Luciano Hazán, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, fue propuesto para un nuevo mandato como miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU), que funciona en Ginebra, Suiza.
El comité se encarga de aplicar la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Hazán fue elegido como miembro ad-honorem por primera vez en 2011 -cuando se creó el Comité-, luego de ser seleccionado por un conjunto de expertos en derechos humanos propuestos por treinta de los Estados que ratificaron la Convención, entre ellos la Argentina.
Ante la finalización de su mandato y esta nueva postulación, el único integrante proveniente de un organismo de derechos humanos de los diez que componen el Comité, explicó en diálogo con Télam los alcances y la importancia de poder volcar su experiencia como abogado de una organización con el reconocimiento internacional de Abuelas de Plaza de Mayo.
«Argentina es un ejemplo para otros Estados y para los familiares y sus organizaciones y tiene mucho que mostrar en relación con lo que ha hecho con las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, a pesar de grandes obstáculos y con una justicia muy ineficaz, conservadora e insensible en general a las demandas sociales», afirmó Hazán.
Sus comienzos como abogado en el equipo de Abuelas en 2003, poco antes del inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, son, para Hazán, «claves para mostrar el caso de un país que pudo llevar adelante una política de investigación y sanción a los responsables y de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos y de los niños (hoy adultos), que son los desaparecidos vivos, como suelen decir las Abuelas».
Agregó que las experiencias de búsqueda de desaparecidos a través del Equipo Argentino de Antropología Forense, de Abuelas y el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, «son reconocidas mundialmente y son muchos los países que prestan mucha atención para sacar provecho de ellas».
Además, recordó que la Argentina, junto con Francia, «han sido los países que han liderado la existencia de la Convención, y siguen liderando el trabajo para lograr que más países la ratifiquen».
Puntualmente, Hazán explicó que la tarea del Comité es la de «colaborar con los Estados para que prevengan las desapariciones forzadas y al mismo tiempo que garanticen investigaciones y sanciones eficaces y justas; y el derecho a la verdad que tienen los familiares y la sociedad».
En ese marco, su trabajo comprende casos de desapariciones posteriores a 2010, es decir, desde que comenzó a funcionar el Comité.
En el caso de denuncias por desapariciones concretas, el abogado indicó que el Comité «puede condenar internacionalmente al Estado y fijar reparaciones no en materia penal pero sí monetarias, o que impliquen el desarrollo de actividades para mantener la memoria y que no se repitan los hechos».
«También existe un procedimiento denominado `habeas corpus internacional` con el que, ante una denuncia de desaparición forzada, el Comité «puede exigirle al Estado donde ocurrió, información y acciones de protección a la vida e integridad de esa persona y de sus familiares», precisó Hazán.
En casos considerados «graves», sus integrantes podrían visitar un país en el que se necesite analizar la situación en el lugar, y tomar contacto directo con las víctimas, sus familiares, sus defensores y con los funcionarios del Estado, y hasta podría denunciar al país frente a la asamblea general de la ONU».
El representante argentino más joven en el Comité (tiene 35 años) aclaró que una vez que son elegidos sus miembros «tienen un deber de imparcialidad y no pueden participar de ningún asunto en el que el país del que es nacional esté involucrado», debiendo excusarse de intervenir ante cualquier denuncia.
Hazán explicó que, hasta el momento, la tarea del Comité fue la de «poner en marcha el organismo institucionalmente y difundir su existencia, para que los familiares de desaparecidos y los defensores de derechos humanos puedan saber que cuentan con el Comité y sus herramientas de protección».
De hecho, recién después de la tercera sesión en noviembre pasado -se reúnen cada seis meses, aunque puede tomar decisiones fuera de esos tiempos-, se recibieron los primeros casos que serán analizados este año.
El abogado adelantó que en la próxima sesión de abril, examinarán los primeros informes presentados por Uruguay y Francia, dos de los treinta países miembros que ratificaron la Convención, y que probablemente en noviembre de 2013 se analicen los de Argentina y España.
«Durante este año el Comité mantendrá diálogo con el Estado argentino, enviándole una lista de cuestiones que pretende que se profundicen de su informe en relación con su política de reparación de las desapariciones perpetradas durante la dictadura, y también recibirá seguramente información de la sociedad civil», explicó.
TELAM