Diversos referentes de la juventud militante se expresaron en contra del protocolo de actuación en manifestaciones promulgado por el Consejo de Seguridad Interior, a propuesta de la Ministra Patricia Bullrich. El mismo habilita, entre otras cosas, a las fuerzas de seguridad a portar armas de fuego y prevé que los periodistas estén confinados en un espacio delimitado durante las marchas.
Manuela Castañeira, del Nuevo Mas, declaró que “el protocolo es una provocación. Considera como ‘extorsión’ el ejercicio de cualquier presión sobre el gobierno o las patronales, cuando, justamente, la huelga, manifestaciones y cortes tienen sentido en tanto ejercen una fuerza para obtener ciertos derechos, y eso es lo que está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución”. “Pero además –agregó Castañeira–, se prohíben los cortes parciales, no solo los cortes totales, y en la redacción del protocolo queda abierta la posibilidad de extender este criterio a la simple manifestación. Las limitaciones a la prensa para que no pueda testimoniar los actos de represión, deja zona liberada a la brutalidad de instituciones policiales que todos los días dan una nueva muestra de su degeneración y su actitud antisocial. Y la medida de filmar las movilizaciones es directamente reaccionaria, intimidante, propia de los servicios de inteligencia y las dictaduras; son el empresariado (y la dirigencia sindical vendida) las que procesan estas filmaciones para identificar a los trabajadores que participan y despedirlos, o a los militantes de izquierda para ‘desaparecerlos».
Por su parte, Itai Hagman (Patria Grande), se expresó en el mismo sentido: «el protocolo se plantea como principal objetivo la defensa del orden público. Así lo jerarquiza sobre otros derechos como el derecho a huelga, desconociendo que el derecho a expresarnos contra las medidas que toma un gobierno es una condición para el funcionamiento de la democracia. De esta forma, el protocolo funciona fundamentalmente como un dispositivo más para reprimir y criminalizar a la protesta social». «El protocolo está plagado de términos ambiguos que no hacen otra cosa que dejar al arbitrio de la policía la forma de proceder. Además, la habilita a actuar de incógnito, situación que se retoma de prácticas conocidas de Gendarmería y del resto de las fuerzas de seguridad. No es otra cosa que una cobertura para salir a reprimir, lisa y llanamente. La protesta social tiene orígenes concretos en problemas sociales y la violencia no es la solución», concluyó Itai.
La diputada nacional Victoria Donda, referente de Libres del Sur, denunció que «bajo el argumento falaz de garantizar el derecho de circulación de los ciudadanos, este protocolo apunta a amedrentar y esconder los justos reclamos de miles de argentinos. El ejemplo más claro de esto son los pedidos de miles de vecinos que sufren todo tipo de padecimientos por los cortes indiscriminados de energía que se producen en medio de una ola de calor agobiante; pareciera que este gobierno prefiere impedir la protesta en lugar de exigir a las empresas que hagan las inversiones necesarias para brindar un buen servicio a la ciudadanía”.
Gabriel Solano (Partido Obrero) también expresó su repudio: «representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento, que fue presentado ayer ante secretarios de seguridad de las provincias, conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme, sino funciones que son propias de la Justicia».
