Como consecuencia de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, desde distintos sectores políticos reclamaron por diversos medios que se implemente una tarifa diferenciada para los centros educativos, muy golpeados por los aumentos de los servicios.
Desde el Espacio Reformista, mayoría estudiantil en el Consejo Superior de la UBA, Santiago Fernández Storani explicó que «gracias a la aprobación del presupuesto provisorio por parte del Consejo Superior, las 13 unidades académicas de la UBA pueden abrir sus puertas y continuar con el dictado normal de clases. Ahora bien, desde la sanción del Presupuesto Nacional a la fecha hubieron múltiples factores que hacen que el actual presupuesto de nuestra Universidad solo alcance para garantizar su funcionamiento hasta el mes de agosto».
En el mismo sentido, el Secretario General de la Franja Morada de la UBA, Leandro Joaquín González, precisó: «la inflación y el aumento generalizado de precios, sumado a la devaluación de la moneda y el aumento en las tarifas de los servicios públicos (luz, agua y gas) debido a la quita de subsidios, son algunos de los motivos por los cuales nuestra Universidad necesita un aumento presupuestario urgente. Como organización político- estudiantil que siempre ha defendido el sostenimiento y desarrollo de la educación pública y gratuita, exigimos la implementación de la tarifa educativa en los servicios de agua, luz y gas para poner fin al ahogo presupuestario».
En la sesión de la semana pasada, los consejeros superiores que aprobaron el presupuesto de la UBA, le solicitaron también al Ministerio de Educación el aumento presupuestario necesario para hacer frente a los gastos de los servicios públicos que debe afrontar la Casa de Altos Estudios.
Por otro lado, el viernes pasado, los Centros de Estudiantes de la UBA marcharon exigiendo el aumento presupuestario necesario para garantizar el funcionamiento anual de la Universidad.
En el Congreso Nacional, el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto para declarar la emergencia por un año en las universidades nacionales y eximir a las mismas de los aumentos tarifarios.