La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que impulsan la ley por la Emergencia Social en la ciudad, declararon el acompañamiento a los proyectos que prevén la tarifa social para inquilinos, el pago de la comisión de las inmobiliarias por parte de los dueños y la ampliación de las garantías bancarias.
Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la ciudad, sostuvo que: “creemos importante que se incluya la tarifa social a los inquilinos debido a que son muchas las familias que hoy alquilan en la ciudad. Entendemos que cada vez más los inquilinos están en situación de vulnerabilidad y creemos que el Estado debe reconocer esa situación otorgando una tarifa social que fortalezca y permita que la gente pueda seguir manteniendo sus necesidades básicas satisfechas y que no tengan ninguna dificultad para garantizar su acceso a la vivienda. Nos parece importante la iniciativa; creemos que es necesaria y todos los sectores deberían acompañarla”.
La situación habitacional en la Ciudad es complicada si se toman en cuenta las villas, los inquilinatos y la especulación inmobiliaria. En ese sentido, Luciano el “Tano” Nardulli, de la CCC, indicó que: “como parte del reclamo por la emergencia social en la Ciudad apoyamos plenamente los proyectos presentados en la Legislatura con respecto a la situación de los inquilinos y los alquileres. La especulación inmobiliaria hace que hoy un habitación con baño compartido en la villa de Retiro llegue a un valor de $2500 por mes, mientras que una de cada cuatro viviendas en las Ciudad está deshabitada”.
Por último, Marta Yané, referente de CTEP en la ciudad, destacó que: “Ante los graves problemas habitacionales que sufre nuestra Ciudad, el Estado debe facilitar las condiciones de acceso a una vivienda digna de los inquilinos porteños que hoy representan el 35,2% de sus habitantes, casi un millón de personas. Al menos un 20% de los inquilinos alquilan en piezas de inquilinatos, hoteles o en villas a precios de mercado formal y en viviendas mucho más precarias. La garantía inmobiliaria es una de los grandes problemas para alquilar formalmente” y agregó: “Además el costo de la comisión debe correr por cuenta del dueño, que es quien contrata y se beneficia del servicio de la inmobiliaria. Los inquilinos, en su gran mayoría asalariados, cargan actualmente con los aumentos de los contratos que siguen estando por encima de la inflación y las paritarias, los tarifazos, los incrementos en expensas y A.B.L., superando en muchos casos todo esto el 50% de los ingresos de una familia”. “El PRO sólo quiere un modelo de Ciudad para pocos, nosotros tenemos que pelear por el derecho de los humildes y los trabajadores a vivir en la Ciudad” finalizó.
Los tres proyectos fueron presentados por la Agrupación “Inquilinos x Nuestros Derechos” y el Observatorio de Políticas Públicas Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC) a principios de octubre y esperan el tratamiento en la Legislatura.
