Legisladores y diputados criticaron duramente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de que se conociera un informe de la Defensoría del Pueblo porteña acerca de la problemática habitacional.
Juan Cabandié, diputado nacional del FPV por la Ciudad, aseguró que «el macrismo, con otras acciones de gestión, esconde la problemática habitacional» que sufre la Ciudad, y advirtió que «si no se reconocen los problemas, no se pueden solucionar».
«El macrismo, con otras acciones de gestión, esconde la problemática habitacional», manifestó Cabandié, quien enfatizó: “La desatención en materia habitacional por parte del PRO no es de ahora, sino que es una prolija decisión de Estado instrumentada desde el inicio de la gestión”.
El informe indica que el Gobierno de la Ciudad no le dio destino a 267 millones de pesos, pero además señala que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) nunca en su historia ejecutó la totalidad del presupuesto asignado.
De acuerdo al estudio, el «saldo no utilizado entre 2009 y 2013 asciende a $ 267.576.007», es decir, «representa más de 630 créditos hipotecarios que podrían haber sido otorgados en estos años, tomando como referencia los montos mínimos vigentes».
«En caso de haberse ejecutado la totalidad del presupuesto, prácticamente se podría haber duplicado la cantidad de créditos otorgados desde 2007 a la fecha», sostiene la Defensoría, remarcando que «en los últimos siete años de gestión, el promedio de créditos otorgados apenas supera los 100 por año».
“Lograron que la gente no sepa a qué organismo acudir para resolver la cuestiones relacionadas a la vivienda”, manifestó la legisladora porteña del FPV Paula Penacca, quien agregó: “Hay cosas que las heredaron, como la ley 314 para cooperativas de vivienda, pero en 2012 crearon el programa Primera Casa, y ese presupuesto tampoco lo han ejecutado en su totalidad”.
En ese sentido, el informe de la Defensoría indica que a partir del lanzamiento del Programa Primera Casa BA, en junio de 2012, se «previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos», se presentaron 200.000 solicitudes, de las cuales el IVC sólo derivó 5.276 carpetas y el Banco Ciudad aprobó 3.114 créditos.
Sin embargo, «hasta el mes de agosto se efectivizaron 508 créditos hipotecarios», lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4.000 créditos previstos.
Según el auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, “hay una decisión de abandonar la política de vivienda” que «se evidencia con la disminución de los presupuestos asignados y la subejecución de los presupuestos”.
En ese sentido, tanto Penacca como Epszteyn resaltaron que la gestión del PRO considera como un negocio inmobiliario a la tierra, tema sobre el que el auditor mencionó como ejemplo la venta del terreno de Catalinas, «donde ahora el empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo, construye una torre».
“La tierra es un factor muy escaso en la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de Macri dispone para los terrenos otros fines, no para la vivienda”, indicó Epszteyn, quien resaltó que esto posibilitó el crecimiento «de manera irracional de villas, por la escasa tierra que hay».
“Hoy existe una política donde la ciudad vende inmuebles ociosos para que se desarrollen negocios inmobiliarios cuando estos podrían ser parte del dispositivo de resolución de la problemática habitacional”, puntualizó Penacca.
A la vez, Cabandié se refirió al funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y lo caracterizó como “una estructura de la Ciudad de Buenos Aires inservible en estos años», dado que «sólo le paga el sueldo a mil personas, pero no urbanizan villas ni hacen barrios”.
El serio déficit en la política habitacional de la Ciudad, reflejado por Defensoría, se inició a partir de un estudio iniciado por el propio Instituto de Vivienda a través de la resolución 3085/13, firmada 20 días atrás, luego de una prolongada investigación sobre «la política crediticia del gobierno de la Ciudad».
Allí, los especialistas del organismo indagaron sobre dos líneas de crédito vigentes, como la establecida por la Ley 341 para cooperativas de vivienda hace una década, y el reciente programa Primera Casa, lanzado en 2012.
Por otra parte, el informe de la Defensoría del Pueblo advierte que «ninguna de las líneas de crédito otorga actualmente montos que se ajusten a los valores del mercado inmobiliario».
En contraposición, Penacca señaló que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó desde 2008 más de 259.000 permisos de construcción sin saber si las redes de energía podían soportar eso, otra evidencia de la falta de planificación urbana”.
Fuente: Télam