El operativo originó opiniones encontradas, ya que fue avalado por un fiscal y un jefe policial pero cuestionado por referentes de la lucha contra la violencia institucional, quienes indicaron que 29 de los 32 detenidos tenían entre 14 y 17 años y «en su mayoría eran ajenos» a los llamados «robos piraña», modalidad delictiva por la que fueron arrestados.
«Es posible que una minoría de los 32 detenidos tenga relación con los robos piraña, pero la gran mayoría no. Muchos son chicos de Villa Libertador, los conocemos a ellos y a sus familias», dijo a Télam el referente del Movimiento Evita en Córdoba para el área de violencia institucional Lucas Bruno.
En contraste, el fiscal Guillermo González declaró a Radio Universidad que «no se trató de ninguna razzia policial» y que tres mayores quedaron detenidos e imputados por robo reiterado, mientras que un menor fue imputado como partícipe en uno de esos hechos delictivos.
La jueza penal juvenil Liliana Merlo debía decidir sobre la situación del resto de los detenidos con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, también imputados en la madrugada del lunes por robo calificado.
Por su parte, el comisario Fabián Chirichián dijo a la prensa que los robos investigados afectaron a ocho víctimas y que el operativo consistió en «un cerrojo» que permitió detener a «estas 32 personas que se movían en forma conjunta».
Sin embargo, en coincidencia con la versión de testigos, familiares y varios detenidos, Bruno señaló que gran parte de éstos fueron arrestados a la salida del boliche Nikky cuando estaban en la parada de colectivos en el barrio Nueva Córdoba.
«Estas detenciones, que vulneran derechos y garantías, responden al hecho de que la Policía provincial persigue un estereotipo social, a los más humildes. Tiene un plan sistemático que no persigue delitos sino que es una pantalla social para que parezca que hacen algo», afirmó.
Lucas Bruno reclamó al gobierno provincial la apertura de un «diálogo que respete las diferencias» pero busque un «acuerdo democrático en materia de seguridad», y subrayó que «si los criterios de persecución penal los fija la policía, en lugar de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, la democracia está en un serio problema».
«Nosotros no negamos la demanda de seguridad y señalamos que los sectores populares son las principales víctimas de los delitos y del accionar de la propia policía», subrayó.
Decenas de organizaciones sociales y políticas de Córdoba realizaron en mayo último una marcha multitudinaria para denunciar abusos policiales en barrios populares, recordó Bruno, integrante del Movimiento Evita y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que fueron parte de esa convocatoria.
También la agrupación Encuentro de Organizaciones (EO) denunció que las detenciones del domingo a la salida del boliche Nikky fueron indiscriminadas.
TELAM