La diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda Pérez, opinó sobre el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien defendió el actual Servicio Penitenciario Federal, al que calificó como ‘un modelo’.
“Realmente estoy sorprendida y preocupada con el fervor con el que la Presidenta defendió ayer al actual Servicio penitenciario. Por un lado, porque o tiene un desconocimiento muy grande de lo que realmente es, o porque pretende tomarnos el pelo al decirnos que es una institución modelo en el continente. Digo, así como resalta que no hay sobrepoblación y que posee más de 9000 presos; es importante mencionar que esto se da porque otra buena parte de los presos federales, que ahí no contabiliza, están desparramados por las cárceles provinciales de todo el país, las que adolecen de condiciones edilicias peores, además de la sobrepoblación. La situación nefasta de los servicios penitenciarios provinciales es responsabilidad de los gobiernos provinciales y también del servicio penitenciario federal”, afirmó.
La referente del FAP además sostuvo que “por otro lado, este comentario de la presidenta ya sabemos qué consecuencias tiene. El actual SPF está concebido bajo una fuerte mirada autoritaria y militarizada, por lo que recibir estos elogios va a sentirse legitimado en su accionar actual y en su arbitrario autogobierno, el cual está lejos de ser un modelo a seguir y de resocializar a los privados de libertad ya que arroja el triste resultado de que el 80% de estos termina reincidiendo. Por eso, es importante leer los informes no sólo de ONG prestigiosas en este campo sino, de instituciones creadas por ley a los fines de la auditoria penitencia como los es la Procuración penitenciaria de la Nación, los cuales ilustran una realidad muy distinta, donde relatan la cantidad de procesos judiciales iniciados por torturas y tratos crueles y degradantes en este servicio penitenciario federal y los múltiples obstáculos que diariamente afrontan en el desarrollo de su trabajo diario”
Y concluyó: “Ojalá que esto no sea un preanuncio implícito de que finalmente el Mecanismo Nacional contra la tortura no va a ser ley jamás. Este año, si no es aprobado por la cámara de Senadores, perdería estado parlamentario y sería un retroceso gigante en materia de derechos humanos, violando llanamente lo que ordena nuestra Constitución y demás tratados internacionales de derechos humanos que ha adherido el Estado argentino. En este sentido, también esperamos que se tenga en cuenta nuestro proyecto de Restructuración y desmilitarización del actual SPF”.
