El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), denunció que «el sistema penal juvenil en Córdoba transcurre a contramano de los principios internacionales que rigen en esta materia, al seguir siendo la privación de libertad la principal medida que se adopta».
«Como queda expuesto en el Informe Mirar tras los Muros de los años 2013 y 2014 -elaborados por la Comisión Provincial de la Memoria y este Observatorio- el contenido socioeducativo de los Institutos que alojan jóvenes privados de su libertad sigue siendo una promesa a cumplir», advirtió en un comunicado.
Remarcó que «existe una ausencia de medidas alternativas a la prisión. La libertad asistida, que es la única alternativa existente, funciona con recursos humanos y presupuestarios insuficientes».
El organismo universitario se pronunció en ese sentido ayer, tras conocerse que en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años.
La institución informó que el joven, quien se encontraba privado de la libertad, se quitó la vida por sus propios medios colgándose con una sábana, y fue encontrado muerto en su habitación cuando los guardias realizaban los controles diarios de rutina.
El Observatorio expresó su «profundo pesar, porque hoy los cordobeses tenemos que lamentar nuevamente la muerte de otro joven en las instituciones de encierro de nuestra provincia», manifestó a su familia «toda nuestra solidaridad».
Advirtió que «así, Córdoba continúa Incumpliendo el mandato de la Convención Internacional de los Derechos de Niños cuando expresa en su art. 37 que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda».
«Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad», reprodujo el organismo de la Convención Internacional.
Subrayó que «abogamos para que las autoridades administrativas como judiciales responsables de los jóvenes presos asuman en toda su magnitud la obligación que tienen de garantizar la vida, la integridad física, psicológica, el buen trato y todos los derechos de los jóvenes alojados en los Institutos de privación de libertad».
«Ninguna muerte sucedida en estos ámbitos ya sea por violencia o autodeterminación es responsabilidad individual de ningún joven, por el contrario es responsabilidad compartida tanto de quienes ordenaron la prisión y están encargados de controlarla como de quienes tienen a su cargo las Instituciones donde son alojados estos jóvenes», sentenció el organismo de Derechos Humanos.
«Como sociedad no debemos ni podemos naturalizar estas muertes, es urgente el cambio del sistema penal juvenil para convertirlo en un sistema con un verdadero contenido socioeducativo e implementar en el corto plazo medidas alternativas que permitan evitar el encierro de los y las jóvenes de nuestra provincia», alertó.
TELAM