y adolescente, por las consecuencias sanitarias que tienen estos consumos y sus abusos».
Además el fallo «exhorta a la inclusión de la gente que está en mayor situación de vulnerabilidad, es decir que se refiere al paco y a los sectores más pobres».
«Habla de prioridad el derecho del acceso a la salud, porque al existir una norma penal que dice que es delincuente, la Corte dice que esto interfiere», indicó Cuñarro, y agregó que un adicto «necesita abordaje sanitario, y de conformidad a lo resuelto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) este año, exhortar a los países a cumplir con los instrumentos de derechos humanos que garanticen el acceso a sistemas de salud».
Además el fallo «exhorta al Estado a llevar una fuerte política de persecución criminal a la producción de precursores químicos y al tráfico».
Tras ese fallo el comité científico que dirige propuso al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, «trabajar en las exhortaciones que hizo la corte y presentamos un proyecto con 33 puntos objetivos».
Los puntos son: – Plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones. A partir de un diseño normativo, se buscará garantizar y asegurar el pleno goce de los derechos humanos de las personas frente a las adicciones.
Para ello, según se resalta en un cronograma, se mejorará la calidad institucional y los controles estatales debilitados durante estos últimos veinte años desde la sanción de la ley actual. – Plan nacional de drogas 2010-2015.
El eje serán las causales sociales del consumo de sustancias legales e ilegales, sobre las que se establecerán políticas públicas nacionales.
Esto abarcará temas como la comunicación, la salud, el trabajo, la educación, el acceso a la Justicia y la ayuda social. – Creación de la comisión nacional de políticas públicas en materia de drogas.
Este ente, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, se encargará de coordinar los distintos ministerios involucrados y organismos de la administración pública nacional en materia de drogas.
A su vez, esta comisión será controlada por otra integrada por diputados y senadores. – Modificación del régimen de asistencia e internaciones en establecimientos asistenciales.
La internación en materia de adicción será tomada como un recurso de carácter «restrictivo y excepcional».
Se implementará un «plan de adecuación, control y seguimiento de los tratamientos en el lugares del tercer sector», a cargo de los ministerios de Salud y Justicia y el Consejo Federal de Salud. – Implementación y creación de mecanismos de coordinación con los distintos consejos federales.
Esta iniciativa apunta a establecer protocolos de atención, control y diagnóstico en todos los sectores, a partir de una puesta en común de los distintos ministerios.
Servirá para unificar criterios en todas las provincias. – Consejo federal de justicia, coordinación de políticas públicas en drogas y cárceles.
A partir de una resolución, se buscará contar un organismo que centralice la administración de justicia, la persecución del narcotráfico y el tratamiento a quienes sufran problemas de dependencia a alguna droga y estén en la cárcel.
También habrá encuestas en octubre para conocer en detalle los problemas de adicciones entre la población carcelaria. – Control y diseño de ajuste de los tratamientos a drogadependientes de acuerdo con los instrumentos internacionales.
Según el cronograma, el objetivo es «modificar las prácticas» de atención de prestadores estatales o no (ONG, prepagas y obras sociales). – Adecuación y ampliación del Centro Nacional de Reeducación Social.
El Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso) será el órgano tutor en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. – Promover la ampliación de la ley de lucha contra el alcoholismo y su reglamentación nacional.
A través del Consejo Federal de Salud, se buscará «en forma urgente» replicar planes al respecto. – Impulsar el proyecto de regulación del expendio y publicidad de medicamentos de venta libre. – Impulsar el proyecto de ley de reducción del consumo de tabaco. – Impulsar el programa nacional de educación para la prevención de adicciones y el consumo indebido de drogas.
Incluirá todas las modalidades y niveles del Sistema Educativo e informará sobre los riesgos del uso y el abuso de sustancias. – Impulsar el programa nacional de asistencia a las adicciones. – Prevención y tratamiento de adictos en institutos de menores.
Cuatro ministerios estarán a cargo del problema más complejo de todos: Justicia, Salud, Desarrollo Social y Educación. – Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), reformulación de las competencias.
En 60 días habrá un decreto del Poder Ejecutivo para rediseñar las competencias actuales de esta secretaría a cargo del odontólogo Raúl Granero. No se encargará de la prevención ni del tratamiento y su rol en la lucha contra el narcotráfico sería muy limitado.
Su existencia sería meramente simbólica. – Decreto derogatorio de la autoridad de aplicación de los convenios bilaterales sobre narcotráfico firmados entre 1990 y 2003.
En este tema regirá la Ley de Ministerios y es el paso legal para generar auditorías, hasta ahora inexistentes, en los temas relacionados con el narcotráfico.
El decreto pondrá en manos del Ministerio de Justicia y la Cancillería la aplicación de los convenios internacionales. – Fiscalización de precursores químicos y sustancias que sirven para fabricar drogas.
El tema salió a la luz luego del triple crimen de los empresarios ligados a la efedrina. Se plantea que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Producción se hagan cargo de controlar los precursores que sirven para fabricar cocaína, paco y metaanfetamina. – Auditorías de las empresas inscriptas en el registro de precursores químicos. Muchos de los precursores son legales, su uso es industrial o médico.
Su control depende de la Sedronar, por resolución los mismos estarán a cargo de fiscales, policías federales, gendarmería, Ministerio de Salud, ANMAT e INAME. – Ampliar la estructura y competencias de la ANMAT y del INAME.
El objetivo es adecuarlas a la nueva función de control que ejercerán. -Diseño e implementación de una campaña de prevención de abuso de sustancias legales e ilegales a través de los medios masivos de comunicación.
Esta campaña tendría en cuenta las particularidades de cada provincia, del abuso que se dé en el lugar: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y las drogas ilegales, en ese orden, serán las prioridades, tal como señaló la encuesta nacional sobre uso de drogas hecha por el Comité el año pasado. – Implementación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, trabajo y sus acuerdos complementarios.
Fuente: TELAM
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