Se reglamentó de la Ley de Bosques

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación brindará la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones, que deberán actualizarse cada cinco años, conforme se indica en el decreto reglamentario.
Las organizaciones ecologistas recibieron con aprobación la reacción presidencial para reglamentar la Ley, ya que habían denunciado la relación entre la tragedia del lunes, en que un alud arrasó parte de la ciudad de Tartagal (Salta), con la creciente deforestación de montes nativos para expandir el área agrícola, principalmente para el cultivo de soja.

Greenpeace calificó como “una victoria de la gente” y reclamó a las provincias su correcta aplicación para superar la emergencia forestal en la que se encuentra la Argentina.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (26.331) había sido aprobada por el Congreso de la Nación el 28 de noviembre de 2007. Ese año, más de 1,3 millón de personas firmaron a favor del proyecto, que fue presentado por el diputado Miguel Bonasso, que recientemente se alejó de las filas del oficialismo por el veto presidencial a la Ley de Glaciares.

La norma es importante, ya que se estima que desde 1900 hasta la actualidad, el desmonte ya se cobró 69 millones de hectáreas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Además, será obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte. La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

Asimismo, se creará dentro de la orbita de la Secretaría de Ambiente, una partida presupuestaria para el funcionamiento del “Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos”. La normativa habilita una intervención de la Secretaría de Ambiente que permite contar con actividad presupuestaria dirigida a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos de nuestro país, a través de una reglamentación que contempla al mismo tiempo el reconocimiento y la participación de las comunidades indígenas; campesinas y pequeños productores que viven del bosque.

Por otra parte, a partir del decreto reglamentario se establece el “Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo” que servirá a la planificación de actividades productivas que impliquen un cambio en el uso de la tierra mediante el desmonte; la descripción de los objetivos propuestos a tal fin y aquellas especificaciones sobre la organización y medios a emplear para garantizar la sostenibilidad de los recursos suelo, agua y biodiversidad.

“La reglamentación sólo fue posible gracias a los miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas que personas de todo el país realizaron a la Casa Rosada, tal como sucedió hace más de un año cuando se juntaron cerca de un millón y medio de firmas para que el Congreso Nacional la sancionara. Sin dudas, ésta es una victoria de la gente”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“Es muy importante que la presidenta haya reconocido que el avance de la frontera agrícola está acabando con los últimos bosques nativos. Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente para superar la emergencia forestal en la que nos encontramos”, afirmó Giardini.

El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

Sin embargo, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría, pero no consultaron a las organizaciones que habían participado del anterior borrador.

Frente a esta situación, más de setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, “alarmadas por el constante avance de la deforestación”, presentaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron que “la excesiva demora en su reglamentación pone en crisis su operatividad y genera una profunda preocupación por el futuro de la misma. En ese sentido, las organizaciones advirtieron que la reglamentación debe “promover que los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos sean el resultado de un verdadero proceso participativo, que le de legitimidad a la zonificación resultante y que permita mitigar los daños que la deforestación genera sobre las comunidades campesinas e indígenas”.
Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello resulta imprescindible “la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la misma, y en la consideración de mecanismos de transparencia tanto para la aplicación de la ley como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos”.