Los legisladores porteños Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Martín Hourest (Igualdad Social), Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) volvieron a cuestionar la ausencia de una política habitacional del Gobierno de Mauricio Macri al presentar hoy un proyecto de declaración relacionado con un amparo presentado por los vecinos de la villa 26, ubicada sobre uno de los márgenes del Riachuelo.
«El Gobierno de Macri ignora el mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y también viola de forma continua y sistemática los derechos que asisten a los vecinos de nuestra ciudad», destacan los diputados en los fundamentos de su iniciativa.
Alejandro Franco, abogado patrocinante de los vecinos, presentó un recurso de amparo contra el Ejecutivo Porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) por tener suspendidas y paralizadas las obras de construcción de viviendas para las 250 familias de la villa 26.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, Roberto Gallardo hizo lugar al recurso y trabó un embargo sobre los fondos del IVC por 30 millones de pesos para que se destine a la construcción de dichas viviendas. Pero el Ejecutivo porteño, a través de la Procuración General, recusó al magistrado alegando presunta enemistad.
«La recusación es una burda maniobra dilatoria para ocultar la ausencia de toda política habitacional y una violación continua y sistemática de los derechos que asisten a los vecinos de nuestra Ciudad», advierten los diputados Epszteyn, Hourest, Di Filippo y Abrevaya, tras lo cual sostienen que el incumplimiento de Macri con lo previsto por las leyes de emergencia habitacional y la ley de emergencia ambiental en la Cuenca Riachuelo-Matanza «pone en extremo riesgo la salud» de los habitantes de la villa 26.
«No resulta congruente con los principios que impulsa el estado de derecho la preeminencia de una argucia procesal, sobre la pronta resolución del fondo de la cuestión, cuando se encuentran en juego derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la vivienda digna, y al hábitat adecuado, consagrados en la Constitución de la Ciudad y en diversos tratados de Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional», destacan los legisladores en los fundamentos de su proyecto de declaración.