Las principales federación estudiantiles del país se pronunciaron en contra del pago a los Fondos Buitres. Entre otras, tanto la FUA como la FUBA expresaron sus diferencias con el proyecto que se trataba en la Cámara de Diputados al cierre de esta edición.
Adrián Lutvak, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, declaró que “este acuerdo implica una emisión de deuda de 12 mil millones de dólares para satisfacer las ambiciones usurarias de los fondos buitres. Es sin duda alguna un acuerdo altamente beneficioso para los acreedores y, por lo tanto, perjudicial para la Argentina, que en vez de invertir en salud, educación e infraestructura deberá endeudarse para pagar esta nueva deuda”.
A su vez, quien lidera la federación que nuclea a los centros de estudiantes de la UBA, agregó: “desde la FUBA rechazamos el acuerdo con los fondos buitres que promueve el gobierno nacional. En ese sentido, creemos que es oportuno dar la discusión a fondo con el conjunto de la sociedad, para que no quede en manos de legisladores cuyos mandatos terminaran en 2, 4 o 6 años una decisión que tendrá efectos de acá a 20 o 30 años. Por eso proponemos realizar una Consulta Popular vinculante, mecanismo contemplado en la constitución, por la cual se puede tomar la decisión dando la discusión y apelando a la participación ciudadana en la misma”.
Por su parte, la Junta Representativa de la Federación Universitaria Argentina votó el siguiente texto, en rechazo del acuerdo:
La deuda externa es una histórica forma de dominación que hace siglos afecta tanto a nuestro pueblo como a gran parte de los países del mundo. En nuestro país las recetas del FMI, el Banco Mundial y el poder financiero internacional no hicieron màs que traer miseria y vaciamiento. Hoy, el Congreso Nacional debe discutir el acuerdo del gobierno nacional con los fondos buitres, decisión que afectará la vida del país durante las próximas décadas, excediendo el mandato presidencial.
Este acuerdo implica el costo de 12mil millones de dólares para satisfacer las ambiciones usurarias de los fondos buitres. Es, sin duda alguna, un acuerdo altamente beneficioso para los acreedores y, por lo tanto, perjudicial para la Argentina, que en vez de invertir en salud, educación e infraestructura deberá destinar esos fondos para pagar esta nueva deuda.
Según los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para justificar este acuerdo, el principal objetivo es entrar a un nuevo ciclo de endeudamiento externo. El conflicto con los Buitres significa una importante traba a la hora de volver al mercado financiero mundial, de ahí se explica la voluntad del macrismo de aceptar cualquier condición impuesta por los acreedores sin importar las consecuencias que traerá a nuestro pueblo. Sin embargo, esto no significa que se le de un cierre a los litigios producto del default del 2001: nada impide que el 92.4% de los bonos defaulteados que han ingresado a los canjes de 2005 y 2010 se abstenga de exigir judicialmente el mismo trato privilegiado que se le está dando al 7.6% restante.
Por otro lado, todavía no se ha especificado cuál sería el destino del nuevo plan de endeudamiento. Tampoco se conoce aún la información de la investigación sobre el origen, evolución y estado actual de la deuda externa contraída desde 1976 hasta el momento, investigación que establece la Ley de Pago Soberano que el acuerdo con los buitres exige derogar. Conociendo los efectos que tuvieron los últimos ciclos de endeudamiento y la ambigüedad con la que se propone este nuevo ciclo, no podemos dejar de pensar que el objetivo de fondo no es más que garantizar el financiamiento de la fuga de capitales, siendo la destrucción de la industria nacional una vez más, la consecuencia del endeudamiento.
Por todas estas razones desde la FUA rechazamos el acuerdo con los fondos buitres que promueve el gobierno nacional. En este sentido, desde la FUA creemos que es oportuno dar la discusión a fondo con el conjunto de la sociedad, para que no quede en manos de legisladores cuyos mandatos terminaran en 2, 4 0 6 años una decisión que tendrá efectos de acá a 20 o 30 años. Por eso proponemos realizar una consulta popular vinculante, mecanismo contemplado en la constitución, por la cual se puede tomar la decisión dando la discusión y apelando a la participación ciudadana en la misma.