Ante la denuncia por desalojos violentos que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri, a través del ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad encabezado por Juan Pablo Piccardo, la legisladora Liliana Parada, del bloque Igualdad Social-Espacio SI, le escribió una carta a Cristina Fernández de Kirchner solicitando ayuda para poder garantizar el Estado de Derecho a todos los porteños, incluidos los que “son víctimas de estos atropellos que se realizan de manera ilegal”, y “teniendo en cuenta la prioridad de los derechos humanos para el Gobierno Nacional”.
“Como abogada con ejercicio en derecho de familia siempre apelé al principio del “interés superior de los niños”, como guía y norte aún en los peores conflictos. Si le escribí a la Presidenta de la Nación es porque como política también apelo a los mismos principios, no para esconderme detrás de ellos y marcar las diferencias que tengo como oposición al gobierno nacional, sino para ponerme por delante de esos valores en pos del objetivo principal”, dijo la diputada Liliana Parada.
Parada subraya en la carta que muchos de los operativos los llevan a cabo con la colaboración de la Policía Federal, fuerza que, si bien no ha sido objeto de críticas en su accionar en este tema, responde al Poder Ejecutivo Nacional.
“La situación en la Ciudad de Buenos Aires es grave, y corresponde actuar de inmediato. Hoy están yendo por los indigentes, por los pobres, por los más vulnerables, los casi invisibles o los que no se quieren ver; y, estoy convencida que, si dejamos que la política silente de este tinglado de derecha avance, esto no termina aquí, y más temprano que tarde, tocará todas las puertas”, concluyó la legisladora porteña, Liliana Parada (Igualdad Social-Espacio SI) .
La diputada Parada había realizado un pedido de interpelación al ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, para que se presente el próximo miércoles 25 de marzo a las 15hs en el recinto de la Legislatura porteña, y brinde explicaciones acerca de las graves irregularidades de su cartera.
La interpelación solicitada, surge a partir de que Macri, con la firma del decreto 1232/08, crea la UCEP -Unidad de Control del Espacio Público- que los faculta para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión «.
Desde entonces, la Defensoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y personas sin techo por parte de funcionarios de la UCEP.
A continuación, la carta a Cristina Fernández de Kirchner:
Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández
S / D
Los derechos humanos han sido y son bandera de su Gobierno. Es por ello que estoy convencida que Usted no puede permanecer ajena al proceso de debilitamiento institucional y represión sistemática que presenciamos a diario en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace más de un año, en fecha 22 de febrero de 2008, en las Barrancas de Belgrano fueron desalojados brutalmente los cartoneros que, luego de sufrir la suspensión del «Tren Blanco», no tenían cómo volver a sus casas y dormían allí, con sus colchones y sus pertenencias. Pudimos ver por los medios, como las pertenencias eran arrojadas a los camiones de basura: colchones, juguetes, en fin, lo poco que tenían.
Vimos también cómo los vecinos solidarios eran arrestados por pedir una orden judicial que supuestamente existía, pero nunca llegó. Asimismo, observamos como la Policía Federal prestó colaboración al Ejecutivo Local para llevar a cabo estos hechos claramente represivos.
Ese fue el primer operativo público de un grupo de tareas que, meses más tarde, fue dotado de institucionalidad por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y su Ministro de Ambiente y Espacio Público al crear la UCEP, Unidad de Control del Espacio Público, mediante el Decreto 1232/08. En el Anexo de este Decreto se fijan las funciones de la Unidad, entre ellas: «mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público”.
Está claro que la propia redacción de estas normas es flagrantemente violatorio de las garantías constitucionales y que en los hechos afecta en forma directa a los sectores desposeídos. El «ordenamiento del espacio público» en un contexto de pobreza estructural, en el distrito más rico de la Argentina es, sin lugar a dudas, el ocultamiento sistemático de los pobres para los cuales no hay prevista ninguna política inclusiva, el corrimiento de nuestros pibes y pibas en situación de calle a las villas (donde duermen sin resguardo alguno y mueren a diario por el consumo de paco) y el avance de un enorme negocio inmobiliario.
Por otra parte, esta Unidad ha sido severamente cuestionada por su accionar a partir de las denuncias efectuadas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por personas que fueron violentamente desalojadas de la vía pública y de las plazas (actuaciones: 5946/08, 5955/08 y 6179/08). En estas actuaciones consta cómo las personas fueron amenazadas y golpeadas brutalmente, perdiendo sus pertenencias que fueron confiscadas y arrojadas a camiones de basura.
Frente a estos hechos presenté una denuncia penal que quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 26 y fue caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas» (N°3241). Esta causa avanza lentamente., mientras los delitos no se han interrumpido.
Ahora bien, una cuestión central que no puede soslayarse es que el Gobierno de la Ciudad ha sistematizado la figura del desalojo administrativo, al implementarla como política de «preservación del espacio público». En estos desalojos también interviene la UCEP, con golpes y amenazas e incluso violando las propias resoluciones administrativas. Ejemplo de ello es lo ocurrido en el desalojo que se llevó a cabo en Paseo Colón 1588, que fue realizado en horario nocturno pese a haber sido ordenado en horario diurno y con la intervención de la Unidad de Control de Espacio Público, sin estar autorizada.
Esta figura del desalojo administrativo (art.12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad) es utilizada sin reubicación efectiva de las personas desalojadas a las cuales se les otorga, en el mejor de los casos, un subsidio económico que no alcanza para solucionar el problema habitacional y que se agota rápidamente, mientras infructuosamente se busca el mecanismo de acceso a una vivienda digna.
La trascendencia del accionar del Estado Local en estos hechos se agrava cuando lo hace -en muchos casos- con la colaboración directa de la Policía Federal y muchas veces con la intervención de efectivos de la Infantería quienes ingresan con sus palos para terminar el operativo efectuado en estas condiciones.
Lo cierto es que, hasta el momento y pese a la difusión pública que tuvieron los hechos y los testimonios de las víctimas, no hay garantía alguna de que se frene el accionar de la Unidad. Sólo ha renunciado el Administrador de la UCEP y se ha modificado la dependencia estructural de la misma.
Por ello, he pedido la interpelación del Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo para el día 25 de marzo, con el acompañamiento de los bloques opositores y espero que los mismos me acompañen para formar el quórum necesario para que se lleve a cabo la sesión especial.
No sólo en mi carácter de Legisladora de la Ciudad y Presidenta de la Comisión de Políticas Públicas para una Ciudadanía Plena, sino también como ciudadana de esta Nación es que recurro a Usted en el convencimiento que el Estado de Derecho está retrocediendo a paso firme en la Ciudad de Buenos Aires y que el Poder Federal no puede ignorar esta cuestión, ni quedar ajeno a la misma.
Es por ello que le solicito una audiencia a fin de conversar sobre la lucha que muchas veces, casi en soledad, vengo dando frente a esta situación y requerir el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional por el resguardo de los derechos humanos en esta Nación.
Sepuede encontrar el texto del decreto 1232/08 en algun lado?