En la sesión del día de ayer la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley de urbanización de los terrenos correspondiente a las villas 31 y 31 bis, también conocidas como Padre Carlos Mugica.
Como parte del proyecto se implementará un programa de construcción de unas 1200 nuevas viviendas además del mejoramiento de las existentes. Una modificación al proyecto de ley incorporada a último momento establece taxativamente que “no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los/as beneficiarios/as”.
Se propone además la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representantes de la presidencia y vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura, un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.
El proyecto se debatió junto con otro proyecto para la construcción de un edificio puente que unirá el barrio de Recoleta con la 31 y 31 bis a través de una plataforma elevada por encima del tren.
En el debate, la diputada que preside la Comisión de Vivienda, Lía Rueda, afirmó: «hoy es un día histórico porque se inicia un proceso inédito de transformación de nuestros barrios populares. El tema de la villa 31 fue un tema postergado por décadas y en ese lugar la presencia del Estado recién empezó a ocurrir hace 10 años», y agregó que «el compromiso de la Nación nos permite hacer una reurbanización en serio». Explicó que «donde antes había un bunker de narcos hoy hay una oficina del gobierno. Tenemos más de 1200 viviendas nuevas. Ya tenemos familias mudadas a sus nuevas casas. Con este proyecto de reurbanización, vamos a lograr que cada uno de los 40 mil habitantes del barrio acceda a una mejor calidad de vida. Con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los vecinos de la ciudad».
Desde Unidad Ciudadana, tomó la palabra Carlos Tomada y criticó el «apuro e improvisación», la falta de participación real de los vecinos y dijo: «No quiero pensar que esto sea por especulaciones electorales». Sus pares Penacca y Conde hicieron referencia a no construir un enfrentamiento entre vecinos cuando todos necesitan y tienen un mismo interés que es el de resolver el tema de vivienda. Aludieron al objetivo supuesto de hacer negocios inmobiliarios y señalaron que el proyecto «no responde a las necesidades de los habitantes, no garantiza la tenencia de la tierra ni el arraigo».
Por su parte, Gabriel Solano (FIT) apuntó que «nuestro bloque va a rechazar este proyecto, primero por el procedimiento: la Comisión de Vivienda no estaba funcionando y de repente se activó para sacar este proyecto de ley y por otro lado esta propuesta es de exclusión de los vecinos».
Finalmente, la ley fue aprobada en primera lectura con 40 votos positivos con los votos oficialistas y del Partido Socialista, 5 negativos de la izquierda y 13 abstenciones (Unidad Ciudadana, Evolución y GEN) y deberá pasar por Audiencia Pública.