Un tribunal de apelaciones en pleno inspeccionó el viernes las obras en la Costanera Norte para la construcción de túneles aliviadores del arroyo Maldonado, en el marco de una causa iniciada por legisladores porteños de la Coalición Cívica por serias irregularidades administrativas, sobreprecios y contaminación ambiental.
Los tres magistrados de la Sala dos de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro, recorrieron durante unas dos horas -de 14 a 16- las obras y requirieron la opinión de los peritos de los diputados denunciantes como de los ingenieros de la empresa constructora.
La inspección ocular de los magistrados se relaciona con la causa iniciada por los legisladores Facundo Di Filippo, Sergio Abrevaya y Milcíades Peña (mandato cumplido) por incumplimiento de la ley 1.660, graves irregularidades administrativas, sobreprecios y contaminación del acuífero Puelche.
Peña hizo una breve exposición ante los magistrados con maquetas (en escala 1 en 100) para explicar que la obra en curso «nada tiene que ver» con el diseño aprobado por la Legislatura porteña en el 2005 (ley 1.660) y que el Gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar el proyecto original de manera inconsulta.
Di Filippo advirtió que esas modificaciones técnicas pueden causar «un daño ambiental irreversible en una de nuestras mayores reservas de agua», ya que las perforaciones proyectadas originalmente a 31 metros fueron llevadas a 48 metros y, de esa manera, se contaminará el Puelche, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece a millones de sus habitantes.
Abrevaya recordó que la obra fue otorgada en licitación a la empresa Ghella Italiana por 495 millones de pesos, pero que el costo se elevó en unos 70 millones de pesos luego de que esa compañía se asociara con la local IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus sobrinos, Angelo Calcaterra.
Es la primera vez que un tribunal de apelación en pleno realiza una inspección ocular de esa naturaleza.
También participaron representantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de organizaciones vecinales que cuestionan la obra, como la Asociación Lago Pacífico y Palermo Despierta.
Esa obra, una de las más ambiciosas del Gobierno de Macri, consiste en la construcción de túneles aliviadores paralelos al entubado arroyo Maldonado, que atraviesa la ciudad de Buenos Aires por debajo de la avenida Juan B. Justo y desemboca en el Río de la Plata en proximidades del aeroparque Jorge Newbery.
Precisamente, en la zona de la desembocadura del Maldonado se hizo un enorme pozo -de unos 32 metros de diámetro- donde comenzaría a trabajar una «tuneladora» traída desde Italia para construir los canales aliviadores del Maldonado.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Vicente Cataldo, ordenó suspender -en julio pasado- la obra al considerar los informes técnicos presentados por los diputados de la Coalición Cívica sobre la contaminación del Puelche, como también las modificaciones de la obra y el incremento del precio original.
Esa resolución judicial fue apelada por el Gobierno porteño ante la Sala dos de ese fuero, cuyos magistrados también pudieron comprobar durante la inspección que continúan las obras, es decir, que no se cumple con la medida cautelar del juez de primera instancia.