La villa 31 y 31 bis, que ha crecido un 20% en el último hasta llegar a 30.000 habitantes, hace tiempo lo está haciendo hacia arriba, con construcciones que, si bien en general son de ladrillos, no poseen control. Históricamente ha sido un problema para los políticos a cargo del gobierno Nacional y de la Ciudad, puesto que el asentamiento se encuentra en terrenos públicos (ferroviarios). Se supone que la Ciudad no puede urbanizar porque Nación no cede las tierras, y ambos se tiran la pelota sobre el control de los asentamientos.
En este sentido, el reclamo hace dos días de los vecinos de la villa fue para que los incluyan en la causa judicial que inició el Gobierno de la Ciudad ante la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre, que obligó a la Nación a frenar las construcciones en altura, por considerarlas riesgosas. Entre los pedidos de la Ciudad en la causa, también se contemplaba la condena a Nación para que demoliera todas las construcciones existentes en el predio en contradicción a la normativa local sobre edificación, seguridad y protección del medio ambiente (es decir, toda la villa), pedido que no prosperó.
Los vecinos de la villa 31 y 31 bis, que no son tenidos en cuenta, tienen desde hace tiempo preparado un plan de urbanización elaborado por la Facultad de Arquitectura de la UBA. Desconfían de cualquier solución donde no se los tome en cuenta, puesto que viven en terrenos que valen millones, y son codiciados para emprendimientos inmobiliarios.
Ese día del corte, el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se cruzaron fuertemente en los medios, sobre la responsabilidad por el corte de la autopista Illia. Con el eje de la discusión corrido (el corte, no la urbanización de la villa), las discusiones en los medios retomaron la idea sobre el control de los cortes de calle, y si corresponden a Nación o Ciudad.
Mientras la Ciudad acusaba a la Nación de que la Policía no respetó la orden de una fiscal de desalojar a los «piqueteros», Fernández acusaba a Macri de mentiroso y desmentía la existencia de una orden de liberar la autopista por la fuerza. La discusión terminó perdiendo sentido, puesto que al final del día, el juez Roberto Gallardo prohibió cualquier intento de demolición o desalojo.
La historia siguió ayer, cuando pasó a cuarto intermedio y sin acuerdo la audiencia convocada por la jueza de Negre, de la que participaron el titular del ONABE (Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado), Fernando Suárez y la Ciudad, y donde no hubo acuerdo en la coordinación del control de la villa. El titular del ONABE nuevamente deslindó responsabilidades respecto al control de las construcciones, que según plantea, corresponde a la Ciudad, aunque reconoció que la Ciudad necesita apoyo policial.
En este punto, coincidió con Larreta, que ante los medios, además de reclamar el traspaso de las tierras a la Ciudad, reclamó nuevamente a la Nación, el traspaso de la policía.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Silvia La Ruffa, apuntó al Gobierno de la Ciudad, expresando que “Macri no tiene política de vivienda y sólo quiere reprimir”, y agregó que “la cuestión con los vecinos de la Villa 31 y 31 bis es habitacional, el conflicto no puede resolverse con represión policial”.