El Consejo Superior resolvió, en sesión extraordinaria, que la Universidad Nacional de Tucumán se constituya como querellante en la causa judicial que investiga el destino de casi $ 353 millones que la minera YMAD envió a la UNT entre 2006 y 2009.
La reunión había sido convocada la semana pasada luego de que las tres comisiones permanentes del cuerpo (Interpretación y Reglamento; Enseñanza y Disciplina; y Hacienda) analizaran el tema. Tras un largo debate, fueron elevados dos dictámenes a la sesión extraordinaria de este martes. El de mayoría fue avalado por 25 consejeros, mientras que el dictamen de minoría contó con tres votos y se registraron tres ausencias.
En tal sentido, el dictamen de mayoría -que contó con el apoyo de consejeros afines a la rectora Alicia Bardón y también de opositores- establece:
«Artículo 1: Resolver que la UNT se presente como querellante en la causa SIGEN y Eudal, radicada ante el Juzgado Federal Nº 2.
Artículo 2: Facultar a la Sra. Rectora, a constituirse en parte querellante en la causa Nº 33.813/2013 caratulada “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal S/su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 1, a fin de que se presente en dicho proceso y ejerza en él todas las facultades que el Código Procesal Penal de la Nación confiere a dicho sujeto procesal».
Luego de la votación, la Rectora leyó una nota de la Dirección de Asuntos Jurídicos que propone incorporar al Profesor Diego Ernesto Lamoglia (titular de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la UNT) al equipo de especialistas en Derecho Penal.
La misma debe ser analizada en la próxima sesión ordinaria del cuerpo, el martes 12.
Antes de la decisión adoptada por la abrumadora mayoría de los consejeros se hizo presente en la sala de sesiones el fiscal federal general de Tucumán Adolfo Gustavo Gómez. Un consejero estudiantil pidió que sea escuchada su opinión antes de que se procediera a votar.
Este pedido fue desestimado por la rectora Bardón, sosteniendo que el fiscal sería escuchado luego de que el Consejo tomara la decisión para la cual había sido convocado. Antes, la Rectora sostuvo: «hubiera sido un gusto recibir al señor fiscal en mi despacho para dialogar sobre este y otros temas. Lamento tener que tomar conocimiento de su visita recién cuando lo vi ingresar a la sala. Con gusto oiremos su opinión posteriormente».
Concluida la votación, el Consejo le otorgó la palabra a Gómez, cuyas expresiones fueron consideradas lesivas por la totalidad del cuerpo. El funcionario judicial había reclamado que la UNT ejerza la querella «de manera efectiva».
La intervención de Gómez fue rotundamente rechazada por los consejeros, destacándose las posturas de la decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí y la expresada por el docente Daniel Yépez.
“El fiscal no se apersonó, no trajo ninguna información, no ha investigado el tema. Vino a hacer política, lo que no constituye en esencia su función. Una falta de respeto al cuerpo porque no es el ámbito para que se apersone un fiscal de la Nación”, evaluó Seguí.
Por su parte, Yépez expresó que Gómez “podría haber actuado de oficio» y reclamó «que tenga respeto a la soberanía de la UNT”.
En tanto, la decana de Artes, Raquel Pastor, solicitó que el fiscal “haga llegar las disculpas al cuerpo”.
Finalmente, Ramón Gani propuso “que el fiscal se retracte y que el Superior haga una declaración de repudio”.
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