“Es indignante oír a muchos oponerse al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo argumentando, entre otras cosas, con la Educación Sexual Integral porque cuando tuvieron responsabilidades institucionales hicieron poco y nada para cumplir con la ley”. La frase es de Mariela Coletta, Auditora General de la Ciudad de Buenos Aires (Evolución) y es un fiel reflejo del discurso generalizado del movimiento feminista que en los últimos meses ha escuchado a muchos/as antiderechos escudarse en la ESI para ir contra el aborto.
La Ley 2.110 fue aprobada el 12 de octubre de 2006 y prevé la formación específica en el tema para todos los niveles e instituciones del sistema educativo, esto comprende a establecimientos públicos y también privados. De todas maneras, el Artículo 8° establece que “Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de las familias y la comunidad educativa en el marco de la libertad de enseñanza.”. De esta forma, se obstaculiza la implementación de la normativa, habida de cuenta de la gran cantidad de escuelas y centros educativos privados confesionales en el ámbito porteño.
Alarmada por la baja aplicación de la ley, la auditoría porteña realizó en 2016 un estudio para ver realmente cuál era el estado y los resultados fueron sorprendentes por la negativa: el informe “revela que existe un importante déficit en la formación y capacitación docente en materia de contenidos de ESI. Durante el período auditado (2016), el 82 % de los docentes de nivel primario no había recibido capacitación alguna ni comunicación por parte del Ministerio. El material didáctico con el que contaban no estaba actualizado: al momento de realizarse el informe, tenía más de 5 años y no correspondía con el programa actual.” “Los equipos de la AGCBA también indagaron respecto a la existencia de planificaciones específicas destinadas a ESI: el 43,47% de las escuelas elaboraron una, mientras que más de la mitad de las instituciones -un 56,52%- no dispuso de ningún proyecto referido al tema».
Por eso, dice Coletta, “le recomendamos al Ministerio que en adelante se establezca un área específica con funciones de autoridad de aplicación para la ley, dado que en la actualidad no existe. Como resultado, hoy nadie planifica acciones, no se evalúa el cumplimiento de lo planificado, no se diseña un presupuesto acorde y ni se garantiza que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires los niños, niñas y adolescentes accedan a una adecuada Educación Sexual Integral”
Y continúa, “tengo la esperanza de que este informe se convierta en un aporte para que el poder ejecutivo de la CABA to.me cartas en el asunto. Necesitamos que la educación sexual pase de ser una herramienta argumental para adornar discursos a una prioridad. Sólo se necesita decisión política: ya tenemos una ley, ahora el Estado tiene que comenzar a cumplirla».