Aníbal Fernández: “Esperamos un Fallo Muy Importante que Declare la Inconstitucionalidad del Castigo Penal al Consumo de Drogas”

El Jefe de Gabinete aseguró que el objetivo del gobierno es convertir a los consumidores de drogas en pacientes del sistema de salud y aclaró que el fallo de la Corte no despenaliza sino que se pronuncia sobre un usuario privado.
 
Por su parte, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni afirmó que es posible combatir el pequeño crimen organizado alrededor de la pasta base que afecta a los sectores más pobres.
 
Durante la inauguración de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, ambos se pronunciaron por separar el delito de la atención de la salud. 
 
Con la presencia de los máximos expertos en políticas de drogas de América Latina, se realizó el jueves y el viernes de la semana pasada la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Buenos Aires en el auditorio del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro busca abrir el debate sobre las alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.
 
Durante la apertura del encuentro, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández expresó la postura oficial frente a este tema: “Tenemos que dejarnos de eufemismos y aplicar la reducción de daños, diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo al daño que  producen y cuidar por sobre todo la salud”. Luego afirmó que el gobierno espera “casi con impaciencia un fallo muy importante, que no va a despenalizar nada sino elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”.
 
A su turno, Eugenio Zafaroni señaló que “hace treinta años que vengo diciendo que el artículo 19 de la Constitución Nacional (que habla sobre los actos privados de los hombres) debe ser respetado y que este tema entra en ese artículo”. Además se lamentó porque, según su punto de vista, “lo que se hace es prohibir para subir precio. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado ‘crimen organizado’, que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos”.
 
Por su parte, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, advirtió sobre las consecuencias que han generado en América Latina las políticas punitivas: “Nos referimos al aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y ‘mulas’, a la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, a la violencia social y a la violación de derechos humanos básicos”, señaló. La investigadora destacó también “los avances que se vislumbran en distintos países de la región, que están analizando reformas a sus legislaciones y a sus planes de acción, que están desarrollando propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de los problemas vinculados con las drogas”.
 
También participó en la inauguración de la Conferencia la diputada Graciela Giannetasio, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la cámara baja. La legisladora abogó por “una política de salud que implique el tratamiento no judicializado”. Además, manifestó su preocupación por evitar que “la persecución penal de los eslabones menores encubra fenómenos de corrupción y narcotráfico”.
 
Durante la tarde del jueves y toda la jornada del viernes se desarrollaron diversos paneles con la presencia de destacados especialistas, funcionarios y legisladores de la región tales como el diputado brasileño Paulo Teixeira (PT), el experto en narcotráfico Ricardo Vargas Meza, procedente de Colombia, la funcionaria argentina Mónica Cuñarro y el dirigente cocalero Dionisio Núñez Tangara, de Bolivia.
 
La Conferencia cuenta con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Fundación Open Society Institute, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Embajada Británica en Buenos Aires.
 
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Sus publicaciones más recientes son: “Visiones y actores del debate. III y IV Conferencia Nacional de Políticas de Drogas” (2008); “Saberes y prácticas sobre drogas. El caso de la pasta base de cocaína” (2007) y “Cambios en el uso inyectable en Buenos Aires (1998-2003)”.