El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias recomendó al Servicio Penitenciario Federal y a los provinciales y a todas las fuerzas de seguridad que en todos los casos de fallecimiento de detenidos se disponga «como primera medida la inmediata intervención del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal competentes».
En ese sentido, el titular de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, explicó que la primera recomendación está “vinculada directamente con el derecho a la vida”, y destacó en ese orden la necesidad de que todos los actores vinculados a las cuestiones penitenciarias hagan un aporte sustancial al respecto.
Según informó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, Hornos consideró que “estamos generando un espacio polifónico en el que tengan intervención todas las voces responsables e interesadas en mejorar permanentemente las condiciones de detención”.
Con el fin de fortalecer acciones en defensa del derecho a la vida en los contextos de encierro, el Sistema recibió hoy al ministro de Justicia, Julio Alak; al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; y al titular del SPF, Alejandro Marambio.
A ellos entregó la primera recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento del control judicial de las unidades carcelarias, que integran jueces, fiscales, funcionarios del Ejecutivo y el CELS y se realiza luego de que se diagnosticara un incremento de muertes en lugares de detención en los últimos tres años.
Al respecto, Marambio destacó la importancia de “establecer mecanismos de investigación y estudio que permitan evaluar las condiciones particulares y estructurales que dan lugar a los fallecimientos”.
Marambio dijo además que “esta nueva gestión consolidará los logros en materia de aumento de trabajo y educación en los ámbitos de encierro”, a los que consideró como “determinantes para una adecuada reinserción y reducción de la violencia social”.
Según informó el portal Fiscales, la recomendación señala a los jueces y fiscales «la necesidad de que efectúen la investigación de la manera más completa conforme las circunsntacias del caso».
En los considerandos, refiere el incremento de la cantidad de fallecimientos de personas privadas de la libertad en los servicios penitenciarios de todo el país y precisa que en 2010 se registraron 32 muertes, que ascendieron a 39 en 2011; a 57 en 2012; y que, en 2013, llegan a 29.
Además, advierte que hasta ahora no se da aviso a las autoridades judiciales en casos calificados como «muerte natural» o en otros donde «cualquiera sea la causa de muerte» se produce en un establecimiento extramuros.
«Ello sólo ocurre en los casos de fallecimiento dentro de un establecimiento penitenciario, calificado como `muerte violenta` o `muerte dudosa`», advierten los integrantes del Sistema.
En ese sentido, la recomendación pone de resalto las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y destaca que «el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad, y tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho».